Enfrascado en su guerra interna con el Grupo Clarín, al gobierno argentino le surgió un enemigo aún más poderoso: el juez Thomas Griesa, de un Tribunal de Apelaciones de Nueva York, que ha conminado a que Argentina deposite 1.330 millones de dólares, como fianza para hacer frente al reclamo de dos fondos de inversión –fondos especulativos o fondos buitre, como los califica el gobierno de Buenos Aires-, que no entraron en la renegociación de la deuda. El monto que reclaman estos fondos, que compraron la deuda a pequeños bonistas a precios de ganga, es de 1.450 millones de dólares. .
El juez neoyorkino puso además una fecha límite, el 15 de diciembre, simultáneamente al pago de 3.500 millones de dólares que Argentina debe hacer a los tenedores que sí aceptaron una quita en la deuda. El gobierno de Cristina Fernández ha apelado este lunes la decisión de Griesa y se muestra dispuesto a llegar incluso a la Corte Suprema de los EE.UU. Pero los tiempos le juegan en contra a Argentina, que enfrenta una situación muy complicada y con poquísimo margen de maniobra.
En el escrito presentado por los abogados que representan al Estado argentino se apela en su integridad la decisión de Griesa. Tanto la exigencia de trato igualitario esgrimida por el juez –cláusula pari passu, que determina la obligación de dar el mismo trato a todos los bonistas, hayan aceptado el canje o no-, como el mecanismo de pago que estableció el magistrado.
Argentina considera que la decisión del juez es injusta e ilegal, además de poner en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda soberana. Y asegura también que puede afectar a todo el sistema financiero de los EE.UU. Los bonistas que sí aceptaron el canje, que tenían el 93 % de los títulos, han apoyado a Argentina en su apelación, ya que consideran que pueden verse afectados por una nueva cesación de pagos y no cobrar lo que ya pactaron con los argentinos.
El peor escenario para Argentina es que su apelación no sea tenida en cuenta, ya que estaría entonces ante un default técnico. Y podría ver embargados los pagos a los bonistas que aceptaron sus condiciones. A menos que Argentina decida efectuar el pago fuera de los EE.UU., para que lo que tendría que encontrar una entidad financiera que acepte la operación y no tenga sucursales en territorio norteamericano. Debería, también, contar con la luz verde de los acreedores.
Y esto cuando el país aún está pagando las consecuencias del primer default, el que se produjo como consecuencia de la crisis en el 2001, y que le mantiene al margen de los mercados internacionales de crédito.
“No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo decente”, dijo la presidente hace unos días. Estas declaraciones, efectuadas además en tono desafiante, parecen haber sido determinantes para que el juez Griesa fallase contra Argentina.
Esto surge del mismo auto del juez, que dijo que era una circunstancia extremadamente grave las continuas declaraciones de la presidente y su gabinete, rechazando el pago: “el gobierno argentino debe alejarse de estas amenazas poco aconsejables para desafiar las resoluciones judiciales; cualquier desafío a ellas no sólo sería ilegal, sino que representan la peor clase de irresponsabilidad al tratar con la justicia”, afirmó.
Antes, la Cámara de Apelaciones neoyorkina había fallado el pasado mes de octubre que algo había que pagarles a los fondos buitres y le pidió al juez que definiese cómo. Ante la propuesta de Griesa al gobierno argentino de que hiciera una propuesta, recibió la respuesta de que no se iba a pagar ni un peso. Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad –banco público de la ciudad de Buenos Aires-, sugiere que el gobierno tiene todavía una salida, proponer al juez pagar a los fondos buitre una parte proporcional, equivalente a la que paga a los otros bonistas. Pero el consejo seguramente caerá en saco roto, entre otras cosas por proceder de un opositor.
Legalmente, además, habría un obstáculo para el pago tal como exige el juez norteamericano, aún en el caso improbable de que Argentina decidiese pagar: hay una disposición local que señala que no se pueden ofrecer mejores condiciones a terceros, que las que ya se pactaron en 2005 y 2010 con los que aceptaron la reestructuración. Si lo hiciera, podría enfrentar demandas de los que entraron en el canje.
El argumento argentino de que futuras reestructuraciones de deuda quedarían comprometidas en el futuro, desconoce, sin embargo, que los bonos soberanos han incorporado en los últimos tiempos cláusulas en las que se obliga a los bonistas a aceptar quitas si hay un número suficiente que lo acepta.
Argentina tendría reservas para pagar a los fondos buitre, pero comprometería seriamente la política económica del gobierno. El actual cepo al dólar, por ejemplo, es consecuencia de los compromisos que enfrenta el gobierno para pagar la deuda y la factura energética.
La movida actual tuvo ya un aviso cuando el pasado 2 de octubre fue retenida en el puerto africano de Tema, en Ghana, la Fragata Libertad, buque escuela argentino. La medida obedeció, precisamente, a las reclamaciones de los fondos buitre. Argentina intentó presentar el caso en la ONU, pero las relaciones exteriores, donde el país no está cosechando muchos amigos, no ayudaron. Se espera ahora que la presentación ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, con base en la ciudad alemana de Hamburgo, pueda resolver el bochornoso incidente.
Como consecuencia de todos estos acontecimientos, el indicador de Riesgo País elaborado por J. P. Morgan, subió este lunes 167 puntos, situándose en 1.283 puntos básicos, un aumento del 14,5 % respecto al cierre del viernes. Alcanzó, de esta forma, el nivel que tenía el 26 de mayo del 2009, cuando comenzó la actual crisis internacional. La comparación con otros países de la región es notable: en Venezuela se llega a los 918 puntos básicos, pero México está en 138; Brasil, 154; y Uruguay 135.
El gobierno argentino ha criticado con dureza a las calificadoras de riesgo, pero la realidad es que aumenta la desconfianza internacional, no solo con el gobierno central; también con algunas provincias que han anunciado que pesifican sus bonos, a pesar de que fueron emitidos en dólares y hubo numerosas declaraciones comprometiéndose a pagar en la moneda norteamericana.
Además, países vecinos están tomando créditos en el mercado internacional en condiciones muy favorables: Uruguay refinanció su deuda a 30 años, con el 4 % de interés; Bolivia suscribió otro crédito al 4,8 %. Y Chile emitió deuda pública por 1.500 millones de dólares en los EE.UU., ofreciendo una tasa de interés de 2,3 % a diez años
Antes de todos estos acontecimientos, si Argentina quería salir a tomar créditos en el mercado internacional, no conseguiría dinero fresco por menos del 9,25 %.
