La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación por posibles comisiones ilegales del AVE a La Meca “al resultar de las mismas que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces rey, Juan Carlos de Borbón”. Y debería blindarse frente a posibles injerencias a lo largo del proceso. Para ello, el Alto Tribunal tendría que nombrar a un número suficiente de peritos técnicos e inspectores de Hacienda con el objetivo de que no se eternice la investigación y de que llegue a la prescripción de los delitos que podrían haberse cometido, así como para impedir que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda corregir los informes previamente elaborados, como ha podido ocurrir en otras ocasiones al ser nombrados en auxilio judicial.
Desde Gestha hemos solicitado al Director de la AEAT que él o cualquier otro cargo público de designación política se abstengan de realizar el nombramiento último de los peritos, conforme al rechazo que los Jueces Decanos de España manifestaron en diciembre de 2013 de la Instrucción 2/2013 de 4 de Octubre para la designación de peritos o de auxilio judicial por la AEAT.
Yendo al análisis de los supuestos hechos acontecidos, aun cuando los ingresos en cuentas de Juan Carlos I se hubieran producido antes de 2014, momento en el que abdica y acaba su inviolabilidad, debería haber presentado los correspondientes modelos 720 para declarar sus bienes en el extranjero, entre los que habrían de figurar estos supuestos saldos en cuentas corrientes y depósitos bancarios.
De probarse los hechos y no haber realizado tal declaración, el rey emérito podría haber incurrido en un presunto delito fiscal agravado en el último ejercicio no prescrito administrativamente al día de hoy, es decir, en el IRPF 2015.
Y es que podríamos estar ante un delito fiscal que conlleva penas de entre 2 y 6 años de prisión. Pero el rey emérito, siempre supuestamente, también podría haber incurrido en un delito de blanqueo de capitales si se demuestra que de las cuentas de las que fuera titular hubiera salido dinero hacia otras cuentas con las que se hubieran cubierto gastos personales. En este sentido, las penas que conlleva este tipo de delito de blanqueo de capitales oscilan entre los 6 meses y los 6 años de cárcel. Ambos delitos conllevan, además, penas de multas por importe que puede ser, del duplo al séxtuplo de las cantidades defraudadas y del tanto al triplo por las blanqueadas.
No obstante, Gestha viene reiterando que la AEAT tiene el deber inexcusable de investigar al rey emérito, como haría con cualquier otro contribuyente, tras haberse hecho públicas las investigaciones de la Fiscalía suiza sobre Juan Carlos I y el comunicado de Zarzuela del pasado 16 de marzo reconociendo la existencia de cuentas en Suiza y sociedades offshore Fundación Zagatka y Fundación Lucum.
Entonces ya solicitamos a la AEAT iniciar una investigación tributaria a Juan Carlos I por los indicios de la comisión de presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales cuando el Rey Felipe VI comunicó su renuncia a la futura herencia de su padre y la retirada de la asignación próxima a los 200.000 euros anuales.
Por otra parte, también deberían investigarse las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en la comisión de los supuestos delitos, como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones de Juan Carlos I.
Convendría que todos los miembros de la familia real y de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero
Finalmente, en un ejercicio de transparencia, convendría que todos los miembros de la familia real y de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero para, así, zanjar cualquier especulación o implicación en este caso o en el futuro, especialmente tras haberse conocido en 2013 la existencia de tres cuentas en Suiza de la herencia que Don Juan de Borbón dejó a sus tres hijos en 1993 con un saldo total de 728,75 millones de pesetas, o la implicación de algunos de sus miembros en otras cuentas secretas desveladas en mayo de 2016 en los papeles de Panamá.
Publica El Confidencial que el consorcio del AVE pactó un pago de 120 millones a un príncipe saudí un año antes del concurso. Que Juan Carlos I avaló ante Riad a la lobista del AVE como su "persona de confianza". Y que la Fiscalía ha pedido los datos de la cuenta suiza que usó el rey emérito para ocultar 100 millones saudíes. Las piezas encajan en un puzle que urge investigar, por rompecabezas que sea.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
