Hace poco más de cuatro años que la abogada del Estado encargada de la acusación en el caso Noos, en nombre de la Agencia Tributaria, sorprendía a propios y extraños, afirmando que “Hacienda somos todos” no era más que un eslogan no aplicable en derecho. Y ello, a pesar de la larga e intensa campaña que, desde hacía tiempo, Hacienda venía desarrollando para concienciar a la ciudadanía de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales, apoyada en la obligación de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, que recoge el artículo 31 de nuestra Constitución.
El problema es que a esa campaña nunca le acompañó el ejemplo de nuestras élites políticas y económicas, como hemos tenido ocasión de comprobar en los últimos años en tantos y tantos casos de corrupción, en los que fraudes, delitos fiscales y de blanqueo han venido de la mano.
Y en relación con esa falta de ejemplo, tampoco las más altas instancias han quedado al margen. Así, años después del fallecimiento de Don Juan de Borbón en 1993, conocimos la herencia que dejó a sus hijos, de la que casi 400 millones de las antiguas pesetas correspondieron a Juan Carlos I, y se ingresaron en una cuenta en Ginebra, sin que constara que hubiese tributado por ello. La Zarzuela dijo expresamente no tener constancia documental de que se pagaran los impuestos, aduciendo, tan solo, tener el convencimiento de que los albaceas sí lo hicieron.
Juan Carlos I podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves e incluso en posibles delitos de fraude fiscal agravado y de blanqueo
Algún tiempo después de saltar dicha noticia, se hacían públicas unas conversaciones en las que Corinna Larsen reconocía supuestamente que Juan Carlos I la usó como testaferro para ocultar la titularidad de determinados bienes, dando detalles de algunos de ellos, de su origen y de la utilización de otras personas para ocultar dicho patrimonio. Y ya en ese momento, desde Gestha pedimos a la Agencia Tributaria que abriera una investigación para aclarar dichos extremos y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades tributarias que se pudieran deducir.
Ahora, en plena crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia COVID-19, el Rey Felipe VI acaba de retirar la asignación que con cargo a la Casa Real tenía el Rey emérito, anunciando su renuncia a la futura herencia que le pudiera corresponder de su padre. Y esta circunstancia refuerza los indicios ya existentes sobre posibles irregularidades fiscales que debería llevar, esta vez inexcusablemente, a la Agencia Tributaria a abrir la investigación, demostrando así que no existen “escudos fiscales” para proteger a la familia Real.
Todo ello, después de que Corinna Larsen haya afirmado que la donación que recibió en 2012 desde una cuenta suiza y que ahora investiga la fiscalía helvética fue un regalo del Rey emérito.
Sería muy conveniente que todos los miembros de la familia real y de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero
Juan Carlos I podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves e incluso en posibles delitos de fraude fiscal agravado y de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente hayan pagado parte de sus gastos personales e inversiones.
En este sentido, hay que tener en cuenta que la presunta falta de declaración de los bienes en el extranjero (al menos los supuestos 100 millones de la fundación panameña) llevaría a conformar un presunto delito fiscal en el último ejercicio no prescrito administrativamente, es decir, el IRPF 2015. Año en el que ya, tras su abdicación en junio de 2014, no se puede alegar la inviolabilidad para no abordar la investigación.
Pero para demostrar que Hacienda sí somos todos y desautorizar, por tanto, a la abogada del Estado en el caso Noos, sería muy conveniente que todos los miembros de la familia real y de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero, en un ejemplo de transparencia que zanjara cualquier especulación o implicación en este caso o en el futuro.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
