El cervantino patio de Monipodio representa un punto de reunión de ladrones, mendigos, falsos mutilados, supuestos estudiantes, prostitutas, fulleros, sablistas y petardistas que debían pagar un “impuesto de circulación” -si los finos permiten el término- para ejercer su oficio con tranquilidad. Era la institucionalización de la trapacería donde la corrupción no era parte del sistema sino el sistema mismo. Pérez de Ayala decía que, cuando la estafa adquiere cierta envergadura, toma un nombre decente, que representa la diferencia entre el ladrón aislado y el robo como organización, como parte del orden establecido. Wenceslao Fernández Flórez ironizaba en un artículo periodístico sobre la necesidad de nacionalizar el hurto para evitar los abusos de los atracados que decían haber sido desprendidos de miles de pesetas cuando el monto del robo no llegaba a cinco duros y eso no se podía consentir. Era la forma de poner cierto sesgo de moralidad a lo inevitable. Cuando el Estado se convierte en el feudo de una familia y de una minoría no hay duda de que ha sido el resultado de enmoquetar el patio de Monipodio.
Cuando los intelectuales de la Agrupación al Servicio de la República en los años 30 -no es fácil encontrar tanta inteligencia junta-, redactan su manifiesto, aluden al factor determinante de la permanente decadencia española: “La monarquía no ha sabido convertirse en una institución nacionalizada... ha sido una asociación de grupos particulares que vivió, parasitariamente sobre el organismo español, usando del poder público para la defensa de los intereses parciales que representaba...” Y para que continúe vigente la reflexión de Azorín de que vivir en España es hacer siempre lo mismo, las élites económicas y financieras casi un siglo después configuran hoy en nuestro país la abolición de la Historia, ese vicio histórico, al objeto de que prevalezcan sus intereses por encima de los generales del propio país y de cuyos intereses el monarca es el principal albacea. La abdicación de Juan Carlos de Borbón, motivada por su falta de ejemplaridad y la corrupción con capilaridad en todos los intersticios del Estado monárquico, representó y representa una quiebra poliédrica del sistema.
Felipe VI, obligado por el estallido final, recogido en dos medios de comunicación extranjeros, de la trama de su padre en la que aparecía él mismo como beneficiario, quiere aparentar ante la opinión pública que se reinventa como ajeno a su ascendiente, sin embargo no puede escapar, ni lo pretende
Juan Carlos de Borbón, como sus antecesores, entendió el poder arbitral del Estado como un privilegio personal en un sistema de oligarquía ampliada, donde su función consistía en ejercer de bróker de las minorías económicas y financieras y velar por sus propios intereses consciente del origen de su magistratura y que la democracia del 78 era una toxicidad que estaba muy bien como bambalina justificativa de una aparente legitimidad de su poder personal no sujeto a escrutinio de ningún tipo y libre de toda responsabilidad política o jurídica. La actitud del rey emérito y, singularmente, el concepto del Estado como ente de su propiedad que se desprende de ella, desmonta los basamentos ideológicos que sostuvieron los panegíricos de una transición fundamentada en el equívoco argumental. Los poderes recibidos de Franco, en el caso de la persona real, se mantuvieron intactos y no hubo ninguna renuncia a cuantas prerrogativas hacían a la jefatura del Estado inviolable y arbitraria en una reinterpretación absolutista del L'État, c'est moi.
Felipe VI, obligado por el estallido final, recogido en dos medios de comunicación extranjeros, de la trama de su padre en la que aparecía él mismo como beneficiario, quiere aparentar ante la opinión pública que se reinventa como ajeno a su ascendiente, sin embargo no puede escapar, ni lo pretende, del origen de su trono y, por tanto, pergeñar la cuadratura del círculo que representa negar su propia realidad como rey, al conjunto de intereses que lo han hecho posible y al régimen de poder heredado de la transición que configura una jefatura del Estado sustentada no como poder arbitral sino arbitrario, puesto que es ajena no sólo al escrutinio ciudadano, sino a cualquier tipo de responsabilidad lo que convierte al trono de Felipe VI en una monarquía con constitución, pero no constitucional. La solución dada por Felipe VI al escándalo del rey emérito confirma que ambos comparten el sentido patrimonialista de la corona, ya que el actual monarca ha intentado resolver el asunto en el contexto de una solución familiar al escándalo, un asunto entre padre e hijo, al margen de las instituciones del Estado que son ociosas ante la inviolabilidad de ambos monarcas. El Estado son ellos dos.