jueves. 25.04.2024
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La ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, comparecen ante los medios de comunicación, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa. La Moncloa

Joan Coscubiela, ha publicado una aproximación a un tema complejo e interesante, titulada ‘A vueltas con la polarización y la crispación’ (7/12/2022). Junto con agudos comentarios en sus respuestas reconoce que sus ‘dudas y desconcierto se acrecientan’. Es una buena actitud que invita a profundizar en el tema; así que me permito algunas reflexiones complementarias.

Está bien diferenciar la polarización de la crispación, esta última a desechar y la primera a valorar su alcance y su sentido. Su tesis es que en el ámbito socioeconómico es más fácil llegar a acuerdos desde una actitud moderada y que en el ámbito de las identidades se genera mayor conflictividad y posiciones extremas. Veamos algunos matices.

Persiste una amplia desigualdad para la mayoría social y riesgos de involución democrática, a pesar de los avances sociales promovidos por el Gobierno progresista de coalición

En primer lugar, no hay que asociar sólo a los ‘intereses’ o las condiciones materiales, con el campo económico, considerando que en el campo de las ‘identidades’ es meramente cultural y proclive al fanatismo extremo. Es decir, existen conflictos nacionales o étnicos, por sexo/género, etc. y más en general por tensiones ideológico-políticas como entre democratización y autoritarismo, derechos humanos y convivencia intercultural frente a supremacismo y prepotencia, o bien, laicidad frente a fundamentalismos con privilegios ideológicos y religiosos.

Pero en todos ellos interviene la pugna por las ventajas y desventajas en las relaciones sociales y de poder en esas esferas, más allá del cambio de mentalidades y la hegemonía cultural. Al mismo tiempo, en el campo socioeconómico también se ventilan cambios subjetivos y relacionales con un proceso de identificaciones de clase.Y ambas dinámicas pueden confluir en la conformación de un bloque popular progresista frente al poder establecido de las élites dominantes con esa doble característica mixta de cambio material y cultural, con el eje integrador de las transformaciones en las relaciones sociales y de poder y, por tanto, con el cambio institucional y político… de progreso o reaccionario.

Las principales causas de la crispación son la reacción de las derechas extremas, donde cada vez más se sitúa el Partido Popular, ante el avance de los derechos sociolaborales y civiles de las mayorías sociales y el descrédito de las élites tradicionales del poder establecido. Ante ello, con el control del poder económico y de los poderes fácticos, institucionales, mediáticos y judiciales, plantean su contraofensiva cultural pero también política, jurídica y económica forzando a los mecanismos de poder y activando a los sectores liberal-conservadores para radicalizarlos.

Pero el terreno de los intereses -en sentido amplio- no necesariamente es más proclive a la conciliación y moderación, si se defiende con firmeza a las capas populares. Hay una polarización social de fondo justificada por la deriva regresiva y desigualitaria de los poderes económicos, particularmente desde la gestión autoritaria de la crisis socioeconómica y financiera de 2008/2014, de recortes sociolaborales y derechos sociales y democráticos, con graves consecuencias, algunas todavía vigentes y reforzadas por la crisis sanitaria y la inflación derivada de guerra en Ucrania.

Persiste una amplia desigualdad para la mayoría social y riesgos de involución democrática, a pesar de los avances sociales promovidos por el Gobierno progresista de coalición. Ante esa situación problemática, con horizontes llenos de incertidumbres para las capas más vulnerables y sin grandes expectativas de mejora,en significativos segmentos de la población se expresa cierta desafección popular que alcanza a la desconfianza en las instituciones públicas, los partidos políticos y los medios de comunicación.

La cuestión es la pugna política y comunicativa para situar las responsabilidades en un campo político, la izquierda o la derecha, que se exacerba con el objetivo interesado de afianzar los dos proyectos políticos básicos existentes: un avance de progreso o una involución social y democrática. La moción de censura frente al gobierno derechista de M. Rajoy y su trama prepotente y corrupta y, particularmente, el nuevo Gobierno progresista de coalición con la reafirmación de izquierdas actual y su giro social y democrático, que no han podido frenar las derechas ha acelerado su cuestionamiento bajo la acusación de ilegitimidad y antipatriótico (españolista) como cobertura para su bloqueo antidemocrático.

No hay solución centrista o contemporizadora con el modelo reaccionario y su estructura de poder; es imprescindible la firmeza práctica y discursiva que el propio Gobierno ya reafirmó en el debate del Estado de julio, con su giro hacia la izquierda

Por tanto, se trata de frenar esa ofensiva reaccionaria y articular el malestar social hacia un cambio real de progreso frente a unas derechas y sus poderes fácticos empeñados en bloquear la democratización institucional, incluido la solución a la cuestión territorial, la igualdad de género y sus proyectos legislativos o una gestión sociolaboral y distributiva más justa.

Las raíces de la polarización social son realistas y profundas. Confrontan dos tipos de tendencias consolidadas o, si se quiere, de dos grupos de poder político-institucional: unas dinámicas transformadoras de progreso u otras reaccionarias que acentúan los graves problemas materiales e institucionales que afectan a la mayoría social, entre las izquierdas gubernamentales y sus socios de legislatura y las derechas, cada vez más ultramontanas.

La solución pasa por la mayor implicación democrática y pública en el apoyo a la opción de progreso, con la correspondiente activación cívica y el refuerzo de las expectativas de avance político-electoral en los comicios del próximo año para garantizar otra legislatura de consolidación del progreso social y la democratización, con un proyecto a largo plazo de democracia social avanzada e integradora en su plurinacionalidad.

No hay solución centrista o contemporizadora con el modelo reaccionario y su estructura de poder; es imprescindible la firmeza práctica y discursiva que el propio Gobierno ya reafirmó en el debate del Estado de julio, con su giro hacia la izquierda. Exige contundencia, como ante la crisis institucional por el bloqueo del Poder judicial y el Tribunal Constitucional, y persistencia como en los cambios en materia sociolaboral, territorial o de género.

Por otro lado, el campo de las identidades no es necesariamente en el que se produce la crispación. Aquí hay que diferenciar, por una parte, entre las identidades reaccionarias que acompañan a la estrategia de fortalecer el dominio y la hegemonía del poder establecido, con la presión ultraderechista, que pugnan por construir su marco más favorable de debate público y afectar a la convivencia, y que hay que criticar y desactivar. Y, por otra parte, unas identificaciones de progreso, con un talante popular inclusivo y transformador.

En particular, se producen en los tres campos básicos de conflicto cuyos avances las derechas quieren neutralizar con esa crispación. Así prenden promover otros marcos culturales supuestamente más favorables para ellos como el antiinmigración y la xenofobia, el nacionalismo españolista autoritario y el machismo antifeminista y anti-LGTBI.

Por tanto, hay que acentuar una dinámica progresista en esos tres ámbitos. Más plural e integradora en el ámbito nacional, con el actual giro hacia el diálogo en Catalunya y entre ambos gobiernos que encauce el acuerdo rebajando la crispación entre los dos nacionalismos de derechas más excluyentes;una consolidación feminista con el avance positivo en derechos a pesar de la reacción visceral -aparte de las derechas- de sectores socialistas que pierden poder representativo y de influencia; y un refuerzo igualitario en el campo sociolaboral, con acuerdos significativos,institucionales y en la negociación colectiva, de garantía de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población trabajadora, así como de protección social y de regulación de precios, que reviertan la inseguridad vital y el malestar popular de fondo por el deterioro, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, del poder adquisitivo de la mayoría social y la calidad de los servicios públicos.

En definitiva, hay que reafirmar y ensanchar una senda de firmeza progresista y democrática y activación de los sectores populares como garantía para neutralizar las reacciones conservadoras y autoritarias y afianzar las dinámicas transformadoras de progreso que den certidumbre a las mayorías sociales hacia la mejora de sus condiciones materiales, sociopolíticas, institucionales y culturales, amenazadas por la pretensión de involución política de las derechas. Y ello supone también reforzar y ampliar una identificación cívica de progresismo democrático y de izquierdas, con un proyecto de país más justo: igualitario, libre y solidario.

Una senda de firmeza