Desde Gestha no podemos comprender los retrasos en la implementación del teletrabajo como forma de organización. La pandemia ha resultado aleccionadora, así como la actitud de los empleados públicos, poniendo sus medios personales a disposición del trabajo.
La decisión de la secretaria de Estado de Función Pública de desmantelar el teletrabajo, implementado durante la pandemia, sin dar entrada a su vertiente organizativa acordada el pasado 12 de abril con los sindicatos, ha provocado entre los empleados públicos una fuerte sensación de frustración y de falta de reconocimiento, tras todo ese esfuerzo, compromiso y probada eficacia en el trabajo a distancia desarrollado.
Entendemos que correspondería a la Administración General del Estado liderar un proceso en el que ya le han adelantado las Administraciones autonómicas.
La AEAT lideró la implementación del teletrabajo tras la alarma sanitaria para la práctica totalidad de su personal
De las últimas resoluciones nos cuesta entender que se estén estableciendo límites máximos al teletrabajo, que parecen más destinados a ralentizar que a impulsar la modernización de la Administración. Tal es el caso, por su relevancia, de la Agencia Tributaria, que a pesar de ser el organismo más afectado por las restricciones, lideró la implementación del teletrabajo tras la alarma sanitaria para la práctica totalidad de su personal.
No solo es que la implementación de la última Resolución a este respecto vaya a entrar en contradicción con los límites sanitarios establecidos en la Ley, sino que en caso de que no haya moratoria para seguir impulsando el teletrabajo, volveremos a la pérdida de concentración y de eficacia, tanto de la AEAT, como de la Intervención General y otros Centros del Ministerio de Hacienda por el trabajo generalizado en áreas diáfanas.
Además, convendría tener en cuenta el riesgo para la salud de buena parte de empleados públicos, especialmente dada la elevada edad media que superan los 50 años. O el perjuicio en la conciliación familiar. Por no hablar de la congestión del tráfico rodado, del aumento de la contaminación en el centro de las ciudades o de la mayor saturación del transporte público en hora punta.
Además, existe una tremenda contradicción en los directivos de la AEAT y del Ministerio de Hacienda que, por un lado, presumen de una amplia carta de servicios digitalizados a los ciudadanos, chats, drones, inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías, y, por otro lado, restringen el teletrabajo a sus empleados.
Por todo ello hemos solicitado una moratoria en la entrada en vigor de la resolución hasta que sea de aplicación la nueva normativa sobre el teletrabajo en la Administración del Estado.
Si ya resultaba incomprensible que el Gobierno recomendara el teletrabajo en las empresas, pero lo restringiera a los empleados públicos durante las olas más virulentas de la pandemia; ¿qué sentido tiene ahora la tardanza y lentitud en la implementación de esta fórmula de trabajo como forma de organización?
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)
