Estamos en puertas de la importante votación de nuestro Congreso de Diputados convalidando, o no, el RDL que traslada a nuestra legislación el Acuerdo Tripartito de Sindicatos-Patronal-Gobierno, que corrige aspectos muy significativos de la Reforma Laboral del PP.
Se han publicado estos días numerosos artículos explicando y analizando dicho acuerdo. Coincido con prácticamente todas las argumentaciones sobre sus contenidos que señalan los importantes avances en la contratación y contra la precariedad, así como en los derechos sindicales con el nuevo equilibrio en la negociación colectiva al restablecer la ultraactividad de los convenios (mientras no se sustituyen por otro pactado) y por la también restablecida imposibilidad de pactar en la empresa condiciones salariales inferiores al convenio sectorial (salvo en los supuestos regulados de los “descuelgues”). Me falta muchas veces, en relación con los avances del acuerdo, una consideración no secundaria. Se indica, y es cierto, que no se modifican las indemnizaciones por despido, pero se argumenta, con razón, que las medidas contra la precariedad disminuirán los despidos, pero no se apunta que precisamente por ello, al ser calificados de otra forma las contrataciones, y los despidos, aumentarán de hecho las indemnizaciones efectivas.
Pero lo que más me preocupa en la defensa del Acuerdo es la insuficiente (1) respuesta a las razones aducidas por los nacionalismos civiles y sindicales, claros corporativismos insolidarios, de ERC, PNV, ELA, LAB, BNG, CIG… Algunos incluso apuntan un error en las posiciones de éstos contrario al que entiendo que cometen. Se les califica de “puros”, es decir bienintencionados radicales pero equivocados por lo que puede suponer “pedir” demasiado de carta a los reyes. Serían pues, según estas definiciones malos políticos y malos sindicalistas, cuando considero que su posición es en realidad “reaccionaria”, no sólo en el ámbito de las relaciones sociales, sino incluso en las civiles. Otros ámbitos sindicales no han dicho ni “mu” sobre este tema.
Es cierto que desde ERC hasta la CIG hablan de otras cosas, no siempre con una correcta referencia al Acuerdo, pero todos han dejado claro que la exigencia básica, y decisiva para decidor su SÍ, NO o abstención, sería la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Introducir esta prelación en la negociación colectiva supondría un intento de romper la solidaridad de la clase trabajadora del conjunto del Estado, una solidaridad que tanto significó en la lucha contra la Dictadura franquista y que tanto está significando en la mejora de las condiciones de vida de muchos miles de trabajadoras y trabajadores, en el complejo camino de construcción de la democracia.
No es éste un problema menor, es una expresión de una cuestión de fondo en las relaciones laborales, en la estrategia sindical, también en la configuración del necesario sindicalismo supranacional hacia un efectivo sindicalismo global, en la adecuada articulación de éste con las formas de organización y acción sindical en todos los ámbitos desde el centro de trabajo. En la interrelación entre los corporativismos entre los diversos colectivos y los diversos niveles de organización de la clase trabajadora. Una problemática a la que muchos nos hemos referido bastantes veces y que se plantea en torno a cuestiones ya vividas como la referencia al IPC de Catalunya, el posible salario mínimo de Barcelona, el salario mínimo, o salarios mínimos, europeo/s, las resistencias a la negociación colectiva europea por parte del sindicalismo nórdico…
La batalla sindical por la acción solidaria a todos los niveles tiene ciertamente componentes que van mucho más allá de lo que pase en la decisión de este 3 de febrero en nuestro Congreso de los Diputados, pero ésta no será una simple anécdota.
(1) Con algunas salvedades, como el artículo de Quim González de ya elocuente título
