Los partidos políticos tienen en el Congreso la disyuntiva entre convalidar o no el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
La modificación normativa que hizo el PP con su reforma laboral de 2012 resituaba la capacidad de negociación del lado de los empresarios. Dos de las modificaciones realizadas, la eliminación la ultraactividad de los convenios y la prelación de los convenios de empresa, dejaban muy limitado el espacio de negociación de los sindicatos, especialmente de los sindicatos de clase.
La eliminación de la ultraactividad obligaba a renegociar los convenios colectivos, aunque las posiciones fueran muy distantes. Al mismo tiempo, la prevalencia de los convenios de empresa atomizaba la propia negociación colectiva restando capacidad a los sindicatos de clase que muestran más su fuerza en los ámbitos superiores a la empresa.
Con esta modificación de febrero de 2012, el PP inicia su falaz discurso pretendiendo hacernos creer que ese es el sacrificio necesario para superar la crisis iniciada en 2008. Formalmente apenas se le han puesto “peros” a sus afirmaciones.
En el análisis de la eficacia de la Reforma Laboral del PP es preciso tener muy presentes las afirmaciones realizadas por el último secretario de Estado de Empleo del PP. En la Comisión de Empleo y Seguridad Social del 15 marzo de 2017 el senador Ricardo Varela le pregunta: “¿Se trabaja más en España, en el conjunto de las horas trabajadas por los españoles, hoy o en 2011?”. El secretario de Estado, D. Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, responde, según consta en el Diario de Sesiones, “nuestro objetivo será también alcanzar al menos el número de horas trabajadas de los niveles anteriores, sin duda alguna”, refiriéndose a 2011.
En 2017 se trabajaron 8,9 millones de horas menos que en 2011, el equivalente a una pérdida de 236.942 puestos de trabajo a tiempo completo. En este período el volumen de trabajo disminuyó un 1,3%. Para situar en su contexto los datos de volumen de trabajo, en ese mismo periodo de tiempo, entre 2011 y 2017 la Unión Europea, todavía de 28 miembros, incrementaba su volumen de trabajo en un 4,3%. Es decir, el objetivo confesado de la reforma laboral mientras estuvo Rajoy en el gobierno no se consiguió pese al entorno de crecimiento que había en Europa.
Es cierto que hubo muchas más modificaciones además de estas dos. Pero estas dos son de las que depende el fiel de la balanza. El PP lo escoró absolutamente hacia el lado de la patronal y es preciso devolverlo al centro de la balanza. La reforma laboral pendiente de convalidación en el Congreso permite que, de nuevo, sindicatos y empresarios se sitúen ante las negociaciones en una posición mucho más equitativa. Es modificar el punto de partida de todas las negociaciones.
En diferentes artículos escritos en Nueva Tribuna he estado abogando por la necesidad de resituar el punto de partida de la negociación. Mi planteamiento inicial ha sido hacerlo previamente al diálogo social entendiendo que lo que había sido modificado sin un proceso de diálogo social, podría modificarse de la misma forma. El gran mérito de este gobierno ha sido recentrarlo con el acuerdo de empresarios y sindicatos. No tiene sentido dudar de su convalidación.
Este decreto no cierra ni la necesidad de cambios normativos ni del Diálogo Social. Hay muchas modificaciones pendientes. La proyección hacia el futuro de unas nuevas relaciones laborales aflora lo caduco que está el Estatuto de los Trabajadores y la necesidad de realizar modificaciones. Pero para ello es preciso que esas negociaciones se produzcan desde posiciones equidistantes eliminando la posición de fuerza de los empresarios. Desde perspectivas de izquierda e incluso progresistas, carece de sentido no convalidar esta modificación que permitirá, en un futuro próximo, abordar las nuevas realidades laborales en pie de igualdad de los negociadores.
Enrique Negueruela Cortés. Experto laboral
