La forma en que se distribuye la riqueza en la sociedad es algo que caracteriza un sistema económico. Históricamente, la libertad, acompañada de desigualdad de oportunidades, ha llevado siempre a cotas de desigualdad en esa distribución que parecen haber hecho irreversible la situación. Y que, en todo caso, es lo que hay.
Por eso, en un momento dado se empezó a hablar de redistribuir, como sinónimo de ir corrigiendo la situación de hecho. El comunismo fue un intento. Se trataba de utilizar un instrumento común como banco de riqueza. El estado sería quien acumularía toda la riqueza, expropiándola a quien la tuviera anteriormente, y la repartiría de manera justa entre todos. Sin entrar en detalles de cuáles serían los criterios de ese reparto, la cosa debía ser, más o menos, así. A expensas, claro de que me corrija alguien con más conocimiento que yo en esa materia.
Pero, ese fantasma que empezó recorriendo Europa, con vocación de extenderse por todo el mundo, terminó bajo los escombros del muro que lo separaba de esos sitios donde los pantalones vaqueros no eran un producto de lujo. Hoy quedan muy pocos sitios con un régimen comunista y, en el más importante de ellos, no se atrevería a salir de la tumba ninguno de los primitivos apóstoles.
Aunque había quien llamaba confiscar a cobrar impuestos, la cultura fiscal acabó imponiéndose con la única discusión de su cuantía
La redistribución, entonces, se llamó estado del bienestar y consistía en dar a cada uno según sus necesidades obteniendo de cada cual según sus posibilidades. O sea, cobrando impuestos. Fueron momentos muy buenos para la socialdemocracia. Aunque había quien llamaba confiscar a cobrar impuestos, la cultura fiscal acabó imponiéndose con la única discusión de su cuantía. El estado recaudaba riqueza de todo el mundo y lo repartía entre todo el mundo, según criterios que diferenciaba a unas y otras opciones políticas.
Pero, con el tiempo, y aquí ya llegó al meollo de lo que quiero decir, se inventó otra forma de redistribuir. Se trataba de obtener riqueza de, solo, una parte de la sociedad para dársela a, solo, otra parte. Aún a riesgo de que me acusen de no sé qué, diré que es lo que se trata de hacer con parte de la riqueza de, solo, los arrendadores de viviendas, para dársela, solo, a los inquilinos de las mismas. Las relaciones entre unos y otros están reguladas por la ley y por contratos establecidos, libremente, entre las partes. Y, sin embargo, se trata de legislar normas para que, aplicadas retroactivamente, dejen sin efecto contratos firmados anteriormente.
En otros sectores de la economía es el estado el que, rebajando los impuestos indirectos, o sea los que gravan los productos, colabora a rebajar el precio de esos productos. Todos, a través del estado, nos hacemos cargo de ese ahorro del que, todos, nos podemos beneficiar si adquirimos esos productos. Tiene una lógica que, como antes decía, parecíamos haber asumido.
Más tenue parece el papel del estado en sectores como el financiero, donde se limita a pactar acuerdos de buena voluntad con la banca para que tengan un detalle caritativo con las personas de rentas más bajas. Recuerda la redistribución a base de huchas petitorias que se hace en días señalados como "el de la banderita", "el del cáncer" o "el del Domund", lejos de los modos obligatorios utilizados para cobrar impuestos.
Legislando así, se están transfiriendo rentas de, solo, los arrendadores a, solo, los arrendatarios de esas viviendas
Es decir, el estado utiliza métodos en los que obligatoriamente, participamos todos en la redistribución, vía impuestos, o se pide la voluntariedad, vía pactos, para ello. Sin embargo, “topando” (por cierto, palabra que no significa lo que se quiere decir con ella) la renta de alquiler de viviendas, prolongando extra contractualmente el periodo de arrendamiento o impidiendo a los propietarios la recuperación del bien cuando ha cesado la relación pactada, el mecanismo es muy distinto. Legislando así, se están transfiriendo rentas de, solo, los arrendadores a, solo, los arrendatarios de esas viviendas.
Desde el punto de vista político, y habida cuenta de que hay más arrendatarios que arrendadores, posiblemente sea rentable hacer eso. Y, mas, si tiene la explicación moral de ayudar a familias vulnerables o, al menos, de menores recursos que la media. Aunque de eso se puedan beneficiar también los que alquilan un chalet de lujo, no cabe duda del beneficio social que tiene ahorrar esa parte tan importante de un presupuesto familiar.
Pero, ¿por qué no se hace cargo el estado de esa acción social?. Como lo ha hecho con los carburantes o lo hace ahora con una serie de productos de alimentación o de higiene. Hay varias razones: la primera es que el método es barato para el estado, ya que los que pagan son los arrendadores, que, además pueden entrar en la categoría social de "los que más tienen", con lo que ayuda a explicar el asunto. El gobierno se evita también el tener que subir impuestos, actividad impopular donde las haya. Y, además, los arrendadores de viviendas no constituyen un grupo tan sindicado, globalizado y poderoso como el de la banca al que, si se tratara de hacer cosa similar, podrían ocasionar algo parecido a un cambio de era como el que acabó con los dinosaurios.
Aunque, ojo. El mercado funciona a pesar de todo. Así como la rebaja del transporte público puede tener el efecto beneficioso de reducir el transporte privado, castigar a los arrendadores puede no ser tan beneficioso. Ya se está haciendo casting de aspirantes a alquilar una vivienda para evitar los problemas de un desahucio imposible. Y, pronto, se podría ver un descenso del parque de viviendas en alquiler, cuyos propietarios prefirieran venderlas para evitarse problemas.
Los impuestos progresivos con los que pagar subvenciones nos harían participar a todos en eso que se dice que es de todos
Y, entonces, habría que dar una vuelta de tuerca más a la legislación. Penalizar el no alquilar una vivienda a personas de menores recursos u obligar, por ley, a los propietarios a alquilar sus inmuebles, serían los siguientes objetivos legales. Y, si se dejaran de construir viviendas, obviamente habría que hacer obligatoria la edificación. Y, así, sucesivamente.
Puede que resulte un poco anticuado pero, yo, volvería a la socialdemocracia. Cosas como los impuestos progresivos con los que pagar subvenciones nos harían participar a todos en eso que se dice que es de todos, la hacienda pública. Sin hablar de los efectos beneficiosos que tendría la construcción de más viviendas públicas para paliar el problema.
Pero claro, si el estado se encuentra, en la Operación Chamartín, con más de un millón de metros cuadrados, públicos, para hacer viviendas, públicas, y en lugar de eso se los vende a un banco, privado, para que haga otra cosa, luego tiene que enzarzarse en ese tema de legislar retroactivamente para intervenir el mercado de la vivienda.
(Y, ahora, indignados de todo tipo por mis reflexiones anteriores, tienen la oportunidad de expresar esa indignación con toda su fuerza ideológica)
