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jueves 19/5/22
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Para el que, intoxicado con la publicidad, haya oído hablar del Distrito Castellana Norte, la más importante operación urbanística del mundo, la más sostenible, descarbonatada, ecológica y origen del mayor bienestar conocido de la humanidad, no lo sepa, es la antiguamente conocida como la 'Operación Chamartín'. Pongamos que hablo de Madrid.

Es decir, un escandaloso asunto consistente en que la administración pública, concretada en el Ministerio de Fomento, vende ciento ochenta, 180, hectáreas de suelo público a una filial del BBVA, es decir, un banco, para que recalifique el suelo, inicialmente expropiado para usos ferroviarios, y se convierta en soporte de más de dos millones, 2.000.000, de metros cuadrados de oficinas y viviendas. Lo que viene a ser un pelotazo, este si, el más importante de Europa. A mucha distancia del segundo.

Tradicionalmente estas cosas solían ser de derechas. O, al menos, esto es lo que se suponía desde la superioridad moral de la izquierda. Pero, en este caso, no es así. Al menos, aparentemente. Porque, aunque el huevo de la serpiente fue puesto bajo un gobierno del PSOE, allá por el año de 1993, cuando un presunto concurso fue adjudicado por el ministro Josep Borrell, su incubación ha precisado de la alternancia de gobiernos del PP y del PSOE con la inestimable ayuda de alguna compañera de viaje como enseguida recordaremos. Y es la izquierda oficial quien está tratando de alumbrar la feliz criatura ahora, cerca de tres décadas después de aquella puesta inicial.

Norma a norma, ley a ley, han ido modificando todo el andamiaje legal que ha sido necesario hacer a la mayor gloria del BBVA y, sobre todo, a su mayor beneficio

Porque el asunto no ha sido fácil. Al fin y al cabo, España es un estado, social, de derecho y las cosas no se pueden hacer como cuando el estraperlo (aquel asuntillo de Strauss y Perl que acabó con la carrera política de Lerroux), ni siquiera cuando se hacía lo del aceite de Redondela o los telares de Matesa. No, una cosa tan sofisticada, y tan gorda, como lo de la 'Operación Chamartín', ha requerido mucha ingeniería administrativa, jurídica y parlamentaria para sacarla adelante. Pero con el mismo resultado de transferir plusvalías del sector público a un privado de manera extrañamente irregular.

Posiblemente ha sido un cierto sentimiento de paternidad responsable lo que ha impulsado a la administración a esa ayuda constante al BBVA para que sacara el tema adelante. Porque, como digo, el tema era cualquier cosa, menos fácil. De hecho, tiene pinta de que no terminará siendo posible, pero, eso, ya se verá. De momento, se esfuerzan en resolver los problemas que van surgiendo.

Primero, modificaron los términos del concurso para adjudicar, no la venta del suelo, como era su objeto, si no una concesión para poder comprarlo algún día. Después, las administraciones municipal y autonómica modificaron cuanta norma fue necesario hacer para que las hojas Excel del departamento financiero del banco terminaran echando humo por las plusvalías expectantes. Ya fueran edificabilidades, por muy altas que fueran, obligaciones de hacer viviendas sociales, por muy bajas que parecieran o zonas verdes, por muy mentirosas que aparentaran, nada fue bastante para las tragaderas administrativas. El último episodio de este capítulo lleva el madrinazgo de Manuela Carmena quien no creo que la importe ser clasificada en la izquierda política ni, mucho menos, incorporar en su currículo el haber “desbloqueado la Operación Chamartín”. 

Cuando se supo que los antiguos propietarios del suelo, a los que se les expropiaron los terrenos para poner vías férreas, se habían dado cuenta del timo, ya que ese suelo iba a servir para hacer un suculento negocio vendiéndoselo al BBVA, el Ministerio de Fomento actuó con presteza. Era 1999 y Arias Salgado oficiaba de ministro de Fomento. Como pasaba por allí una Ley de Ordenación de la Edificación, en el tránsito entre el Congreso y el Senado le colgaron todo un título para evitar que esos antiguos propietarios pudieran reclamar nada de sus plusvalías al BBVA. Con el sambenito de “reversionistas” estuvieron a punto de ser incluidos en el catálogo de organizaciones terroristas mundiales.

Norma a norma, ley a ley, han ido modificando todo el andamiaje legal que ha sido necesario hacer a la mayor gloria del BBVA y, sobre todo, a su mayor beneficio. Hay quien ha visto en la puerta de algún organismo público encargado del caso el lema de todo por el BBVA.

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Y, mientras tanto, hasta cinco veces se ha modificado el antiguo contrato entre la administración pública y el banco para evitar la rescisión del mismo por incumplimiento. El último se firmó con José Luis Ábalos de ministro de Fomento. Ya saben, ese señor que era secretario de organización del PSOE.

Ahora llevan más de un año y medio parados en el registro de la propiedad. En los registros, ya que son dos los afectados. Porque, esto de la propiedad es algo muy serio y los registros de la propiedad son muy celosos de que esa propiedad se transmita legalmente. Parece que la cosa no estaba clara y no se veía una forma legal de que el suelo se pudiera transferir al BBVA. Por eso, llevan dieciocho meses estancados y acaban de decir que faltan otros seis, al menos, para hacerlo. Pues bien, la administración acude de nuevo al rescate del BBVA.

A propuesta del PSOE y de UNIDAS PODEMOS, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una norma que trata de resolver esos problemas que los registros de la propiedad ponen para evitar el reparto del botín. Aprovechando, esta vez, una ley de protección de consumidores vulnerables, la Comisión de Sanidad y Consumo ha aprobado una enmienda que, según información de Europa Press, “agiliza notablemente los trámites administrativos” para poder reflejar en los Registros de la Propiedad los suelos que se desafecten del servicio ferroviario. Dada la no muy completa información de la noticia, no puede afirmarse que solo afecte a los suelos que se vayan a vender a instituciones cuyo nombre empiece por B y terminen por A, pero, a estas alturas, cualquier cosa sería posible. 

Porque, en primer lugar, el ministro de Consumo se llama Alberto Garzón. Si, ese señor que, el 10 de julio de 2018, firmó una proposición no de ley al Congreso de los Diputados para evitar que “las Administraciones Públicas de ámbito estatal transfieran derechos sobre suelo a un agente privado que termina beneficiándose de las plusvalías…”, etc., etc. Hablaba de la 'Operación Chamartín'. Claro, que, entonces, no era ministro. Pero si, diputado de Unidas Podemos.

Y del PSOE que vamos a decir. Indudablemente, que es el partido mayoritario de la izquierda española y depositario de mucho mas de un siglo de historia representativa del progresismo español. Hay quien puede pensar que el gobierno, entretenido en mil y un problemas de mayor envergadura, ha sido cogido a contrapié por la nomenklatura de la administración ferroviaria, responsable a título lucrativo del pelotazo y ha tramitado esa enésima norma que, además, seguro que cuenta, “como no podía ser de otra manera”, con los preceptivos informes de los abogados del estado correspondientes.

Yo, de lo único que me quejo, es del hedor.

Y habrá quien se pregunte, ¿Y por qué esa 'Operación Chamartín' puede ser de izquierdas o de derechas? Pues, debería recordar a Norberto Bobbio para contestar. Resumiendo mucho, la clave está en la igualdad. Si todo eso que se ha hecho en beneficio del BBVA se hubiera hecho para cualquiera, de manera igualitaria, Bobbio no podría poner problemas, e incluso esto podría ser discutible, a que esa reducción de regulaciones pudiera ser de izquierdas. Pero si todos esos esfuerzos se han hecho, solo, para engrosar la cuenta de resultados de una entidad bancaria, en contra, además de los antiguos propietarios expropiados, el asunto tiene otra pinta, y no precisamente edificante.

Una 'operación Chamartín' de izquierdas