Leo en El País un título atractivo, "El urbanismo a la carta vuelve a Marbella". Y, claro, atrae mi atención y entro inmediatamente en su contenido mientras se me agolpan varias dudas. ¿Estarán preparando una Operación Chamartín en la Costa del Sol?, me pregunto. ¿Dónde pondrán la losa de hormigón si allí no hay vías de tren?, me extraño. ¿Como van a levantar rascacielos si aquello no es Benidorm?, me sobresalto. ¿Abrirán una filial de DCN en Marbella o utilizarán una oficina del BBVA directamente?.
Pero, enseguida resuelvo esas incertidumbres con la lectura del texto correspondiente a tan sugestivo título. Resulta que quieren hacer dos hoteles en zonas donde el actual plan general de urbanismo no lo permite y, como tienen cierta prisa en hacerlo, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no quieren esperar al nuevo plan general que, al parecer, se está redactando. Bien, el tema debe tener su importancia a nivel marbellí pero, a escala de país, debería considerarse como cosas de pueblo. Dicho sea con todos los respetos.
Porque si eso es urbanismo a la carta, ¿Como habría que considerar lo de la Operación Chamartín?. Lo pregunto porque, que yo recuerde, ninguno de los medios de difusión nacional, esos que se reparten las más importantes carteras de publicidad, han utilizado ese símil gastronómico para definir la Operación Chamartín. Hablo del escandaloso hecho de un banco presionando a una administración pública, el Ayuntamiento de Madrid, para que aprobaran una edificabilidad acorde con sus deseos del máximo enriquecimiento posible. Eso sí, con la ayuda de otra administración pública, el Ministerio de Fomento que, como en el antiguo corso, van a recibir parte del botín por lo que han dado patente al BBVA para que se enriquezca a costa, por cierto, de unos terrenos que, en su momento, fueron expropiados para un uso público como el de poner instalaciones ferroviarias.
En lo que si pueden terminar pareciéndose Marbella y Madrid es en la intervención de los tribunales en su urbanismo
Pero, a lo mejor lo de la Operación Chamartín, gastronómicamente hablando, no es urbanismo "a la carta". En ese caso, podríamos pensar en otras modalidades más modernas. Por ejemplo, delivery food que es como se llama el que te lleven la comida a casa. Al fin y al cabo, todo el expediente se lo han cocinado en casa, es decir, en las oficinas de esa sucursal del BBVA llamada DCN y el Ayuntamiento solo ha tenido que poner la firma de un, si uno, solo funcionario al final de las más de 50.000 páginas que tiene el dicho expediente. Para eso, efectivamente, no hace falta una carta en la que elegir. Pedir y se os dará, parecía el lema municipal. Se me ocurre también que, dado como ha proliferado este sistema de delivery durante el actual periodo de coronavirus, podríamos estar hablando de urbanismo de pandemia.
Claro que también podría asimilarse, y seguimos con la gastronomía, a comida de vending. Esa que es servida por máquinas expendedoras en las que, introduciendo el dinero correspondiente, puede elegirse un producto de entre una corta lista en oferta. Al fin y al cabo, lo que se pretendía con la Operación Chamartín no era nada demasiado sofisticado si no, solo pasta. Y no italiana, precisamente. Imagínense ustedes lo cómodo que sería el que en la entrada de todas las oficinas de urbanismo en España hubiera una máquina de estas. Al fin y al cabo, la igualdad ante la ley, sacrosanto principio del estado de derecho, nos permitiría a todos disfrutar del privilegio que ha tenido el BBVA en el asunto referenciado. No tendríamos que hablar con ningún funcionario sobre ese asunto tan complejo del urbanismo y sería suficiente el introducir el dinero por un lado de la máquina y obtener por otro la licencia correspondiente, con la edificabilidad deseada, naturalmente. Para evitar las largas colas que podrían acumularse delante de esa máquina, bastaría con poner varias como en los parking.
En lo que si pueden terminar pareciéndose Marbella y Madrid es en la intervención de los tribunales en su urbanismo. Como se sabe, ya hay suficientes recursos contencioso-administrativos presentados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como para que esta sala juzgue la, por ahora presunta, ilegalidad de lo que la administración pública ha conseguido aprobar en el norte de Madrid, como hizo el TSJ de Andalucía con el resultado del último plan general de urbanismo de Marbella.
Lo que hay que esperar es que la lentitud de la maquinaria judicial no permita lo que los jueces andaluces hicieron en Marbella en su momento: declarar ilegales miles de viviendas cuando, estas, ya estaban construidas. En el caso de Madrid y su flamante Operación Chamartín, no parece que ese pueda ser el caso ya que la pujanza del mercado turístico de Marbella que hizo posible aquel boom no se da ahora en Madrid y, menos, en un mercado de oficinas incapaz de demandar el disparate que se pretende construir en “el mayor desarrollo urbanístico de Europa”.
¡Con la que está cayendo!