CCOO, UGT y CSIF se concentrarán este viernes, 18 de noviembre, ante las puertas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en protesta por la gestión que se está haciendo del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Los sindicatos achacan a la falta de personal y a la “mala organización” del Ministerio que dirige José Luis Escrivá los retrasos en la asignación de esta prestación y critican la iniciativa puesta en marcha del autobús que recorre España en busca de beneficiarios que “lejos de dar solución al conjunto de ciudadanía con especial vulnerabilidad, fracasa desde su puesta en marcha por la incapacidad de gestión”.
400.000 pendientes de la solicitud
Del conjunto del presupuesto destinado a esta prestación, tan sólo se ha ejecutado el 56% del mismo, teniendo en cuenta que aún quedan pendientes de solicitud el 57% de posibles beneficiarios y beneficiarias que representan en torno a 400.000 hogares. Además, un 73% de las solicitudes resueltas se han denegado por criterios de renta, patrimonio o unidad de convivencia.
La gestión de esta prestación se lleva acabo por personal de la Seguridad Social: 1.050 interinos contratos en dedicación exclusiva. De momento, el Ministerio no tiene previsto que hará con estos trabajadores cuando finalice su contrato que se prevé sea en septiembre de 2023 “perdiéndose su especialización y la inversión en formación que se ha hecho con ellos”.
El ceso del personal interino provocará además que la gestión de la IMV pase al conjunto de prestaciones y sean las actuales plantillas, ya de por sí muy mermadas, las que tengan que hacerse cargo del mismo con el incremento de trabajo que esto supone.
A juicio de los sindicatos el principal problema que se está dando en estos momentos es la bolsa de expedientes pendientes de tramitación que ha motivado que, por parte del INSS, se adopten medidas urgentes bajo el paraguas del denominado “Plan de Intensificación”, consistente en ofertar horas extraordinarias a la plantilla de interinos y al resto de la totalidad de plantilla existente que se consideran “ilegales” y que “lejos de solucionar la problemática, la agrava”, afirman.
El último plan aprobado, que se va a desarrollar entre el 15 de noviembre de 2022 y el 15 de marzo de 2023, consiste en que personal interino o no, trabaje fuera de su horario laboral compensando dicho servicio a razón de 10,50 euros por cada expediente tramitado, resuelto o enviado a fiscalización, y 7 euros por cada expediente en fase de requerimiento de documentación, debiendo recibir formación específica el personal que habitualmente no tramita dicha prestación debido a la complejidad de la misma.
“Planes improvisados”
“Planes improvisados” y un “caótico escenario”, según los sindicatos que “evidencia la preeminente preocupación del ministro por el IMV y que resta importancia al resto de prestaciones también vitales para quienes las precisan, que se siguen acumulando y que no están recibiendo este refuerzo”.
CCOO, UGT y CSIF llevan tiempo denunciando las “envejecidas y mermadas” plantillas de la Seguridad Social que no alcanzan para tramitar el conjunto de prestaciones y que están produciendo retrasos que producen interrupción de rentas. “Funcionarios verán incrementada su carga de trabajo fuera de su jornada laboral para la resolución de expedientes de IMV. Una situación insostenible porque no se encuentra personal que asuma dichas tareas extraordinarias debido al carácter voluntario de las mismas”, denuncian.
Por ello, las organizaciones sindicales exigen que se cumpla la ley y los acuerdos alcanzados “ para poder gestionar una Administración que respete el derecho y la dignidad del conjunto de la ciudadanía, que depende y se debe relacionar con una Seguridad Social maltratada por un servicio muy deficiente en el momento actual, y que llevamos arrastrando mucho tiempo debido a las erráticas políticas que padecemos”.
