miércoles. 29.05.2024
Foto: Pixabay
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El sistema de pensiones es uno de los pilares de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, clave de bóveda del Estado de Bienestar, y fundamento de la convivencia democrática.

La garantía de seguridad que proporciona una pensión digna cuando llega la edad de la jubilación o cuando surge una situación de necesidad, constituye una de las grandes conquistas de la civilización.

El aseguramiento de las pensiones, su suficiencia y su sostenibilidad configuran una prioridad programática absoluta para las formaciones socialdemócratas y para la izquierda en general.

La izquierda, además, defiende sistemas de pensiones públicos de reparto, en los que el Estado obliga las contribuciones de empresas y trabajadores, y garantiza al tiempo las prestaciones de los beneficiarios.

Las pensiones constituyen uno de los ámbitos en los que las diferencias de propósito y programa son más notables y decisivas entre izquierda y derecha. Las acciones de gobierno de PSOE y PP durante la última década lo atestiguan bien.

La garantía de seguridad que proporciona una pensión digna cuando llega la edad de la jubilación, constituye una de las grandes conquistas de la civilización

La derecha nunca apuesta por fortalecer el sistema público de pensiones. Por varias razones. En primer lugar por su concepción desigual de la sociedad y su querencia por la respuesta individual a las situaciones de necesidad. También por su resistencia tradicional a cualquier contribución fiscal de solidaridad. Y, finalmente, por sus vínculos de interés con el negocio de las pensiones privadas.

En coherencia, el gobierno de Rajoy aprovechó la crisis financiera desatada en 2008 para imponer un recorte drástico al sistema público de pensiones en nuestro país. La subida de prestaciones limitada al 0,25%, por debajo de la inflación, empobreció a partir de 2013 a millones de pensionistas.

Además, el llamado factor de sostenibilidad, también impuesto por el PP, vinculaba las pensiones futuras a la esperanza de vida. A más años de vida, menos cuantía de la pensión.

Tampoco desperdició Rajoy la oportunidad que le ofreció la crisis para esquilmar la “hucha de las pensiones”, el fondo de recursos públicos que los gobiernos socialistas fueron sumando año a año para garantizar las pensiones futuras. La hucha pasó de 66.000 millones de euros a poco más de 2.000 millones.

Con tales precedentes, no es de extrañar que la reacción del PP de Feijóo haya sido ahora de rechazo ante las propuestas de fortalecimiento del sistema público de pensiones formuladas por el ministro Escrivá y el gobierno de coalición progresista.

La derecha nunca apuesta por fortalecer el sistema público de pensiones. Por su concepción desigual de la sociedad y por sus vínculos de interés con el negocio de las pensiones privadas

La presente reforma de las pensiones viene avalada por el acuerdo, a diferencia de aquella de 2013 que impuso el PP por las bravas. Acuerdo en el seno del Gobierno de coalición, acuerdo con los sindicatos, acuerdo con la mayoría parlamentaria, y acuerdo con la Comisión Europea.

Hay dos grandes estrategias para asegurar la suficiencia y la sostenibilidad de un sistema público de pensiones. Se pueden aumentar los ingresos, o se pueden recortar las prestaciones. La izquierda apuesta por lo primero. La derecha por lo segundo. Así ha sido siempre, y así es ahora.

Las claves de la reforma que se votará en el Congreso el día 30 de marzo son las siguientes.

Garantía de suficiencia, revalorizando las pensiones conforme al IPC por ley, aumentando la cuantía de las pensiones mínimas en mayor medida y reduciendo las brechas de género.

Garantía de equidad y solidaridad, mediante la cotización de los autónomos por ingresos reales, con nuevas opciones para el periodo de cómputo, con mejoras en el tratamiento de las lagunas de cotización, y con una cuota de solidaridad para los salarios más elevados.

Y garantía de sostenibilidad, gracias a la separación de fuentes, el incremento de la base máxima de cotización, y el refuerzo del fondo de reserva.

Es una reforma que garantiza las pensiones dignas de hoy y de mañana, para todos y para todas, con un esfuerzo obligado de solidaridad extra entre los más pudientes. Y a la derecha, la económica y la política, no le gusta.

Se pueden aumentar los ingresos, o se pueden recortar las prestaciones. La izquierda apuesta por lo primero. La derecha por lo segundo. Así ha sido siempre, y así es ahora

Por eso intentan trasladar argumentos falaces, que desmienten los hechos y las cifras.

La reforma no afecta a la competitividad de las empresas, porque la elevación de cotizaciones en los casos de salarios altos resulta insignificante para sus cuentas.

La reforma no destruirá empleo, como lo demuestra el hecho de que los refuerzos de los últimos años en el sistema de pensiones han coincidido con récords absolutos de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

La reforma no incrementará el gasto público de manera relevante, puesto que seguiremos por debajo de la media de gasto en pensiones de la UE, y muy por debajo de vecinos como Italia o Francia.

La reforma no perjudica a los jóvenes en beneficio de los mayores, en una irreal y absurda batalla de generaciones que pretende escenificar la derecha, porque la elevación de bases de cotización máxima se centra en los salarios más altos, que no son precisamente los que cobran los jóvenes españoles.

Y, desde luego, la reforma no pretende “comprar votos”, porque nuestros mayores tienen bastante más dignidad que quienes sostienen esta infamia.

El PP, contra la mejora de las pensiones