Impedida por el bloque conservador del TC la votación en el Senado de la reforma que regula su propia renovación, la crisis institucional está servida. A nadie se le escapa la gravedad de la situación creada por el PP y secundada por los seis magistrados del alto tribunal propuestos por el partido de la derecha, dos de ellos con el mandato caducado y por ello recusados. Se trata de algo inédito e impensable en los 44 años de democracia, que exige un análisis en profundidad de lo sucedido.
Lo ocurrido, más allá de cómo se resuelva finalmente el recurso trasciende, por su dimensión institucional y perturbación política, las inevitables convulsiones del sistema institucional español. El conflicto inevitable entre el legislativo y el judicial afecta, esperemos que de forma limitada y transitoria, a nuestro Estado Social y democrático de Derecho, el espacio político institucional donde se dirimen las pugnas de poder y sus relaciones distribuidas [1]. Desde luego, el PP sabe muy bien a quién propone para el CGPJ y el TC, aunque sus merecimientos sean, cuanto menos, cuestionables. Lo que hemos sabido de las maniobras en los despachos puede resultar, cuanto menos, descorazonador, pero en absoluto imprevisible [2].
Ya podemos conjeturar, sin caer en teorías conspiranoicas, que el atrincheramiento de la mayoría conservadora en el CGPJ, caducado desde hace cuatro años, obedecía a una estrategia política coincidente ¿azar? con los intereses del PP. Y, visto lo visto, no solo para que la mayoría conservadora pudiera seguir nombrando a magistrados, alterando por tanto la naturaleza de dicho poder judicial, en lo que solo cabe calificar como abuso de atribuciones (situación que la reforma de la ley orgánica del CGPJ consiguió detener con, todo hay que decirlo, grave perjuicio para el normal funcionamiento de la justicia), sino para condicionar mediante el bloqueo la elección de los magistrados progresistas en el TC. Se trata de experiencias que, con todo su dramatismo, pueden resultar esclarecedoras si nos detenemos en la pedagogía de los hechos, una vez limpios del camuflaje de combate.
La derecha siempre ha sido consciente de que la democracia es un riesgo para su dominación (política, económica, jurídica, social y cultural)
La derecha siempre ha sido consciente de que la democracia es un riesgo para su dominación (política, económica, jurídica, social y cultural). Por eso ha buscado limitarla y/o condicionarla. Conquistado, tras duras luchas el sufragio universal, y constituida la dimensión social del Estado democrático (en continua construcción y reparación), una de las formas de garantizarse la prevalencia de sus posiciones de poder y dominio es precisamente mantener el control de los órganos no electos por votación popular: el CGPJ y el TC. La estructura estatal basada en la separación de poderes sobre la que se sustancia y sustenta la democracia liberal supone, entre otras cosas, la diversificación de los espacios distribuidos de poder en un juego de contrapesos entre ejecutivo, legislativo y judicial, con un árbitro supremo, intérprete final de la Constitución. Esta estructura, diseñada por Montesquieu para impedir el abuso del poder y salvaguardar la libertad de los ciudadanos, permite a las fuerzas políticas modular el ejercicio del poder, velando por su legalidad y constitucionalidad. Pero esta capacidad puede utilizarse para fines espurios, como evidencian las derivas iliberales de países como Hungría y Polonia, o directamente autócratas como Rusia.
El control de los espacios de poder (órganos institucionales) permite mantener la apariencia democrática liberal sin necesidad de disolverlos. Basta con ocuparlos, aunque eso suponga violar el principio liberal de autonomía de los poderes constitucionales. Lo consuma mediante la utilización oportunista de las normas legales que los regulan. De esta manera, cuando el PP pierde la mayoría parlamentaria y, por lo tanto, el ejecutivo, puede seguir ejerciendo su poder mediante el control del CGPJ y del TC gracias a las posibilidades boicoteadoras de las leyes orgánicas que regulan su conformación y su funcionamiento. Y es lo que han hecho sin ningún pudor ni miramiento: secuestrar el órgano de los jueces con el objetivo de ganar tiempo para evitar su renovación hasta que las siguientes elecciones generales que les permitan mantener la mayoría, forzando su convocatoria anticipada [3].
Una de las formas de garantizarse la prevalencia de sus posiciones de poder y dominio es precisamente mantener el control de los órganos no electos por votación popular
Para lograrlo no han dudado en provocar un conflicto institucional. Lo hizo Aznar en 1996 (ocho meses); Rajoy en 2008 (un año y diez meses); y lo han hecho en 2018 Casado y Feijoo, batiendo todos los récords (48 meses). Es decir, perdido el espacio distribuido de poder legislativo y ejecutivo, se atrincheran en el judicial, donde los conservadores expresan la caducada mayoría ideológico-política perdida en la urnas. Una mayoría carente de legitimidad pero que quiere seguir ejerciendo su control legal sobre el poder judicial. Este gravísimo hecho, se trate de justificar como se quiera, evidencia una actitud predemocrática que se corresponde con la aparicón de nuevos estamentos como el capital financiero, las grandes industrias, las tecnológicas y los poderosos medios de comunicación. El Presidente del Gobierno lo expresa de forma elocuente cuando hace referencia a la derecha política, judicial, económica, y su terminales mediáticos.
La pedagogía de los hechos que hemos vivido y estamos viviendo nos muestra que la democracia liberal no es un espacioidílico de concordia y acuerdos en la búsqueda de un bien común, aunque debería tenderse a ello, sino de pugna y lucha entre intereses diversos, distintos y contrapuestos, donde las relaciones distribuidas de poder se manifiestan y confrontan. Un espacio que supone la materialización política de conquistas populares, desde la universalidad del voto hasta su ampliación mediante la dimensión social. Por tanto, un espacio privilegiado para que la configuración de mayorías sociales exprese y ejerzan su poder constitucional. De ahí que sea un instrumento imprescindible para la izquierda y todas las fuerzas progresistas.
La pedagogía de los hechos que hemos vivido y estamos viviendo nos muestra que la democracia liberal no es un espacio idílico de concordia y acuerdos en la búsqueda de un bien común
Pero hay que ser conscientes de que esa misma potencialidad transformadora puede activar los mecanismos de bloqueode las mayorías conservadoras en los órganos constitucionales no electos por el voto popular. Esa es la razón de fondo por la que se intenta impedir o retrasar lo más posible la pérdida de dichas mayorías, llevando la acción al peligroso límite del vale todo. Por eso, el reproche que cabe hacer al PSOE es no haber utilizado antes, mucho antes, sus mayorías en el poder legislativo para anular la estrategia dilatoria y boicoteadora de la PP cuando ya era más que evidente. Por ejemplo cuando se legisló para impedir que el CGPJ pudiera seguir nombrando magistrados como estaba previsto inicialmente, utilizando la formulación aprobada en el Congreso. Por ello, se ha visto finalmente abocado a tener que hacerlo a toda prisa y no de la mejor forma dada su trascendencia legislativa.
Es el clavo ardiente al que se han aferrado el PP y la caducada mayoría conservadora del TC. En política la ingenuidad suele tener un alto coste. Estaría bien que se aprendiera de una vez por todas la lección, y se sacaran las lecciones oportunas de la pedagogía de los hechos. Se habría evitado tener que recurrir a un procedimiento a todas luces inadecuado como es aprovechar la votación de una ley para introducir cambios en otra, abundando en una práctica habitual que debería ser excepcional. Porque cuando lo excepcional se convierte en habitual se resiente la calidad democrática. Y se debilitan las mayorías de izquierda y progresistas, facilitando las hipócritas prácticas obstruccionistas y boicoteadoras de la derecha.
Resumiendo: la democracia liberal es el espacio dinámico donde se resuelve la configuración política de las relaciones distribuidas de poder del sistema socioeconómico. No es un espacio neutral, ni lo puede ser. Pero si deben serlo las reglas, normas y principios que lo rigen para garantizar su configuración en función del deseo mayoritario de la ciudadanía expresada en las urnas que es el acto de soberanía fundacional. Aquí no caben ilusiones, ni ingenuidades. El uso abusivo de las posibilidades de la norma se corrige cambiando la norma por quién tiene la potestad para hacerlo, el Parlamento. Resulta cuanto menos llamativo que tras varios años de bloqueo de renovación del CGPJ por parte del PP, el Gobierno de Coalición no haya comprendido que dicho bloqueo se mantendría mientras la norma lo permitiera y no se alcanzaran los objetivos políticos de la derecha. Tanto si es el máximo de mantener la mayoría conservadora tras las nuevas elecciones generales como, de no ser posible, lograr que la nueva mayoría sea lo menos progresista posible, particularmente en TC, cuyas sentencias no son recurribles.
La pedagogía de los hechos evidencia que la derecha (política, judicial y mediática) identifica su dominio con el patriotismo
La pedagogía de los hechos evidencia que la derecha (política, judicial y mediática) identifica su dominio con el patriotismo, de forma que toda mengua de poder se vive y percibe como un ataque al sistema democrático. Así, actuaciones legislativas similares del PP, como el cambio en el modo de elección del CGPJ, o en el delito de malversación para que afectara a Artur Mas, serían para defender la democracia y el país; pero un ataque inadmisible a la democracia y la unidad de la patria si lo hace la izquierda. Esta doble vara de medir de la derecha no es más que un mecanismo defensivo para impedir la pérdida de posiciones en las relaciones distribuidas de poder. El problema no es que la derecha española sea más o menos reaccionaria y montaraz, que lo es. La cuestión es más sustancial: responde al mecanismo de autodefensa del sistema socioeconómico capitalista. En nuestro caso, exacerbado hasta el extremo de producir una peligrosa respuesta autoinmune que pude poner en riesgo el mismo sistema que pretende defender. Los últimos acontecimiento muestran lo ilusorio de pensar que las pérdidas de poder (políticas, económicas, judiciales, sociales, y culturales) se van a producir sin la feroz resistencia de la derecha. Hay que asumirlo sin complejos. La naturaleza e intensidad del desafío debe marcar la respuesta de la izquierda y las fuerzas progresistas para garantizar el funcionamiento del Estado Social y democrático de Derecho, que es el espacio estratégico de transformación y progreso.
[1] Con el término distribuidas me refiero a que las relaciones de poder no anidan solo en las distintas instituciones del sistema, sino que permean y se extienden por el conjunto de los subsistemas que configuran la realidad social, básicamente la familia, la empresa, y el Estado. Esto supone que la pérdida de poder en un nodo del sistema, por utilizar la terminología informática, no supone necesariamente su colapso, tal como ocurre en Internet, cuyo funcionamiento se basa en este principio. Ver: Carlos Tuya. El voto y el algoritmo. Amazon, 2022.
[2] Ver relato
[3] El término secuestro es utilizado por Tomas de la Cuadra Salcedo, Catedrático de Derecho Constitucional, ex-Letrado del Tribunal Constitucional, y ex-ministro de Justicia, referido tanto al CGPJ, como al TC y a la potestad del Gobierno para nombrar a dos magistrados del TC (https://elpais.com/espana/2022-12-18/el-origen-de-buena-parte-de-nuestros-actuales-males.html)
