La Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) saluda con satisfacción y celebra la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que anula la resolución del compromiso (expulsión) de nuestro compañero, el Cabo del Ejército de Tierra D. Marco Antonio Santos Soto.
Esta sentencia culmina el proceso judicial que iniciaran mandos recalcitrantes en sus planteamientos ideológicos, que no conciben unas fuerzas armadas definitivamente alejadas de los orígenes fascistas de quienes se rebelaron contra el orden constitucional legítimamente constituido de la Segunda República y que instrumentalizaron a los ejércitos como columna vertebral del régimen del dictador Franco.
El poder judicial establece definitivamente la preeminencia de la libertad de expresión como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, también de los militares, con las únicas limitaciones, establecidas en las leyes, de aquellas manifestaciones que pudieran afectar gravemente a la disciplina y la cohesión interna de las Fuerzas Armadas. Las expresiones de condena al militar que con su sublevación rompiera en dos el ejército español, provocara una sangrienta guerra y destara un genocidio contra su propio pueblo, no pueden considerarse en modo alguno en esta categoría. Y ésta era, en definitiva, la motivación de sus mandos para iniciar una verdadera persecución del Cabo Santos que concluiría con su expulsión del Ejército, aprobada por la Ministra Margarita Robles.
El poder judicial establece definitivamente la preeminencia de la libertad de expresión como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, también de los militares
Toca ahora a la administración militar adoptar las medidas disciplinarias o judiciales precisas contra los militares que perpetraron este abuso, apartarles del ejercicio del mando y establecer cuantas medidas sean necesarias para que quede meridianamente claro, en la mentalidad de los profesionales de las Fuerzas Armadas, que la desacreditación del general Franco como modelo de virtudes militares no solo no es ilícito, sino que debiera considerarse como timbre de orgullo para los verdaderos militares al servicio de su pueblo. Que es precisamente la actitud contraria, la exaltación de su figura, lo que resulta corrosivo para la disciplina y la cohesión de las FAS y, en consecuencia, debiera ser reprimido con toda contundencia.
La dimisión de la ministra Robles, pertinaz en su discurso de unas Fuerzas Armadas democráticas y sin resabios franquistas y que avalara con su firma la expulsión del Cabo Santos, sería una medida inapelable por higiene democrática, aunque se encuentre ya en funciones.
