Varios factores se están conjugando en la economía internacional para tirar por tierra las perspectivas optimistas que siguen invocando nuestra ministra de Economía Nadia Calviño o el presidente Pedro Sánchez.
Poco se habla ya de los fondos europeos, de la recuperación en V que se anunciaba y de la esperanza de mejora rápida de nuestra economía después de la pandemia. La férrea voluntad de agotar la legislatura, además de ser correcta desde un punto de vista de normalidad democrática, viene apoyada en el sólido argumento de que hay que centrar todos los esfuerzos en la recuperación económica y la creación de empleo. Recuperación y mejora que debería favorecer a todos los españoles, mejorando nuestro nivel de vida y ofreciendo perspectivas de futuro a la juventud.
Sin embargo, una vez más factores externos, inevitables en una economía abierta y mundializada como la que vivimos, vienen a ensombrecer el panorama y a poner palos en las ruedas. Sin entrar a valorar el apoyo o no apoyo de la oposición al gobierno de coalición, que realmente influye muy poco en la marcha de la economía, dado que las medidas propuestas se vienen aprobando sistemáticamente en el Congreso de los Diputados, lo relevante es la enorme subida de los precios, el retraso en la ejecución de los planes de inversión por parte de las empresas y ministerios de los fondos europeos, el mal funcionamiento de servicios sociales como la seguridad social o el inem por la falta de personal que genera un rechazo cada vez mayor entre los usuarios y la lentitud en la creación de empleo.
En el lado positivo se debe reseñar la mayor estabilidad en el empleo creado, el mantenimiento de medidas sociales para los sectores más perjudicados por la crisis y una cierta vuelta a la normalidad en la actividad de sectores como el turismo y la vivienda. Nunca se valorará suficiente la positiva labor de los sindicatos españoles en todo este proceso que mediante acuerdos con la patronal han dado estabilidad y seguridad a la sociedad frente a una oposición política desnortada y destructiva sólo preocupada de derribar cuanto antes al primer gobierno de coalición de la historia democrática de nuestro país depués del franquismo.
Es una mala noticia que la patronal no siga por la vía de los acuerdos y no se avenga a negociar subidas salariales acordes con la elevada inflación que padecemos.
Esta semana los organismos europeos han rebajado la previsión de crecimiento de la economía española en 2022 a un 4%, un 1,6% menos de los previsto hace tan sólo dos meses, concretamente febrero al tiempo que más que duplica la previsión de inflación del 2,8 % al 6,3%.
El estallido de la guerra de Ucrania ha trastocado todas las previsiones hechas a principio de año.
Aunque seguir haciendo previsiones para 2023 es un tanto aventurero ante las incertidumbres a nivel mundial la Comisión Europea retrasa la recuperación de los niveles económicos de prepandemia para mediados de ese año y la cifra en el 3,4% un punto menos de lo previsto a principios de año. Consideran que la mejora del turismo, la puesta en marcha de las inversiones del Plan de Recuperación (aprobado con los votos en contra de PP, Vox y ERC) y la recuperación del consumo movido por el incremento del ahorro en la pandemia y el crecimiento del empleo son factores positivos con importante repercusión en la mejora económica.
Nuestra elevada inflación prevista del 6,3% se encuentra por debajo de la media comunitaria del 6,8%, por lo que comparativamente se sitúa en un cierto equilibrio con nuestro entorno. Los perjudicados son evidentemente los trabajadores y autónomos que ven que sus ingresos no crecen ni de lejos a los niveles que lo hacen los precios. Paralelamente el traslado a precios por ejemplo en la gasolina y el gasoil está siendo rapidísima, generando grandes beneficios a las petroleras y consecuencias negativas en el coste del transporte, la construcción o las empresas consumidoras de electricidad.
Las medidas como el pago de unos céntimos en las gasolinas o los topes al precio del gas conseguidos por España y Portugal aun siendo muy positivos no solucionan el problema a medio y largo plazo.
El mercado laboral se mantendrá "fuerte", según las previsiones de Bruselas que sitúa la tasa de desempleo en el Estado español en su nivel más bajo desde 2008, en el 13,4% para 2022 y el 13% para el siguiente ejercicio. Unas proyecciones por encima de lo estimado por el Gobierno, que prevé que la tasa de desempleo caerá al 12,8% este año y el 11,7% en 2023.
En lo que respecta a los niveles de deuda española, la Comisión Europea ha estimado que situará en el 115,1% del PIB en 2022, y el 113,7% del PIB en 2023, por encima de la media comunitaria y de la zona euro y el tercer país con niveles más altos sólo por detrás de Grecia y Portugal.
"España cerró 2021 mejor de lo esperado" en lo que respecta al saldo del gobierno, según señala Bruselas en su análisis, y argumenta que la recuperación de actividad económica impulsó la reducción del déficit público del 10,3% del PIB al 6,9%.
Para el presente ejercicio, el Ejecutivo comunitario estima que el déficit público debería reducirse aún más por el crecimiento económico hasta el 4,9% en 2022 y el 4,4% en 2023. La inversión repuntará en el 2022 un 8,3% y un 5,8% para el siguiente ejercicio, en niveles muy por encima de la media comunitaria y de la eurozona que rondarán el 3,1% para el presente ejercicio y el 3,6% para 2023. En este sentido, Bruselas advierte de que la crisis de las materias primas podría afectar a las inversiones verdes y digitales del Plan de Recuperación.
