El peor año de nuestra democracia, según Núñez Feijóo

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La arquitectura institucional de España en 2025 se define por una hegemonía territorial del Partido Popular (PP), consolidada frecuentemente mediante coaliciones o apoyos de Vox. Esta situación ha generado una dialéctica de confrontación permanente con el Ejecutivo central, manifestada en profundas discrepancias sobre financiación autonómica, gestión de servicios públicos e interpretación de marcos legislativos ideológicos.

Mucho se cuestiona al gobierno central por la falta de presupuestos, pero lo cierto es que durante el transcurso del 2025 la dificultad para alcanzar consensos en cámaras fragmentadas obligó a siete comunidades autónomas a prorrogar sus presupuestos. Esta parálisis afectó directamente a inversiones en sanidad, vivienda y digitalización. Regiones como Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Murcia enfrentaron retrasos que impactaron en la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La prórroga en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Baleares y Extremadura evidenció la fragilidad de los gobiernos en minoría y la complejidad de conciliar las exigencias ideológicas de Vox con la gestión pragmática de las cuentas públicas.

Actualmente, el gasto sanitario privado en España representa entre el 28% y el 30% del total nacional, superando la media de la OCDE

La gestión de la sanidad ha sido el vector de mayor conflictividad social. En 2025, seis regiones (Valencia, Murcia, Castilla y León, Andalucía y Aragón) redujeron su gasto sanitario por habitante a niveles no vistos desde 2019. Expertos señalan una "privatización por deterioro": el abandono de la gestión pública genera listas de espera inasumibles que justifican la derivación de fondos hacia conciertos con la red privada. Actualmente, el gasto sanitario privado en España representa entre el 28% y el 30% del total nacional, superando la media de la OCDE.

En la Región de Murcia, el presupuesto de 2.479 millones de euros se considera insuficiente frente a un déficit acumulado en el Servicio Murciano de Salud (SMS) de 3.621 millones al cierre de 2023. En la Atención Primaria, la situación es crítica: mientras la contratación hospitalaria creció un 16% entre 2021 y 2023, en los centros de salud se redujo un 4%, provocando que plazas de Medicina Familiar queden desiertas o que los profesionales migren hacia la red privada.

El ejercicio 2025 ha puesto de relieve la incapacidad de diversos gobiernos autonómicos para cumplir los plazos de la Ley de Dependencia

El ejercicio 2025 ha puesto de relieve la incapacidad de diversos gobiernos autonómicos para cumplir los plazos de la Ley de Dependencia. En Andalucía, bajo la gestión de Juanma Moreno, el tiempo de espera alcanzó los 574 días. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, 25.060 personas fallecieron en España durante los primeros nueve meses del año esperando una prestación; casi una quinta parte de estos decesos (6.784) ocurrieron en Andalucía. Colectivos sociales exigen que la partida para dependencia alcance el 2% del PIB regional para evitar lo que califican como un "fracaso del Estado del Bienestar". Añadamos a esto la crisis de los cribados.

La política educativa en las autonomías del PP ha profundizado en el modelo de libre elección de centro (es decir, el derecho a comerle el coco a los niños y las niñas diciéndoles que Dios existe…), favoreciendo un trasvase de fondos hacia la enseñanza privada-concertada. En Andalucía, el presupuesto para la concertada creció un 3,5% hasta los 1.101 millones de euros, mientras se denunciaba el desmantelamiento de unidades en la red pública. En la Comunidad de Madrid, la tensión se trasladó a las universidades públicas por la asfixia financiera derivada de la implantación de la LOSU, ley que el gobierno regional ha recurrido judicialmente alegando interferencias en su autonomía.

2025 quedará marcado por la crisis definitiva del ejecutivo de Carlos Mazón. La cuestionada gestión de las inundaciones de finales de 2024 y la opacidad sobre su paradero durante las horas críticas de la emergencia derivaron en una presión social asfixiante. Tras doce manifestaciones masivas y una huelga general en mayo que exigía responsabilidades por las muertes y soluciones habitacionales, la dirección nacional del PP acabó desautorizando a Mazón, quien presentó su dimisión en noviembre de 2025 ante el desgaste electoral insostenible.

El informe "Destrucción a toda costa 2025" de Greenpeace señala a las comunidades del PP como epicentros de un nuevo auge urbanístico que ignora los riesgos climáticos

El informe "Destrucción a toda costa 2025" de Greenpeace señala a las comunidades del PP como epicentros de un nuevo auge urbanístico que ignora los riesgos climáticos. En Valencia se aprobaron decretos para simplificar trámites de construcción en los primeros 200 metros de costa, mientras que en Murcia se reformó la Ley de Protección del Mar Menor para debilitar el régimen sancionador contra prácticas agrícolas contaminantes, eliminando la obligatoriedad de vetar ayudas públicas a empresas sancionadas. Asimismo, en Baleares, la presión sobre los recursos hídricos se ha intensificado por la proliferación de hoteles de lujo en primera línea.

El año 2025 ha sido el de la derogación sistemática de las leyes de memoria democrática. Extremadura y Castilla y León aprobaron "Leyes de Concordia" que eliminan términos como "dictadura", medidas que el Gobierno de España ha impugnado ante el Tribunal Constitucional.

En materia fiscal, el PP ha mantenido la reducción de impuestos a Sucesiones y Patrimonio. Paralelamente, se produjo una paradoja en la financiación: mientras las regiones del PP rechazaban unánimemente una quita estatal de 85.000 millones de euros de deuda por considerarla un "agravio", se desveló que Murcia rechazó una condonación de 3.318 millones, interpretada por la oposición como una supeditación de los intereses regionales a la estrategia de confrontación nacional.

La transparencia ha sufrido retrocesos significativos:

• Andalucía: Se investiga la concesión de 242 millones de euros en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fuera del periodo pandémico, con imputaciones a altos cargos de la dirección del servicio.
• Almería: El desmantelamiento de una red de adjudicaciones irregulares provocó la caída de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación.
• Murcia: Persisten causas crónicas como la Desaladora de Escombreras, con una factura pública que supera los 90 millones de euros, junto a la resolución de patrones de fraccionamiento de contratos en casos como Auditorio o Umbra.
• Nacional: La imputación del exministro Cristóbal Montoro por presunto tráfico de influencias a través de su consultora "Equipo Económico" introduce una nueva variante: la presunta comercialización de la capacidad legislativa del Estado.

Bajo la premisa de "el que pueda hacer que haga", enunciada por José María Aznar desde la fundación FAES (Fascistas Españoles), se ha observado una intensa actividad judicial contra el Gobierno central. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el magistrado Juan Carlos Peinado por la investigación a Begoña Gómez ha consolidado el término lawfare en el análisis político. En este contexto, el desgaste institucional se extendió a la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Supremo por revelación de secretos en relación a un caso de fraude fiscal que afectaba al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Efectivamente, el 2025 ha sido malo, pero tranquilos, que el 2026 será mucho peor. Un saludo a todo el mundo, y feliz año nuevo, a pesar de todo.