Cuando dentro de unos años echemos la vista atrás hacia la época histórica que estamos viviendo ahora recordaremos un período de miedos, incertidumbres, cambios y transformaciones que tuvieron en estos años su punto de inflexión. Las consecuencias y los retos sociales y económicos que tuvimos que enfrentar con motivo de la pandemia quedarán en la memoria de las y los ciudadanos, pero tenemos dudas de que las medidas necesarias para combatirlas, como el refuerzo de servicios sanitarios públicos y servicios sociales, queden reflejadas en las políticas de los gobiernos. Y, desde luego, incertidumbre tendremos mientras haya una invasión en nuestro propio continente.
Una invasión que ha vuelto a poner en el centro del debate la energía, por su precio, su dependencia del exterior y por el descontrol del oligopolio que maneja este recurso esencial en nuestro país, que sigue obteniendo altos dividendos a costa de todas y todos los usuarios.
Sin duda la crisis energética actual, con su máximo exponente en el riesgo de corte de suministro a los países más dependientes del gas ruso, como Alemania, puede trastocar en algunos países la hoja de ruta de la descarbonización y de la forma de generar energía que tiene proyectada la Unión Europea. No es el caso de España, donde no dependemos del gas ruso y las interconexiones con la UE son muy escasas.
En España no deberíamos apartarnos de la hoja de ruta que representa el Plan Nacional de Energía y Clima, avalado por la propia Unión Europea, que, por cierto, se tendrá que revisar próximamente como consecuencia de su adaptación para cumplir con el FIT FOR 55, paquete de medidas legislativas para alinear las políticas climáticas y energéticas de la UE con los nuevos objetivos climáticos establecidos en la Ley climática europea: reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) del 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990 y neutralidad climática para 2050.
España es un país privilegiado para el aprovechamiento de estas fuentes de energía, una oportunidad que no debemos perder, tanto a nivel terrestre como marino
La apuesta por la eficiencia energética y la generación de energía con tecnologías renovables es una decisión clara y estructural. De hecho, en España ya estamos enfrentando esta transición energética que, lejos de ser tranquila y ordenada, en demasiadas ocasiones está generando conflictos y tensiones con los habitantes de las zonas cercanas, en especial en lo que se refiere a instalaciones eólicas. Es necesario, por ello, analizar algunos de los argumentos que se esgrimen en contra de estas instalaciones.
Es cierto que en el pasado se instalaron parques de aerogeneradores en zonas ambientalmente sensibles, afectando a aves y ocasionando algunos problemas a las poblaciones cercanas, situaciones que no se deben repetir. Las necesarias Evaluaciones de Impacto Ambiental tienen que ser rigurosas y transparentes; los procesos de despliegue de las energías renovables deben hacerse con plena compatibilidad medioambiental, con una planificación territorial para determinar los sitios adecuados para los emplazamientos y con suficiente transparencia y participación social en el desarrollo de los proyectos, sin que esto suponga una ralentización inasumible de un despliegue que es urgente. Ayudaría que las promotoras de parques establecieran diálogo con la población de las zonas afectadas, para juntos evitar la ubicación en las zonas más delicadas, y no estaría mal que también para compartir parte de los beneficios de los mismos.
El problema es que se lancen mensajes que distorsionan la realidad, que contradicen los más aceptados argumentos científicos y técnicos, o se formulen argumentos que pasan por alto los desafíos que supone la emergencia climática o la necesidad de una interconexión energética renovable de ámbito peninsular.
No se corresponde con la realidad la idea difundida por muchos de estos colectivos de que las energías renovables no generan empleo en las zonas rurales. En los parques eólicos hay trabajos de mantenimiento y revisión de los aerogeneradores que ocupan entre 12 y 14 personas por parque, en función de su tamaño y características. Alrededor de la mitad de ellas tienen su residencia en el entorno de los parques. Por otra parte, en España hay numerosas fábricas de aerogeneradores, palas, torres y otros componentes de las que aproximadamente la mitad de ellas se sitúan también en zonas rurales, y que emplean a unas 10.000 personas. Una mayor penetración de energía eólica va a conllevar un aumento importante del número de empleos en el sector, no solamente en el trabajo en los parques, también en la fabricación de estructuras flotantes para la instalación de eólica marina y otras muchas industrias relacionadas.
Otra argumento de los detractores a estas instalaciones es que “hay territorios excedentarios, que generan energía por encima de sus necesidades, que no necesitan producir más” y que es mejor además encaminarse a un sistema que evite pérdidas de energía en la red de transporte y que autoabastezca a cada zona de manera distribuida y con autoconsumo. Estamos de acuerdo en que el autoconsumo, individual o colectivo, y las comunidades energéticas ciudadanas son un instrumento que hay que potenciar al máximo y que lo óptimo es una generación energética más cercana a los puntos de consumo.
Sin embargo, hay que señalar que el autoconsumo y la generación distribuida no van a ser suficientes para cubrir una demanda creciente de electricidad, por la necesidad de electrificar muchos consumos térmicos o de transporte, y que el despliegue de las plantas renovables va a ser totalmente necesario para cumplir con los retos de la descarbonización y desnuclearización de la transición energética, en línea con los compromisos adquiridos.
El planteamiento de que “aquí somos excedentarios en electricidad” obvia el hecho de que las energías renovables solo se pueden producir donde hay recursos de esa naturaleza (viento, sol, agua o biomasa), que hay zonas que carecen de ellos y que esa generación se necesita para cubrir muchas demandas industriales, urbanas o ferroviarias, con una red de alta tensión mallada que transporte esa energía a toda la península. Por otro lado, todo el país es fuertemente dependiente de la importación de combustibles fósiles, no hay ningún territorio excedentario si se contempla la movilidad y, si queremos aspirar a la electrificación máxima de la sociedad, tenemos necesidad de prácticamente triplicar la instalación de potencia renovable.
No se suele cuestionar que una determinada zona exporte a otros productos agrícolas procedentes de monocultivos agroindustriales, que ocasionan grandes impactos de diferente carácter ambiental o social y, sin embargo, algunas voces niegan la posibilidad de concentrar parques de aerogeneradores donde hay mucho recurso eólico, por supuesto con las medidas de planificación y precaución señaladas al principio.
Nos encontramos en un contexto internacional, primero fruto de la pandemia y ahora con la situación creada tras la invasión de Ucrania, que evidencia la necesidad como país de un sistema productivo, industrial, agroalimentario y energético lo más integrado y con la menor dependencia posible del exterior.
Las políticas de expansión de las renovables deben respetar las normas y evaluaciones de impacto ambiental y acompañarse de políticas de desarrollo rural que garanticen medidas para la creación de empleo y calidad de vida. Para ello resulta determinante el diálogo y la comunicación con la población de las zonas afectadas. Una medida indispensable para evitar mensajes maximalistas como que existe una “colonización energética” y que hay “territorios de sacrificio”, afirmaciones que deben ser rebatidas con explicaciones y evidencias dado que generalmente no se corresponden con los impactos reales que las instalaciones suelen tener en esos territorios.
Este rechazo no es nuevo, ya el año pasado elaboramos el documento Criterios sindicales ante el desarrollo de proyectos de grandes plantas renovables para facilitar los debates que se estaban produciendo en relación, especialmente, a grandes instalaciones de plantas renovables eólicas y fotovoltaicas.
El documento parte de la premisa de que, aunque las energías renovables tienen indudables impactos -que hay que minimizar- sobre el suelo, la biodiversidad, la utilización de recursos y materiales y la generación de residuos, son energías limpias que evitan emisiones de gases de invernadero y son esenciales para la transición energética. De hecho, la penetración de las energías renovables, fundamentalmente de la eólica, ha sido el principal factor de disminución de CO2 en España. Pero además hay que considerar su valor estratégico para reducir la dependencia exterior y el precio de la energía.
Este es el reto que hay que gestionar y para ello desde Comisiones Obreras consideramos que es indispensable una planificación territorial autonómica, transparente y participada, donde se determine qué zonas deberían estar excluidas de la instalación de grandes plantas renovables y aplicar con rigor el instrumento de la evaluación de impacto ambiental de proyectos por sus posibles impactos en la biodiversidad o en otros usos preferentes del territorio.
España es un país privilegiado para el aprovechamiento de estas fuentes de energía, una oportunidad que no debemos perder, tanto a nivel terrestre como marino. Hay que trabajar por reforzar toda la cadena de valor que genera esta actividad, para propiciar un empleo justo y decente cuyos beneficios lleguen a la sociedad de las zonas afectadas, buscando y encontrando los equilibrios económicos, sociales y ambientales para su expansión.
Mariano Sanz Lubeiro | Secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO
