jueves. 28.03.2024
GasesInvernadero

Como respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica, que pide una acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía, en el último Consejo de Ministros se declaró la emergencia climática y ambiental. Así, el Gobierno siguió la estela de la ONU, que en la reciente Cumbre celebrada en Madrid abogó por poner en marcha medidas urgentes para luchar contra la contaminación.

La declaración ante la emergencia climática incluye el compromiso de “no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil” así como analizar y, en su caso, revisar los actualmente vigentes, entre los que, recordemos, se encuentra el diésel, que aún cuenta con una mejor fiscalidad frente a la gasolina. Asimismo, el Gobierno se compromete a introducir la variable del cambio climático de manera específi­ca en su política fi­scal, lo que debe llevar, entre otras medidas, a la introducción de nuevos impuestos verdes. No obstante, el Ejecutivo ha prometido desarrollar 30 líneas de acción, cinco de ellas en los 100 primeros días, para reducir la contaminación con políticas transversales y aprovechar los beneficios sociales y económicos intrínsecos a la transición ecológica.

Entre las prioridades, destaca la de llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050. Para ello, entre otras medidas, se promoverá un sistema fiscal compatible con la descarbonización de la economía.

Es necesario crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para propiciar cambios estructurales que ayuden en la labor de limpiar el aire y reducir el dióxido de carbono en la atmósfera

Y en este contexto, como hemos comentado en alguna ocasión en esta misma página, convendría abogar por el principio de que “quien contamina paga” para establecer un marco de responsabilidad medioambiental que, finalmente, ayudara a modificar el comportamiento de las compañías.

Pues bien, los técnicos de Hacienda calculamos que, si se pusiera en marcha una reforma fiscal “verde”, el dióxido de carbono podría reducirse hasta quedar en torno al 3% con respecto al año 1990, tomando como base el protocolo de Kyoto.

Para ello, habría que crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que, a posteriori, se convertiría en una poderosa herramienta para propiciar cambios estructurales que ayuden en la labor de limpiar el aire y reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, después de que el año pasado se registraran niveles de récord.

Este tributo, además de aliarse en la misión más puramente medioambiental, tendría una importante repercusión económica. Y es que podría recaudar cada año más de 10.000 millones de euros. De esta manera, al mismo tiempo se solventaría el problema del diferencial que sufre España en la imposición verde respecto a la media europea, próximo a los 6.000 millones de euros.

Se trataría, pues, de llevar adelante una estrategia con un doble objetivo; gracias a la implantación de un impuesto que, efectivamente, ayudaría a luchar contra la emergencia climática.


Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

¿Pueden los impuestos ayudar a luchar contra la emergencia climática?