La exhumación de los restos mortales de Queipo de Llano, de su mujer y del General del Cuerpo Jurídico Francisco Bohórquez, que estaban enterrados en la Basílica de la Macarena de Sevilla, ofrece un simbolismo que debe glosarse, simbolismo que conecta con el sentido de la nueva Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
A continuación vamos a comentar el significado de sacar los restos mortales de Queipo de Llano de una basílica católica de uso público, las causas por la que las derechas españolas rechazan la nueva Ley y, en fin, la dimensión conciliadora de la nueva Ley.
Porque, dicho en términos muy claros, el problema de gran parte de la derecha española es que aún no se ha atrevido a condenar el golpe de Estado de 1936 y la subsiguiente dictadura de Franco
No es anecdótico que Queipo de Llano y su asesor jurídico en la represión hayan salido de la Basílica de la Macarena de Sevilla. Desde un punto de vistas ético, el General Queipo de Llano es, dentro todos los mandos militares sublevados en julio de 1936, una de las figuras más controvertidas. Es uno de los Generales sublevados que más muertes provocó, es el que a través de sus arengas radiofónicas más ofendió a los republicanos y a su dignidad y, en fin, es controvertido porque, junto con Aranda y con Cabanellas, traicionó a la República con el agravante (que no concurría en Aranda y en Cabanellas) de haber desempeñado cargos de responsabilidad que mostraban la confianza que la República tenía en él.
Ordenó la muerte de García Lorca y, para mostrar su independencia ante Franco, del General Campins que no se quiso sublevarse en Granada. Que este personaje moralmente discutible estuviera enterrado en un lugar de honor en una Basílica católica repugnaba a los principios democráticos y humanitarios y ha sido responsabilidad de la Iglesia Católica y de la Hermandad de la Macarena haber esperado a que una Ley les obligara a hacer algo que hubieran debido decidir hace mucho tiempo.
Pero el problema es mucho más profundo. En todo país puede haber un grupo de personas (en este caso, la Hermandad de la Macarena) que, arrastrados por su ideología, insensibles a principios humanitarios, no se atreven a distanciarse de personas con una trayectoria moralmente discutible. Personas así siempre va a haber, pero el problema de España es que gran parte de la derecha se sitúa en esas posiciones. Porque, dicho en términos muy claros, el problema de gran parte de la derecha española es que aún no se ha atrevido a condenar el golpe de Estado de 1936 y la subsiguiente dictadura de Franco. Y eso perturba toda aproximación equilibrada al problema de la Guerra Civil y del franquismo, porque obliga a los demócratas a seguir defendiendo a la República y a condenar una dictadura sangrienta teniendo en frente a algunos partidos españoles. ¿Por qué la gran mayoría de la derecha española sigue teniendo la fijación franquista y antirrepublicana?
Antes de avanzar quisiera recordar una anécdota. En 2021, cuando yo era a la sazón Secretario General de Cultura, en una comparecencia en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados, un Diputado de Partido Popular me pidió explicaciones, en tono crítico, porque la Filmoteca Nacional había dedicado un ciclo al cine de la República con ocasión del ochenta aniversario de su proclamación. Me pareció que había que aclarar las situaciones y reproché a aquel Diputado el franquismo que todavía exhumaban y se organizó una cierta polémica, porque los Diputados populares se sintieron muy ofendidos de que se les acusara de franquistas. Pero lo cierto es que el franquismo todavía subyace en muchas actuaciones del Partido Popular (de Vox mejor no hablar), como acabamos de ver con Núñez Feijóo con sus desafortunadas palabras sobre la política de los muertos.
Volviendo a los interrogantes que hemos planteado más arriba, ¿por qué la gran mayoría de la derecha española sigue teniendo la fijación franquista y antirrepublicana? Sin remontarnos al siglo XIX y a la dificultad de instaurar un régimen liberal burgués en España que evolucionara hacia la democracia (como ocurrió en muchos países europeos, incluidos algunos Estados monárquicos), el problema que considero esencial es que la Restauración, durante el reinado de Alfonso XIII, se había convertido en un régimen orientado casi exclusivamente a sostener el poder político y social del bloque formado por la nobleza terrateniente y la débil burguesía industrial y mercantil. Los dos partidos dinásticos (ya muy fragmentados y en plena crisis) y el Rey con tendencias cada vez más autoritarias (el famoso discurso de Córdoba del 23 de mayo 1921, más de dos años antes del golpe de Estado de Primo de Rivera), habían consolidado un régimen cuyo principal objetivo era mantener el poder oligárquico de una minoría de donde se excluía no sólo a los trabajadores y campesinos, sino a la pequeña burguesía y a parte de la burguesía.
En España, a diferencia de otros países europeos que sufrieron dictaduras, la historia es todavía motivo de división
La proclamación de la República puso en pie de guerra a esa oligarquía que había apoyado la Restauración y, lo que es peor, arrastró incluso a sectores de centro y republicanos como los reformistas de Melquiades Álvarez y al ala más lerrouxista del Partido radical y sólo un año después de proclamarse la República tuvo lugar el golpe de Estado del 10 de agosto. Es decir, si en muchos países europeos el paso de la Monarquía a la República se vivió como un cambio de forma de Estado (Francia en 1871, Alemania, Checoslovaquia y Polonia en 1918), en España se vivió como si se tratara de una revolución social donde la oligarquía terrateniente y la gran burguesía creían que iban a ser desposeídas de sus bienes y se lanzaron a combatir al nuevo régimen por medios militares, como ha explicado Ángel Viñas en algunas de sus obras. Eso explica la ferocidad de los golpistas (no hace falta citar las instrucciones de Mola), la fortísima resistencia de las izquierdas y la dura dictadura de Franco.
El drama de la política española es que grupos políticos que en su momento habían sido reformadores, como los liberales y los reformistas, se asustaron, se aliaron con la extrema derecha monárquica (y luego fascista) negaron legitimidad a la República y la combatieron con las armas. Cuando se proclamó la Segunda República la izquierda dinástica de la restauración (el Partido Liberal) no fue capaz de deslizarse hacia la democracia, sino que se quedó atrapada en la forma monárquica. Figuras prominentes del liberalismo (Romanones, García Prieto), que en su momento habían disfrutado de un prestigio más o menos modernizador, se prestaron a hacer oposición contra el nuevo régimen y además oposición no política, sino frecuentemente militar. Es muy significativo que el hijo de Canalejas (ennoblecido tras la muerte de su padre) fuera uno de los jóvenes monárquicos que se lanzó a la conspiración. Y, como acabamos de ver, arrastraron a los reformistas y a parte de los radicales, pues hoy no se pone en duda de que el bienio conservador (1933-1936) tenía como fin principal preparar el remate de la República.
Estos antecedentes explican que desde 1936 gran parte de la derecha española ha evitado alinearse con la República y, en muchos casos, ha justificado la dictadura franquista. A fortiori el Partido Popular, creado por Ministros de Franco. Y lo malo es que ningún dirigente del Partido Popular ha intentado salir de ese peligroso bucle de considerarse demócratas desde 1975 hasta hoy sin hurgar demasiado en el pasado. En España, a diferencia de otros países europeos que sufrieron dictaduras, la historia es todavía motivo de división.
Todo ello justifica (y hasta obliga) a defender el pasado republicano desde los poderes públicos, a honrar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura y, de paso, a hacer pedagogía para ir diluyendo la demonización de la democracia republicana por parte de las derechas. Y ello no impide (porque el PSOE y el Partido Comunista de España siempre han optado por la reconciliación nacional) que ese esfuerzo por dignificar la democracia republicana y a sus combatientes vaya acompañado de una similar dignificación de las personas que murieron combatiendo en el bando rebelde y a aquellas otras que sufrieron la represión en la zona republicana. Pero lo que no cabe, como ocurre con el enterramiento de Queipo de Llano y de Bohórquez, es la exaltación de los que combatieron a la democracia y provocaron miles de víctimas.
Por eso era necesaria una Ley como la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Porque hay todavía muchos símbolos franquistas, porque el Valle de los Caídos no puede servir de exaltación de la dictadura, porque no deben seguir funcionando fundaciones que exalten al dictador y además retienen documentación que debe ser pública y porque el recuerdo a las víctimas de ambos bandos es compatible con la condena de la dictadura y el recuerdo a la primera democracia plena que tuvo España.
