jueves 20/1/22
ayuso
 

En víspera de Nochebuena, el gobierno regional de Díaz Ayuso aprobó un anteproyecto de ley con un nombre largo, pero que ha trascendido como la ley Ómnibus, que modifica 35 normas aprobadas por la Asamblea de Madrid en varias legislaturas. Su exposición de motivos expresa que tiene el objetivo principal de: “simplificar trámites, reducir cargas administrativas o introducir modificaciones que permitan una mejora de la organización e impulso de su eficacia”.

Es una ley que pretende desmontar el edificio legal madrileño, incluso el levantado por el mismo partido que está gobernando desde 1995

Es una ley que pretende desmontar el edificio legal madrileño, incluso el levantado por el mismo partido que está gobernando desde 1995. Se trata de una revisión que dice querer corregir supuestos defectos legislativos con un borrón y cuenta nueva. Corrección que, curiosamente, viene de quienes se declaran más constitucionalistas que nadie y que, sin embargo, no cita la Constitución más que de manera marginal, refiriéndose a Canarias.

En materia de urbanismo, impulsa la especulación bajo el disfraz de los denominados “Proyectos de Alcance Regional” que permite desarrollar “en cualquier clase de suelo” y que, si son de iniciativa pública, una vez aprobados por la administración regional, no estarán sujetos “a licencias ni a actos de control municipal” y si son de iniciativa privada, tras un mero “acto de intervención o de posterior control municipal, la aprobación del proyecto legitimará inmediatamente su ejecución”. En este caso, además, en franca contradicción con el artículo 47 de la Constitución, que ordena que los poderes públicos establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

En lo concerniente al medio ambiente y preservación de la naturaleza, el ómnibus conduce a la región de Madrid, directamente a los años setenta. Como la asociación ecologista Amigos de la Tierra ha planteado en sus alegaciones, lejos de velar por la defensa y conservación de los espacios regionales de alto valor ecológico, menoscaban y reducen su nivel de protección al disponer que “se eliminan o racionalizan prohibiciones genéricas o innecesarias en el contexto actual” y vacía en buena medida el contenido protector de las leyes de los tres parques regionales: el de la cuenca alta del Manzanares, el de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (ambos de la etapa de mayoría de izquierdas) y el del curso medio del río Guadarrama y su entorno.

Un contexto que no concreta y que precisamente va en sentido contrario al que se pretende con esta contraley, cuando la extinción de especies, las funciones desempeñadas por estas en los ecosistemas, la crisis ambiental y la lucha contra el cambio climático se han convertido en una prioridad mundial, que también obliga a las administraciones públicas españolas. Así lo señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU y las estrategias europeas de la biodiversidad o la inclusión de áreas madrileños en redes internacionales de protección: el humedal de Peñalara (RAMSAR), el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la sierra del Rincón (reservas de la Biosfera de la UNESCO).

En definitiva, estamos ante un revisionismo sin precedentes de políticas clave de la Comunidad de Madrid. Prefigura lo que haría en todos los ámbitos un gobierno estatal PP-VOX: una marcha atrás hacia etapas predemocráticas a la que los movimientos sociales, los sindicatos y los partidos progresistas (incluso una derecha democrática y pro europea si la hubiera) deben oponerse con todos los instrumentos legales a su alcance y frente a la cual la ciudadanía tendrá la última palabra.

No estamos ante una ayusada más, esto va en serio.
 

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Un ómnibus solo con marcha atrás