En plenas fiestas navideñas y con la sexta ola en plena ebullición, el gobierno de Díaz Ayuso ha vuelto a mostrar una forma de ejercer el poder que retrata de manera nítida la forma de entender la democracia que tienen los dirigentes del Partido Popular. Me explicaré:
El pasado día 23 de diciembre se publicó en el Portal de Transparencia de la Comunidad el anuncio del trámite de audiencia e información pública del Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad, conocida coloquialmente como ley Ómnibus.
Este anteproyecto de ley modifica más de una treintena de leyes, así como varios decretos y afecta a sectores tan importantes como la hacienda pública, medio ambiente, ordenación territorial y urbanismo, servicios sociales o sistema sanitario entre otros.
Pues bien a pesar de la enorme trascendencia de los temas que el anteproyecto recoge, el Gobierno de la Sra. Díaz Ayuso lo tramita por vía de urgencia y determina que las alegaciones que organizaciones sociales o ciudadanos particulares quieran presentar al anteproyecto deben hacerlo en el reducidísimo periodo de tiempo que va desde su anuncio el pasado 23 de diciembre hasta el próximo día 3 de enero, lo cual supone un grave obstáculo al derecho de participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley recogido en la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tras un cuarto de siglo con gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid no sorprende esta forma de ejercer el poder político, con desprecio absoluto a la ciudadanía y organizaciones sociales; ello es intolerable más aún cuando lo que el Anteproyecto quiere consolidar si se convierte en ley, es un proceso mayor de desregulación que permitirá un menor control sobre las acciones del gobierno, una mayor capacidad para avanzar en procesos privatizadores de los servicios públicos y una deriva aún mayor en las políticas neocom que el gobierno de la Sra. Díaz Ayuso representa a la perfección.
Tras la enorme sequía de producción legislativa en la Asamblea de Madrid desde la llegada de Díaz Ayuso a la Presidencia con sólo tres leyes aprobadas en más de dos años, una de ellas la ley del suelo recurrida al Tribunal Constitucional, es ciertamente llamativo que el Anteproyecto se tramite por vía de urgencia, se publique en fechas vacacionales y con periodo de audiencia, información pública y alegaciones tan reducido.
Todo parece indicar que se pretende hurtar la participación ciudadana en el proceso toda vez que tras el acuerdo presupuestario alcanzado con la formación de extrema derecha, donde se incluía la decisión de no contemplar ni valorar ninguna enmienda presentada por los grupos políticos de oposición, es obvio que el trámite parlamentario para convertir el anteproyecto de ley ómnibus en ley será una farsa y las enmiendas y sugerencias de los grupos de oposición no serán contempladas e incluso ni siquiera leídas.
LLUEVE SOBRE MOJADO
Desde 2003 hasta hoy, el respeto exigible en democracia a las minorías parlamentarias, a las organizaciones sociales y sindicales, e incluso a los funcionarios y empleados públicos, ha sido violentado demasiadas veces y muestra una forma de ejercer el poder que contempla un peligroso déficit democrático.
El acuerdo PP-VOX para aprobar los presupuestos de 2022 y el compromiso que contiene de bloquear todas las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios de la oposición tanto sean totales como parciales, supone un ataque peligroso al funcionamiento del sistema parlamentario y debilita a la democracia. El déficit democrático que de ello se desprende es innegable.
La opacidad y las irregularidades han sido características visibles en la acción de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y no han desaparecido aún, el proceso privatizador de la sanidad pública es un buen ejemplo de ello.
Conocer las cuantías reales que se están pagando a las empresas concesionarias de los hospitales de gestión mixta público – privada sigue siendo hoy misión imposible, la deuda que la Consejería de Sanidad tiene con las citadas concesionarias y su verdadera cuantía tampoco es conocida con certeza. El convenio singular vigente con la Fundación Jiménez Díaz (Quirón Salud) está mostrando una serie de pagos desde la Consejería de Sanidad al gigante sanitario privado que se realizan sin respetar los procedimientos administrativos exigidos.
Hemos conocido por los medios de comunicación que el importe que la Consejería de Sanidad se comprometía a abonar desde enero de 2020 al hospital Fundación Jiménez Díaz debía cerrarse el 31 de diciembre de 2019 y aún no se había firmado casi un año después. El incumplimiento de la norma ha supuesto más de una docena de convalidaciones de gasto que desde abril 2020 han supuesto un pago de casi 500 millones de euros; esas convalidaciones de gasto significan según las define el Tribunal de Cuentas imputaciones en un ejercicio, de gastos que se han realizado con incumplimientos en el procedimiento legalmente establecido.
OPACIDAD E IRREGULARIDAD COMO CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA DE GOBERNAR DE DÍAZ AYUSO
La irrupción de la pandemia y su gestión han mostrado otra de las características de la forma de ejercer el poder político el gobierno presidido por la Sra. Díaz Ayuso, la indecencia. Trataré de argumentarlo:
Desde el inicio de la crisis sanitaria generada por el virus SARS-COV 2, los máximos responsables del gobierno autonómico madrileño con su presidenta a la cabeza han tratado de eludir cualquier tipo de responsabilidad. Todos los hechos que mostraran ante la opinión pública carencias o errores, era atribuida su responsabilidad al Gobierno de España y para conseguir que la idea calara en los ciudadanos se utilizaban mentiras de manera repetida. Esta perversa dinámica llevó a que el Gobierno de Díaz Ayuso hiciera de la INDECENCIA otra de sus características.
Así sostener que la gestión de las Residencias de Mayores en la Comunidad de Madrid era competencia de la Vicepresidencia que entonces ostentaba el Sr. Pablo Iglesias era un bulo, tal y como ha sostenido quien entonces era responsable de la Consejería competente en esa materia.
LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS FUE SIEMPRE COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTONÓMICO
Los dramáticos hechos que en ellas acaecieron merecen en mi opinión y creo que también en la de muchos madrileños se investiguen en profundidad para delimitar todo tipo de responsabilidades.
El enorme deterioro que la Atención Primaria sufre en la Comunidad de Madrid a consecuencia de la nefasta gestión del gobierno regional ha colocado a este pilar básico del sistema sanitario en una caótica situación. Ante esta situación, otra vez LA INDECENCIA del gobierno regional aparece y así vimos como la propia Presidenta de la Comunidad efectuaba unas declaraciones donde deslizaba que los profesionales no cumplían con sus obligaciones y que lo iba a investigar.
Con un gobierno autonómico que ejerciendo sus funciones mantiene zonas de opacidad, comete irregularidades, no asume responsabilidad alguna, culpa a terceros de los errores imputables a su gestión, pacta acuerdos con la ultraderecha que contienen puntos que desvirtúan el normal funcionamiento parlamentario, parece razonable que organizaciones y ciudadanos viendo la inusitada rapidez con que se pretender aprobar el anteproyecto de ley Ómnibus que contiene materias muy sensibles que les afectan, hayan solicitado se amplíe el plazo el plazo del trámite de audiencia e información pública , así como el de presentación de alegaciones.
