El fin del negocio del miedo: impacto político de la regularización extraordinaria en España

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La reciente iniciativa de regularización extraordinaria en España ha trascendido el ámbito de la gestión administrativa para situarse en el centro de una reconfiguración profunda del tablero político nacional. Lo que para el gobierno socialista es una medida de justicia social y pragmatismo económico, para otros como PP (Partido de los Poderosos) y VOX (Violencia, Odio y Xenofobia) representa una amenaza directa a las estructuras discursivas y electorales sobre las que se ha construido la oposición a la inmigración en la última década. Este proceso no solo otorga estatus legal a cientos de miles de personas; desmantela, paso a paso, los pilares de la narrativa del miedo.

Desde una perspectiva de estrategia política, la derecha y la extrema derecha perciben esta medida como una forma de "ingeniería electoral"

El primer gran impacto de esta medida es de carácter macroeconómico y contable. Se estima que aproximadamente medio millón de personas residen actualmente en España en situación de irregularidad, participando en la economía sumergida. Su incorporación al sistema formal no es un gasto, sino una inversión de retorno inmediato para las arcas públicas.

Al formalizar su situación laboral, estos nuevos ciudadanos comienzan a contribuir activamente a la Seguridad Social y al sistema impositivo (IRPF, IVA incrementado por mayor consumo formal). Este hecho dinamita el relato las estructuras cavernarias españolas de la "carga para el Estado". Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han señalado reiteradamente que la pirámide poblacional española requiere una inyección constante de trabajadores jóvenes para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Cuando la estadística demuestra que el inmigrante regularizado aporta más de lo que recibe en servicios públicos, el discurso de la "subvención" se vuelve empíricamente insostenible. El Gobierno, al ejecutar esta regularización, no solo recauda: ¡arrebata a la derecha el argumento de la insostenibilidad económica!

Quizás el punto de mayor fricción política reside en el potencial vuelco demográfico del censo electoral. La obtención de la residencia es el primer paso hacia la nacionalidad y, por ende, hacia el derecho al sufragio en elecciones generales. Históricamente, los procesos de regularización han tendido a fidelizar el voto hacia aquellas formaciones políticas que han defendido su integración y reconocimiento de derechos.

El pánico de formaciones como Vox o el ala más conservadora del PP no es solo ideológico; es una cuestión de aritmética de poder

Desde una perspectiva de estrategia política, la derecha y la extrema derecha perciben esta medida como una forma de "ingeniería electoral". La incorporación de medio millón de personas —muchas de ellas con perfiles socioeconómicos que encajan en el electorado de izquierdas o con una lealtad institucional hacia el Gobierno que los legalizó— supone una alteración del equilibrio de fuerzas. En un sistema donde muchas provincias se deciden por márgenes estrechos, esta nueva masa de votantes representa un "cheque electoral" que podría blindar mayorías progresistas durante ciclos venideros. El pánico de formaciones como Vox o el ala más conservadora del PP no es solo ideológico; es una cuestión de aritmética de poder. Sin embargo, estos argumentos espurios se descomponen ante el hecho de que, para poder participar en las elecciones generales, hay que ser español, y el permiso de residencia es una cosa, y la nacionalidad es otra.

Durante años, la estrategia comunicativa de los sectores anti-inmigración se ha basado en la noción de "España colapsada" y en la visibilización del inmigrante como un elemento ajeno y amenazante. Sin embargo, la regularización extraordinaria obliga a la sociedad —y a los partidos— a confrontar una realidad preexistente: estas personas ya están aquí. No están "llegando"; ya viven en nuestros barrios, ya cuidan a nuestros mayores, ya recogen nuestras cosechas y ya forman parte del tejido cotidiano.

La resistencia de los sectores conservadores es una lucha por la supervivencia de un modelo de movilización política basado en la identidad y la exclusión

Regularizar es, en esencia, admitir la realidad. Al otorgar papeles a quien ya está integrado de facto, el Gobierno desactiva la mística de la "invasión invisible". Cuando el vecino que antes era "irregular" se convierte legalmente en "ciudadano", el miedo al extraño se disipa ante la normalidad de la convivencia. El relato de la derecha se queda así sin su combustible principal: la incertidumbre. La imagen del presidente del Gobierno defendiendo esta postura en foros internacionales, como Pekín, proyecta una imagen de control y soberanía basada en la gestión de la realidad, dejando a la oposición atrapada en una retórica de resistencia que parece cada vez más desconectada de la economía real y la demografía de la calle.

En última instancia, la resistencia de los sectores conservadores no debe entenderse meramente como una discrepancia legal. Es una lucha por la supervivencia de un modelo de movilización política basado en la identidad y la exclusión. La regularización extraordinaria no solo cambia la vida de medio millón de personas; cambia la estructura misma del debate político en España.

La regularización extraordinaria no solo cambia la vida de medio millón de personas; cambia la estructura misma del debate político en España

Al integrar a estos trabajadores en el sistema formal, el Estado fortalece su soberanía fiscal, neutraliza el discurso de la marginalidad y sienta las bases de una nueva base electoral que podría redefinir las mayorías en el futuro próximo. La derecha grita, en efecto, porque está perdiendo el control sobre el tema que más rédito le había dado hasta ahora. La política del miedo está siendo derrotada por la política de la realidad contable y social. No solo es una medida política de justicia social, es también una nueva jugada maestra del mejor amigo del Hombre. Un saludo a todo el mundo.