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jueves 19/5/22
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El Tribunal Supremo, como era de esperar, ha rechazado la legitimación de los partidos de la oposición conservadora para cuestionar los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el Procés, sin siquiera entrar en el contenido de los recursos. Estaba cantado, a tenor de los precedentes, pero a pesar de todo el resultado en el tribunal ha sido ajustado, aunque desde un principio la estrategia no es la defensa de sus derechos como parte supuestamente afectada por el Procés, a sabiendas de que no lo eran, sino que por el contrario se trata de continuar con la estrategia de cuestionar la legitimidad del gobierno en el ejercicio de competencias, incluso de una tan exclusiva como el derecho de gracia, Por eso ahora, incluso antes de que sean públicos los argumentos del tribunal, se anuncia ya la intención de los recurrentes de la derecha de continuar con un nuevo paso, esta vez ante el Tribunal Constitucional, donde el recurso tiene aún menos posibilidades de prosperar. Pero es que da igual.

Las derechas continuarán adelante con su estrategia de deslegitimar el origen, la composición, los apoyos parlamentarios y la propia acción de gobierno

Las derechas continuarán adelante con su estrategia, convertida en casi una obsesión después del transcurso de más de media legislatura, consistente en deslegitimar el origen, la composición, los apoyos parlamentarios y la propia acción de gobierno. Lo han hecho primero frente a la moción de censura tildándola de ilegítima, luego con la composición del gobierno de coalición y de la mayoría de investidura como antipatria y más tarde, a todo lo largo de las distintas medidas de emergencia adoptadas para controlar las sucesivas olas de la pandemia, calificadas de autoritarias, cuando no de estado de excepción encubierto y de esconder en el fondo un oscuro proyecto eugenésico.

La última fase de esta estrategia ha sido la judicialización de la política y más en concreto de cada una de las decisiones del gobierno. Entre otras las decisiones de urgencia adoptadas en forma de decretos ley, en unos casos ante los tribunales de justicia y en otros, como con los estados de alarma, ante el Tribunal Constitucional. La misma que han seguido con la parte fundamental de las más cuarenta leyes aprobadas por el Congreso de los diputados, más en concreto frente a la ley Celaá, la ley Riders, la reforma de los nombramientos del CGPJ, la ley de eutanasia, todas ellas pendientes de sentencia, ya con la nueva composición del Tribunal Constitucional.

Forma parte de la mencionada estrategia de deslegitimación ante los tribunales de justicia, lo que ahora acaba de anunciar el PP espoleado por el gobierno de la Comunidad de Madrid con los fondos europeos, no por casualidad en plena precampaña de las elecciones en Castilla y León, que a buen seguro continuará con las próximas elecciones andaluzas y al menos hasta las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo del próximo año, utilizadas como primarias de las elecciones generales de 2023. Unos fondos cuya gestión y transparencia están aprobados en el parlamento, controlados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y cuyo reparto a las CCAA ha sido consensuado en diversas conferencias sectoriales, además de los estrictos controles previos y posteriores establecidos en el marco de las instituciones europeas. Pero también da lo mismo. Como complemento, por lo pronto, el PP ha trasladado la acusación de reparto arbitrario de los fondos europeos a sus homólogos conservadores en la Unión Europea y prepara una nueva fase de su estrategia de obstrucción e impugnación de la gestión de los fondos New Generation en las instituciones europeas, aunque seguramente no llegará a recurrir a la justicia europea, un ámbito donde la derecha española no se siente tan cómoda. 
 

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