La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a reprochar al presidente del Gobierno haber renunciado al liderazgo de la gestión de la pandemia, todo ello el mismo día en que después del consenso sobre en nuevo criterio de cuarentenas y brotes en las escuelas logrados en la ponencia de vacunas y la comisión de salud pública, su gobierno, a pesar de votarlos, se ha desligado una vez más de los acuerdos alcanzados.
Con carácter previo, la Comunidad de Madrid junto con otros gobiernos autonómicos y las dudas del ministerio de Sanidad habían excluido del nuevo semáforo las correspondientes medidas restrictivas de la movilidad y los aforos de la hostelería y el ocio nocturno ante la posible aparición de la sexta ola. Ahora, con la sexta ola en marcha, la Conferencia de Presidentes ha aprobado antes de nochebuena una serie de medidas generales de apoyo al rastreo y a la respuesta sanitaria que han quedado empañadas por la polémica de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, un mal sucedáneo de la restricción de aforos y del ocio nocturno previstos inicialmente en función de la evolución del nuevo semáforo. Unas medidas que, después de bloquear las del semáforo por excesivas, han sido consideradas por la oposición, y algunas CCAA como insuficientes, cuando no, aprovechando la opinión de los expertos, como carentes de evidencia científica.
Lo cierto es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha logrado un perfil propio a nivel público y un incontestable triunfo electoral, incluso ahora una posición crítica frente la dirección de su propio partido, mediante la confrontación con la gestión del Gobierno y del presidente Sánchez en particular en cada ola de la pandemia. En el difícil equilibrio de la gestión política de la pandemia de todos los gobiernos entre salud y economía, la señora Ayuso no ha tenido ninguna duda en decantarse desde el principio y sin matices por la economía y en particular por la hostelería, aunque eso haya supuesto renunciar a la política como mediadora entre evidentes intereses en conflicto y abandonar con ello la protección de la salud de los más vulnerables, por ejemplo en las residencias de ancianos. Así, junto con la ultraderecha ha liderado tan pronto la atribución oportunista al gobierno de la responsabilidad de la extensión de la pandemia al promover la movilización feminista del 8 de marzo, como inmediatamente después ha representado la alternativa de un relato de negacionismo vergonzante, primero frente al confinamiento domiciliario en la primera ola y luego contra cualesquiera restricciones de movilidad, de límite de aforos y de horarios en la hostelería incluidos en la estrategia de desescalada, en la de respuesta temprana y más tarde en las actuaciones coordinadas de las contempladas en la ley de cohesión, con su impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciendo también tándem con la extrema derecha de Vox ante el Tribunal Constitucional, para al final cuestionar, incluso con el gobierno húngaro de Víctor Orbán la compra conjunta de vacunas por parte de la Unión Europea, un patinazo que luego ha intentado ocultar ante el éxito de la vacunación en España con la denuncia de un supuesto favoritismo en el reparto a las CCAA con gobiernos de izquierda en detrimento de Madrid.
Por otra parte, sus recientes declaraciones en que atribuye el origen de la confrontación al presidente del gobierno para acusarle además de copiar las medidas del gobierno de Madrid y presumir por otra parte de ser la comunidad que refuerza la sanidad y la educación públicas, solamente pueden calificarse de fake news para convencidos o de broma de mal gusto, si no nos encontrásemos ante un tema tan serio como es la dirección política y la responsabilidad de gestión de la pandemia. Lo cierto es que para quien sólo tiene la prioridad económica y contesta todas las medidas de salud pública no le es difícil ser vanguardia cuando se vislumbra la salida de cada ola de la pandemia ni retaguardia cuando se trata de evitar medidas impopulares de contención ante una ola de salida como la actual. Entre el oportunismo y el negacionismo vergonzante.
Por eso, a diferencia de su partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha sumado siquiera a la exigencia vacua de una denominada ley de pandemias ni ha promovido legislación propia alguna en materia de salud pública, convencida de que le basta con la agitación del rechazo a las medidas aprobadas y la explotación del agravio a la identidad madrileña en estos tiempos populistas, para continuar con su labor de zapa en favor de los intereses empresariales del fomento de las pólizas privadas frente a la sanidad pública.
En esa estrategia se produce la descalificación del estado de alarma como estado de excepción encubierto, por parte de la ultraderecha y de su ratificación por parte de las correspondientes sentencias de un Tribunal Constitucional nítidamente escorado hacia la derecha populista. Nada explicaría las recientes sentencias del Tribunal Constitucional que convierten al estado de excepción en la única ley de pandemias para situaciones límite como la vivida en la primera ola, sino fuera por la contaminación populista de la mayoría conservadora de nuestro Tribunal de garantías. Un despropósito que esperemos que cambie con su reciente renovación.
A pesar de todo esto, y de la una persistente infodemia, en la última encuesta publicada por El País y la Cadena SER, los españoles valoran de forma mayoritaria como positiva la gestión de la pandemia por parte del gobierno de coalición, como ya hicieran una mayoría relativa de los catalanes con su apoyo al exministro y candidato Salvador Illa, si bien con la única salvedad de los problemas de funcionamiento de la cogobernanza, entre cuyos obstáculos habría que destacar la nula cooperación y lealtad federal, en particular por parte del gobierno de la comunidad de Madrid, que ha funcionado de hecho como el más tópico gobierno independentista.
Porque las normas sobre salud pública aplicables a la pandemia, además de las leyes de estado de alarma y de medidas especiales, se han complementado también con la legislación posterior como la ley de cohesión y la más reciente ley general de salud pública de 2011. No parece que este marco legal haya sido sustancialmente diferente de las leyes de infecciones, del estado de emergencia o de calamidad aplicadas por otros países europeos de nuestro entorno. El carácter amplio de las posibles restricciones y el margen que estas leyes contemplan para la labor de las distintas administraciones en un Estado descentralizado, con los Tribunales Superiores de Justicia como garantía y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo han suplido con creces la dudosa utilidad de una ley de pandemias ni de una ley ad hoc para cada tipo de pandemia. Pero nada de esto le importa al negacionismo vergonzante y la estrategia oportunista del gobierno de la Comunidad de Madrid.
