A finales de marzo de 2022, cuando se cumplían dos años desde la declaración del estado de alarma y posterior aprobación del Real Decreto-Ley 8/2020 sobre “medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID”, la afiliación total a la Seguridad Social alcanzaba máximos históricos (19.958.479), situándose por encima de la existente antes de la pandemia (+2,4%), tras la creación en sólo dieciocho meses de 1,5 millones de puestos de trabajo (tabla 1), con la consiguiente reducción del paro (-22,5% respecto del registrado en el momento más duro de la crisis), lo que contrasta con los 11 años que costó recuperar los niveles de empleo tras la anterior recesión.
Cuando todo parecía confirmar que estábamos en la fase de salida de la crisis provocada por la COVID y avanzando hacia la normalidad sanitaria y la recuperación económica, los daños colaterales derivados de la guerra desatada por la invasión rusa de Ucrania, además del drama humanitario que supone, amenazan con frenar dicho proceso y abrir una nueva/vieja etapa de incertidumbre y recesión.
Es, pues, el momento de analizar los modelos de gestión de crisis desarrollados hasta ahora, evaluar sus resultados y ponderar su posible adaptación al nuevo escenario.
Cambio de paradigma en la gestión de la crisis
Mientras que la crisis financiera (2008-2015) se gestionó de forma unilateral por el Gobierno conservador, tanto en su regulación legal (reforma laboral de 2012) como económica (recortes, congelación salarial) y social (despidos, debilitamiento de la negociación colectiva), la gobernanza de la crisis sanitaria impulsada por el gobierno progresista (2020-2022) representa un auténtico cambio de paradigma, tanto por la metodología utilizada (diálogo social e institucional) como por las estrategias desarrolladas de carácter legal (reforma laboral negociada) y socioeconómico (inversión pública, incremento del SMI, ayudas a trabajadores y empresas, reforzamiento de la negociación colectiva).
Tabla 1
Afiliación a la Seguridad social, paro registrado y trabajadores en ERTE (2020-2022)
Fuente.- Seguridad Social y SEPE
Los efectos de ambos modelos de gestión resultan, asimismo, muy diferentes. Mientras que en la gran recesión se llegó a los 6,2 millones de parados en el primer trimestre de 2013 (27,2% de la población activa), tras la crisis pandémica los datos de paro se sitúan justamente en la mitad (3,1 millones y 13,3%, según la última EPA)
Durante los primeros años de la anterior crisis el PIB se redujo en un 8,6%, mientras que el empleo caía prácticamente el doble (-16,3%), poniendo de manifiesto cómo el ajuste duro se cargaba fundamentalmente sobre los trabajadores por la vía de los despidos individuales y colectivos (480.000 sólo en 2012 mediante EREs de rescisión), la precariedad contractual y la devaluación salarial, con el consiguiente incremento de la desigualdad social.
En esta ocasión, el comportamiento del mercado de trabajo ha sido muy distinto, pese al fuerte shock inicial (tabla 2). De entrada, el empleo cayó menos que el PIB (6,2 y 17,7 por cien, respectivamente, durante el segundo trimestre de 2020) y se recuperó más pronto (tercer trimestre de 2021), mientras que al cierre del pasado ejercicio el PIB seguía estando un 4% por debajo del registrado a finales de 2019.
Tabla 2
Evolución trimestral del PIB, empleo y paro
Fuente.- Instituto Nacional de Estadística: Contabilidad Nacional y EPA
El factor diferencial entre ambas crisis ha sido, según consenso generalizado de expertos y analistas, la aplicación sistemática ahora de los ERTEs como estrategia de flexibilidad interna que ha operado como auténtico escudo social evitando, de entrada, el recurso generalizado al despido como mecanismo de ajuste, garantizando luego el mantenimiento de los puestos de trabajo mediante exoneraciones fiscales a las empresas y prestaciones salariales a los trabajadores y facilitando, finalmente, la progresiva recuperación de la actividad productiva.
ERTEs: regulación, cobertura y efectos
La figura jurídica ya existía (artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores), si bien apenas se utilizaba en algunas grandes empresas, siendo mayoritario el recurso a mecanismos de flexibilidad externa (contratación temporal) o desregulación de empleo (ERE) para empresas en crisis (art. 51 ET), mediante despido colectivo, suspensión de contratos o reducción de jornada por razones de fuerza mayor (FM) o casusas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).
Entre 2008 y 2013 perdieron su empleo por esta vía tres millones de trabajadores, superándose los seis millones de parados (26,1% de la población activa). En los seis años siguientes se crearon dos millones y medio de empleos y la tasa de paro descendió hasta el 14%, pero en ambos períodos el ajuste mayoritario se hizo en base al uso y abuso de la contratación temporal (60% en la fase recesiva y 45% en la de recuperación)
El 11 de marzo de 2020, tres días antes de la declaración del estado de alarma, apenas había 5.000 trabajadores en ERTE. Mes y medio después eran 3.390.788 los cubiertos por dicha modalidad regulatoria.
La clave estuvo en las modificaciones incluidas en el RD-L 8/2020, de 17 de marzo, que garantizaba la percepción de prestaciones salariales a los trabajadores (70% de su base reguladora), la exención de cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y la salvaguarda del empleo (prohibición de despedir durante los 6 meses siguientes a la recuperación de la actividad productiva). Medidas que serían posteriormente adaptadas a la evolución de la pandemia y la necesidad de atender a colectivos específicos (fijos discontinuos, autónomos), en un proceso continuado de diálogo social tripartito (Gobierno, sindicatos, patronal) e intensa producción legislativa (15 Reales Decreto-Ley hasta finales de 2021).
Tras parar el primer golpe de la crisis, defendiendo el empleo y las prestaciones básicas de la cuarta parte de la población asalariada, los ERTE se orientaron a garantizar la continuidad contractual y las exoneraciones sociales de trabajadores y empresas para impulsar progresivamente la reactivación económica y el retorno a la actividad productiva, impugnando en la práctica los cálculos deliberadamente catastrofistas del por entonces gurú económico del PP que, despreciando la potencial eficacia de los ERTE, preveía la destrucción de 900.000 empresas y un dramático incremento del paro hasta tasas del 35%
Sin embargo, en octubre de 2020 habían vuelto ya al trabajo 2,5 millones de afectados, iniciándose desde entonces una paulatina recuperación tan sólo alterada por las sucesivas oleadas de la pandemia, de manera que en la actualidad sólo continúan en situación de ERTE 96.000 trabajadores, el 2,8% de los inicialmente protegidos a nivel nacional, con significativas diferencias entre Comunidades Autónomas , derivadas de la desigual presencia de subsectores más afectados por las restricciones a la proximidad y movilidad (turismo, comercio minorista, transportes de viajeros…), sobre los que se focalizan ahora los programas de formación y reorientación profesional.
Tabla 3
Prestaciones ERTE por Comunidades Autónoma (abril’20-marzo’22)
Fuente.- Seguridad Social y SEPE
(*) Afiliados al Régimen General (sin sistemas especiales) + R.E. Mar (cta. ajena). Media del período
(**) Total personas distintas perceptoras de prestaciones por ERTE durante el período de referencia.
En cómputo global, hasta el momento han sido 4.187.987 las personas trabajadoras que han mantenido su relación laboral y percibido el 70% de su salario durante el tiempo, mayor o menor según los casos, de su permanencia en ERTE (tabla 3), lo que equivale al 29,7% de la población asalariada susceptible de acogerse a dicha prestación, porcentaje que presenta significativas variaciones intercomunitarias, en función de la desigual presencia de sectores especialmente sensibles a los efectos sociales de la pandemia.
El importe total de las prestaciones percibidas por los trabajadores en ERTE a lo largo de todo el período se aproxima a los 16 mil millones de euros, cantidad que se dobla prácticamente si añadimos otras aportaciones públicas complementarias (exoneración de cotizaciones a las empresas, ayudas a autónomos, etc.).
La magnitud de dichas cifras permite imaginar, a sensu contrario, las dimensiones de la fractura social que se habría producido por ausencia de las mismas en una apoteosis neoliberal del sálvese quien pueda.
Recuperación (cuantitativa y cualitativa del empleo)
El seguimiento y análisis de los datos de la EPA y de los correspondientes registros del SEPE y la Seguridad Social nos permiten evaluar el impacto social de este modelo para parar el paro y reactivar el empleo.
En la fase más dura de la crisis, entre el primer y el tercer trimestre de 2020, la tasa de paro pasó del 14,4 al 16,2 por cien, para disminuir desde entonces hasta situarse a finales de 2021 en el 14,5%. Un reciente estudio publicado por investigadores de la Universidad de Sevilla demuestra que sin ERTEs la tasa de paro se habría disparado hasta el 42% y, por otra parte, que dicho sistema ha contribuido a frenar la destrucción de empleo temporal, tradicional mecanismo de ajuste en crisis anteriores. Según dicha investigación, sólo se destruyó un 8,9% del empleo temporal al inicio de la pandemia y un 13,6% en la fase de recuperación.
Por su parte, la evolución del empleo ha seguido una secuencia complementaria: entre febrero y mayo de 2020 se destruyeron 1.120.481 puestos de trabajo (-5,7% de afiliaciones a la Seguridad Social), habiéndose recuperado desde entonces 1.593.o96 (+8,6%), registrándose a finales de marzo’2022, tras 11 meses consecutivos de crecimiento, casi medio millón más de empleos que los existentes antes de la pandemia recuperando y consolidando la tendencia interrumpida por la crisis sanitaria.
No sólo se estaría creando empleo, sino que este es de mejor calidad, con un crecimiento sostenido de los contratos indefinidos y consiguiente reducción de la temporalidad que ha sido, y lo sigue siendo aún, el principal problema de nuestro mercado de trabajo, con tasas que doblan la media europea, lastran la modernización real de las empresas y precarizan el trabajo y la vida de los trabajadores.
La reciente reforma laboral (Real Decreto-Ley 32/2021) ha modificado radicalmente la regulación impuesta por el PP en 2012, especialmente en la tipología de la contratación laboral que, por definición, se presume a partir de ahora como concertada por tiempo indefinido (artículo 15.1 del nuevo Estatuto de los Trabajadores)
Durante el primer trimestre de 2022 la contratación ha alcanzado la cifra de 4.712.230, lo que supone 793.410 contratos más (20,2%) que en igual período de año anterior, habiéndose triplicado el porcentaje de contratos indefinidos hasta situarse en el 30,7% del total de los registrados.
Y ha sido ahora que todos los indicadores apuntaban hacia una consolidación de la recuperación económica y social cuando el fantasma de la guerra amenaza de nuevo con desestabilizar el proceso, desatando una espiral inflacionaria (9,8% a finales de marzo) que obliga a revisar las previsiones de crecimiento para este año (5,8% para España, según el FMI), debilita la competitividad externa de las empresas y devalúa los salarios de los trabajadores…, ante lo que emerge, de nuevo, la necesidad de articular grandes consensos políticos y sociales para hacer frente a la nueva crisis, de magnitudes aún imprevisibles, cuando apenas salíamos de la anterior, tal y como propone el Plan Nacional propuesto por el Gobierno (Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo).
Pere J. Beneyto
(Universidad de Valencia)
