Tras la invasión militar de Ucrania por parte del ejército ruso, el mundo es más inseguro. Predomina lo inesperado, el futuro es más incierto y los costes y riesgos en curso amenazan la recuperación de la economía mundial. Bienestar, estabilidad política y el propio proyecto de unidad europea han sido puestos en cuestión por la guerra de agresión emprendida por el régimen de Putin. Una UE en transición afronta el mayor reto de su historia y cambios sustanciales de política económica en el peor contexto posible.
A pesar de que el efecto inmediato de la guerra ha sido unir a los socios comunitarios y dar más relevancia al papel actual y a las misiones futuras de la UE, también ha puesto a las instituciones comunitarias ante el espejo de sus muchas vulnerabilidades e insuficiencias. La UE necesita renovarse y cambiar si quiere afrontar los desafíos que plantean el avance de la extrema derecha en toda Europa, el cambio climático y la apuesta militar del régimen de Putin para reforzar su poder interno y afianzar la posición de Rusia como potencia regional y mundial.
La mayoría de los problemas y debates suscitados por la guerra en Ucrania afectan directamente a Europa, aunque pueden acabar incidiendo también en la configuración de la nueva globalización que sustituirá al agotado modelo neoliberal que ha sido hegemónico en el mundo durante décadas y lleva ya algunos años en franco deterioro. Cambios sustanciales por definir y por hacer en un contexto repleto de sombras e incógnitas que no permiten descartar ninguno de los escenarios extremos o menos probables que podrían darse: pronta derrota militar de Ucrania, parálisis del régimen de Putin o escalada de la guerra hacia una confrontación nuclear.
En este complejo contexto europeo y mundial, se han producido en los últimos días dos movimientos de cambio significativos y contradictorios que afectan a las políticas económicas de la UE que merecen atención: el primero se refiere a cuándo y a qué ritmo la política monetaria dejará de ser expansionista; el segundo, a la evolución de las políticas presupuestarias de los Estados miembros y a las nuevas reglas fiscales que sustituirán a las que fueron suspendidas tras la pandemia.
Sobre la política monetaria del BCE
Mientras se prolongue la guerra, lo más racional sería que la política monetaria del BCE siguiera siendo expansionista para facilitar la financiación del inevitable aumento del gasto público y asegurar la solvencia de los Estados más endeudados (en especial Italia y España) y el de las empresas europeas con mayores niveles de endeudamiento que, si se vieran afectadas por un aumento significativo de los costes financieros, podrían suspender pagos y cerrar sus puertas.
Sin embargo, no cabe descartar que las presiones de las fuerzas más dogmáticas en el cumplimiento a corto plazo del mandato de mantener la estabilidad de precios se impongan de nuevo, como en la crisis financiera global de 2008 y con parecidas nefastas consecuencias: fragmentación financiera asociada a la reaparición de altos tipos de interés y primas de riesgo en los países del sur de la eurozona; dificultades de financiación de las políticas de protección social, modernización productiva y apoyo al tejido empresarial con especiales dificultades; recortes de los gastos de protección social y de las inversiones públicas; reducción del crecimiento y, en el peor de los casos, nueva recesión con más desempleo, pobreza y desigualdad.
La UE dispone de menores márgenes de actuación que EEUU porque tiene una guerra a sus puertas y es mucho más vulnerable en términos energéticos
El acuerdo tomado el pasado 14 de abril por el Consejo de Gobierno del BCE, anunciando el aumento de sus tasas de interés a finales de 2022 y la finalización de las compras netas de deuda en el próximo tercer trimestre, anticipa cambios que ya han empezado a producirse en EEUU. Pero la UE dispone de menores márgenes de actuación que EEUU, porque tiene una guerra a sus puertas y es mucho más vulnerable en términos energéticos; por otro lado, la inflación en EEUU tiene un alto componente endógeno, ya que resulta de una fuerte recuperación económica y una rápida subida de los salarios.
Por el contrario, la UE experimenta una más que notable inflación exógena causada fundamentalmente por el alza de los precios de las materias primas energéticas y alimentarias importadas, por lo que tiene poco sentido que el BCE endurezca su política monetaria, ya que su efecto en la reducción de la inflación sería muy pequeño, mientras sus impactos sobre el crecimiento (también, por lo tanto, sobre las rentas salariales y el empleo) serían muy negativos. Sin embargo, halcones y fundamentalistas del actual objetivo de inflación del BCE (próximo, pero por debajo del 2%) siguen presionando para que el BCE cumpla a corto plazo su mandato.
Las actas de la reciente reunión del Consejo de Gobierno del BCE reflejan un frágil acuerdo entre partidarios y detractores de subir los tipos de interés y de finalizar las compras de deuda. Por ahora, el BCE mantiene la actual política monetaria y espera a ver cómo se desarrolla la guerra en este segundo trimestre y su impacto económico sobre la inflación y la actividad económica. En este segundo trimestre de 2022, aún mantendrá las compras de deuda a ritmos aún notables (40.000 millones en abril, 30.000 millones en mayo, 20.000 millones en junio) y hasta finales de año los tipos de interés oficiales seguirán próximos al 0%.
Si vencen los fundamentalistas del objetivo de reducir la inflación hasta el 2% (que es el mandato del BCE), las costuras de la eurozona se verían sometidas de nuevo a una presión extrema y los países del sur de la eurozona no podrían seguir conviviendo con altos desequilibrios presupuestarios ni reforzar con financiación propia los planes de transformación estructural (transiciones digital y energética) que acaban de iniciar gracias a los fondos comunitarios. Se agrandaría la división entre el Norte y el Sur de la eurozona, la posibilidad de implosión de la UE se pondría de nuevo sobre la mesa y aumentarían las penurias de los sectores sociales que viven o malviven en situación precaria, lo que daría más y mejores argumentos para el avance de la extrema derecha.
El triunfo de Macron el próximo domingo, 24 de abril, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, podría inclinar esos debates del BCE hacia posiciones más razonables y equilibradas en la pugna por primar la lucha contra la inflación o contra la recesión y entre las necesidades de los países del Norte y del Sur de la eurozona. También desde este punto de vista, la victoria de Macron es importante, aunque sólo un tercio de los votantes de Mélénchon parezca entenderlo así.
Sobre las políticas presupuestarias
Mientras se prolongue la guerra en Ucrania, lo racional sería que la política presupuestaria de los países de la UE siguiera siendo expansionista para permitir la financiación por parte de los Estados miembros de los objetivos prioritarios que se plantea la UE: acelerar las inversiones que promuevan la transición energética y reducir lo más rápidamente posible la dependencia respecto al gas y al petróleo rusos; ayudar a hogares, empresas y sectores económicos afectados por los altos precios y el desabastecimiento de las materias primas energéticas, alimentarias e industriales procedentes de Rusia.
Sin embargo, los obstáculos para alcanzar esos objetivos aumentan. A la presión para ir reduciendo el carácter expansionista de la política monetaria se suma la de los halcones neoliberales del equilibrio presupuestario, que buscan establecer nuevos planes de consolidación fiscal nacionales para equilibrar a corto plazo las cuentas públicas.
La política monetaria expansionista es la que permitió durante la pandemia los importantes incrementos de gastos y déficits públicos para fortalecer el sistema sanitario, proteger empresas y sectores productivos y minimizar las pérdidas de empleos y renta de los hogares. Como consecuencia, los niveles de endeudamiento público se dispararon. Esa misma política monetaria expansionista es la que garantizaría ahora los bajos tipos de interés y el mantenimiento de las actuales políticas presupuestarias expansionistas para apoyar la actividad económica, reforzar la protección social e intensificar la inversión pública y privada destinadas a impulsar la transición energética y la modernización de estructuras y especializaciones productivas.
Las políticas monetaria y presupuestaria expansionistas son complementarias y podrían sostenerse si se logra un nuevo equilibrio macroeconómico
Las políticas monetaria y presupuestaria expansionistas son complementarias y podrían sostenerse si se logra un nuevo equilibrio macroeconómico que no exija recortes del gasto y la inversión del sector público y haga compatibles niveles de inflación y déficit público relativamente elevados con la paulatina reducción de las tasas de endeudamiento público respecto al PIB. Objetivos conseguibles gracias a la carga tributaria encubierta que soportarían los compradores de deuda pública como consecuencia del mantenimiento de las tasas de interés a largo plazo por debajo del crecimiento nominal del PIB. Sólo así se podrían seguir aumentando las inversiones eficaces que mejoren la productividad global de los factores y el crecimiento potencial.
Mientras dure la guerra, lo más probable es que la suspensión de las normas fiscales comunitarias (topes arbitrarios, incumplibles y contraproducentes del 3% respecto al PIB, en el caso del déficit público, y del 60%, en el de la deuda pública) se mantenga, sin que por ello se disipe el debate político y económico a favor y en contra del mantenimiento de políticas expansionistas monetarias y presupuestarias. Esa congelación de las reglas fiscales permitió a España y al resto de los países del sur de la eurozona seguir endeudándose tras la pandemia y minimizar los costes de las crisis desatadas por la pandemia. Y a esos dos instrumentos se sumó la aprobación de emisiones de deuda pública comunitaria, por parte de la Comisión Europea, para financiar transformaciones productivas modernizadoras.
Los que sostenían que la UE estaba marcada por un origen y una esencia neoliberales que la convertían en un proyecto irreformable se equivocaban
Sorprendentemente, en la primera semana de este mes de abril se produjo una noticia extraordinaria que habrá que ver hasta qué punto va a modificar los términos de estos debates: los representantes de España y Holanda en el Eurogrupo presentaron una propuesta conjunta para establecer nuevas reglas fiscales más flexibles, con una clara orientación anticíclica y adaptadas a las muy diferentes situaciones y problemáticas de las cuentas públicas de los Estados miembros. Habrá que ver los detalles de esa propuesta y cómo se desarrollan los debates en las instituciones comunitarias, pero ese acuerdo muestra una vez más que la UE es capaz de aprender de sus errores y transformarse. Como antes lo habían mostrado los programas del BCE de compra de deuda pública de los Estados miembros, la suspensión de las reglas fiscales o las emisiones de deuda comunitaria destinadas a dotarse de fondos europeos destinados a financiar las transiciones digital y energética. Esos avances en la actuación de las instituciones comunitarias nos enseñan lo mucho que las situaciones excepcionales (como la guerra en Ucrania o, antes, la pandemia) pueden favorecer cambios sustanciales en las políticas e instituciones comunitarias que descansan en intereses comunes, amplios acuerdos y concesiones mutuas. Los que sostenían que la UE estaba marcada por un origen y una esencia neoliberales que la convertían en un proyecto irreformable se equivocaban.
Otro cambio reciente tan relevante como los antes mencionados es la aceptación temporal de una isla energética ibérica, formada por España y Portugal, en el mercado único y una regulación particular (estableciendo un tope al precio del gas) que afecta al sistema marginalista de formación del precio de la electricidad. Pendiente aún de una difícil y compleja negociación y concreción, la aceptación de esa excepcionalidad refleja la mayor flexibilidad con la que las instituciones comunitarias abordan problemas particulares de los Estados miembros que afectan al funcionamiento del mercado único, que es la piedra angular de la actual UE.
Estos debates sobre reglas fiscales y políticas económicas comunitarias, aparentemente técnicas, pero de gran calado político e institucional, no responden a dinámicas de confrontación entre izquierdas y derechas, sino entre fundamentalistas y realistas; aunque haya una disputa entre izquierda y derecha en los márgenes ideológicos de esos debates económicos. La extrema derecha y la extrema izquierda, por su lado, juegan a otra cosa, de carácter virtual, en la que ponen por delante la disputa ideológica y su renuncia a participar en el diseño de las reformas posibles o en su gestión.
Esperemos que la mayoría de las fuerzas progresistas y de izquierdas europeístas entiendan su papel en estos debates económicos y contribuyan a que los intereses de las mayorías sociales ganen peso en los imprescindibles acuerdos transversales y amplios consensos entre las fuerzas democráticas con el objetivo de aprobar las mejores reformas posibles. En Francia, el próximo domingo, 24 de abril, las fuerzas y votantes progresistas y de izquierdas tienen la opción de actuar en consecuencia en las elecciones presidenciales y rechazar a la extrema derecha que lidera Le Pen de la única manera que hay de derrotarlas: votando a Macron. Ya habrá tiempo después de movilizarse y organizar la resistencia de la Francia precaria frente a las políticas que favorezcan exclusivamente a los grandes grupos empresariales y las rentas del capital. En esta segunda vuelta no hay un voto que permita rechazar al mismo tiempo a Macron y a Le Pen. No existe ningún otro candidato: si no se vota a Macron se posibilita la victoria de Le Pen.
Todos los debates de política económica en curso y la concreción final de las primeras propuestas de cambio dependerán del acierto y la inteligencia con los que la ciudadanía y las fuerzas políticas progresistas y democráticas aborden las reformas y los imprescindibles amplios acuerdos que las hagan posibles. Nada está escrito, no hay un plan preestablecido capaz de imponerse a la mayoría social y a la mayoría de los Estados miembros. Es en ese terreno de grandes mayorías y amplios acuerdos donde se juega el presente y el futuro de Europa.
