En España la contribución fiscal o presión fiscal, en 2019 -año todavía no afectado por los vaivenes de la pandemia- estuvo en el 35,4% del PIB, mientras que la media en los países de la Unión Europea fue del 41,1%, según datos de Eurostat. Es decir, la presión fiscal en España es un 5,7% del PIB inferior a la media europea. Dado que en 2019 el PIB fue de unos 1.244.000 millones de euros, nos faltan unos 71.000 millones de euros para contar con una cifra similar a la media de la UE.
Una parte muy importante de esa menor presión o contribución fiscal es consecuencia del enorme fraude fiscal que tenemos, fraude valorado en unos 80.000 millones de euros al año, es decir, una cifra muy superior a los 70.000 millones de euros que Europa ha concedido a España como Fondos de Recuperación.
Si redujéramos el fraude, causa esencial de nuestra menor presión fiscal, podríamos contar con una cifra de contribución o presión fiscal equivalente a la europea, contaríamos con 70.000 millones de euros más al año en las arcas públicas.
Se calcula que por cada euro invertido en personal se logran unos ingresos de lucha contra el fraude por encima de 9 euros, por lo que es una inversión rentable para el país
En España estamos preocupados por el alto nivel de desempleo. Es lógico, hay más de 3.250.000 de personas en paro y el 60% son mujeres. Se suele decir simplemente, que “no hay curro”. Pero resulta que nuestros gastos de protección social son mucho menores que los europeos. En 2019, fueron un 4,5% menor con respecto al PIB que la media de la UE, es decir unos 58.000 millones de euros menos en protección social.
Si redujéramos el fraude fiscal y pudiéramos contar con esos 70.000 millones, podrían ponerse en marcha muchos proyectos de protección social, proyectos que requieren mucho personal, generalmente femenino y joven.
El coste medio por persona, incluyendo las cotizaciones de la Seguridad Social, está en torno a los 32.000 euros, por lo que, si igualáramos nuestros gastos de protección social a la media europea, con esos 58.000 millones de euros, reduciríamos el paro permanentemente entre 1 y 2 millones de personas, aunque esto requiriera una inversión importante en edificios e instalaciones el primer año.
Además, al reducirse notablemente el número de parados, se producirían una serie de efectos en cadena como el aumento de salarios, pues existiría demanda de personal, el incremento de los ingresos fiscales, tanto en impuestos directos como en indirectos, y más cotizaciones sociales.
España, de acuerdo con los datos de la OCDE, solo tiene 53 personas trabajando en la administración tributaria por cada 100.000 habitantes, mientras que la Europa de 27 miembros tiene 86 contratados por cada 100.000 habitantes. Alemania, por ejemplo, tiene 132. Somos el penúltimo país europeo, de los 27, en personal para la investigación tributaria.
En la Ley contra el Fraude de julio pasado se logró introducir una disposición adicional por la que, en el plazo de 8 años, España debe tener una cifra de empleados en la Agencia Tributaria parecida a la europea.Esto implica que España debería contar en 2029 con unos 40.000 empleados en la AEAT, frente a los 25.000 actuales.
Además, la edad de media de las personas que forman la administración financiera y tributaria de España la sitúa en la penúltima posición de los 23 países de la UE de los que se dispone de datos. Causarán baja por jubilación, en estos 8 años, unos 11.000 empleados. Ahora se habla de contratar a 10.000 personas en 5 años para cubrir las bajas por jubilación, pero es que seguirán faltando 15.000 personas para alcanzar la cuotas de inspección a nivel europeo, como está señalado en la Ley contra el Fraude.
Será necesario para cumplir con La ley contra el Fraude contratar más de 3.500 personas al año de 2022 a 2019.
Es importante mencionar que se calcula que por cada euro invertido en personal se logran unos ingresos de lucha contra el fraude por encima de 9 euros, por lo que es una inversión rentable para el país.
Y aquí viene la pregunta que surge al hilo de esto: ¿Es consciente el Ministerio de Hacienda de que con un volumen mucho mayor de empleados en inspección va a:
- reducir notablemente el fraude fiscal,
- aumentar considerablemente los ingresos y
- además, reducir drásticamente el número de parados?
Este aumento de personal está previsto en la Ley contra el Fraude y debe ponerse en marcha cuanto antes, pues se tarda años desde que se convocan las plazas hasta que los nuevos incorporados son eficaces en el trabajo.
Miguel Gorospe | Coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal
