El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, compareció esta semana ante la Comisión de Hacienda a petición propia para informar sobre el Plan de Control Tributario y Aduanero de 2021. Durante su intervención, cifró en un 20%, es decir unos 5.000 efectivos, el déficit de plantilla del organismo con respecto a los grandes países europeos. Sin embargo, los datos, como la prueba del algodón, no engañan.
Según las últimas cifras publicadas, mientras que en España trabaja un funcionario de la AEAT por cada 1852 contribuyentes, esa cifra se reduce hasta los 1355 en el caso de Francia y hasta los 753 en el de Alemania. De manera que, cálculo sencillo, el déficit de plantilla con respecto al país germano escalaría hasta el 60%.
De esta forma, la media simple o aritmética con la que suponemos que habrán hecho la cuenta no refleja la urgente necesidad que tenemos en España de aumentar la plantilla de la AEAT para, entre otros objetivos, incrementar la recaudación mediante una más eficiente lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida: dos de los principales objetivos que deberían perseguirse.
Al mismo tiempo, Gascón marcó el desafío de alcanzar los 27.000 trabajadores este año y los 30.000 en el medio plazo. No obstante, a las 25.400 personas que trabajan hoy en día en la AEAT, convendría incorporar entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos hasta 2027 para que España se equipare a la plantilla media ponderada de las administraciones tributarias de los países de la UE-27 y de la zona euro-19.
No es la primera vez que pedimos aprovechar la tramitación parlamentaria de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal para corregir y cubrir las carencias del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2021.
Este año, como en muchos de los anteriores, no se ha especificado el grado en que se ejecutarán las nuevas directrices, cuyo logro completo -además de ampliar la plantilla de la AEAT- requeriría la realización de estudios oficiales sobre la economía sumergida que cuantifiquen periódicamente su evolución por territorios, sectores y tributos más vulnerables frente al fraude y la evasión; y el aumento de las competencias del 83% de los actuales funcionarios del grupo A.
En este sentido, la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) reduciría el fraude y mejoraría la gestión del gasto inyectando en esta legislatura 6.200 millones de euros adicionales al Tesoro Público, con un coste de apenas 18,2 millones de euros, un 1% de los gastos de personal correspondientes al Ministerio de Hacienda.
De esta manera, sería posible reducir hasta la mitad la economía sumergida, que en España actualmente asciende al entorno del 25% del PIB y provoca un agujero de 38.000 millones de euros en las arcas del Estado por la mayor evasión española respecto de la evasión media europea del 16%. Un agujero, en definitiva, que no podemos ni debemos permitirnos.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)
