El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con el que espera recaudar 800 millones de euros más al año. Incluye la prohibición de las amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para actividades económicas entre profesionales y empresas, o un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.
En este contexto, conviene saber que en España cada año se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea y que la economía sumergida en nuestro país es un 65% mayor que la media europea.
El fraude fiscal provoca unas pérdidas anuales a las arcas públicas de 91.600 millones de euros: 60.600 millones por impuestos evadidos y 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social.
Y de los 70.000 millones de la menor presión fiscal española respecto a la media europea, la mitad de ellos se debe a la mayor evasión en nuestro país.
Para reducir la elusión fiscal es necesario modificar la legislación que la posibilita y para combatir el fraude, ahora que el proyecto de ley ha recibido la luz verde, el Gobierno debería elaborar un estudio oficial sobre la economía sumergida en España
En este marco, la responsabilidad social de las empresas se demostraría también con el pago de los impuestos, especialmente en estos momentos en que muchas compañías y sectores afectados por la crisis económica del COVID están solicitando ingentes ayudas públicas.
Ahora bien, al problema del fraude hay que sumar el de la elusión fiscal, que consiste en aprovechar la legalidad o los vacíos de ésta para minimizar el pago de impuestos. Y al respecto, también podríamos preguntarnos ¿quiénes serían los principales responsables de la elusión en España? Los datos muestran que serían los 5.397 grupos empresariales que casi duplicando los beneficios antes de impuestos y ajustados por consolidación de 2006, ingresaron un 39,4% menos que hace 13 años, debido fundamentalmente a acaparar el 75% de los 466.990 millones de los dividendos y plusvalías.
Con ello, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en 2019 sigue desplomada un 47%, siendo el único impuesto que no ha recuperado su recaudación de 2007 previa a la anterior crisis económica.
Pero a la hora de hablar de los grandes beneficiados por la elusión fiscal en España tampoco hay que olvidarse de las grandes fortunas.
España ocupa la 12ª posición en el ranking mundial del número de millonarios con 428.006 personas, el 1,1% de los adultos en nuestro país, por detrás de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, China, Francia, Italia, Australia, Canadá, Corea y Suiza.
En el Impuesto sobre el Patrimonio sólo el patrimonio exento, de acuerdo con su normativa reguladora, alcanza los 256.489 millones, nada menos que el 40,6% del patrimonio total. Y a esto, habría que añadir que el 51,3% de las grandes fortunas entre 6 y 30 millones de Base Imponible (solo patrimonio no exento) residen en Madrid, y el 64,9% de los ultrarricos de más de 30 millones, 376 personas muy afortunadas también viven en Madrid, por lo que se benefician de la bonificación al 100% de la cuota establecida en esta comunidad.
Además, las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio demuestran que el 99,6% de las personas más acaudaladas del país no declaran objetos de arte y antigüedades y el 87% tampoco declara vehículos, joyas, pieles ni otros bienes de lujo, lo cual contrasta con la situación patrimonial de la clase media española donde existen uno o dos vehículos.
Así, no extraña que de acuerdo con el Informe Global de Riqueza del Instituto de Investigación de Credit Suisse, y comparándolo con los datos de declarantes del Impuesto de Patrimonio, aparezcan en estos un 70,1% menos que en aquél de las personas con un patrimonio entre 1 y 50 millones de euros; y un 82,8% menos de las personas con un patrimonio de más de 50 millones de euros.
Por todo ello, para reducir la elusión fiscal es necesario modificar la legislación que la posibilita y para combatir el fraude, ahora que el proyecto de ley ha recibido la luz verde, el Gobierno debería elaborar un estudio oficial sobre la economía sumergida en España, integrar a los más de 9.000 técnicos del Ministerio de Hacienda en un cuerpo superior de nueva creación y planificar en unos seis años el aumento de la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos. De esta manera, nuestro país se equipararía a la media ponderada de las Administraciones tributarias de los países de la UE-27 y de la Zona Euro-19.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)
