miércoles. 24.04.2024

Existe una opinión generalizada de que hay una utilización excesiva de los servicios sanitarios públicos, especialmente de Atención Primaria, que es necesario controlar y reducir.

Entre los motivos que se esgrimen para justificar la necesidad de poner barreras a la demanda estarían el consumismo sanitario, la universalidad y gratuidad del sistema público, la falta de copagos como herramienta para modular la demanda o la gran accesibilidad de la Atención Primaria.

De hecho, entre las estrategias fundamentales puestas en marcha por las administraciones durante la pandemia de la COVID (con el apoyo explícito e implícito de una parte del personal médico y de algunas de sus organizaciones) estaban el poner barreras de acceso a los Centros de Salud y limitar las consultas presenciales sustituyéndolas por telefónicas o telemáticas para evitar contagios en los Centros de Salud y limitar las consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los hospitales para concentrar toda la actividad en los enfermos COVID positivos (en algunos servicios de salud autonómicos se llegó a impedir el acceso a los hospitales a las personas de las residencias de mayores aunque tuvieran COVID).

Según datos de Eurostat, en España cada ciudadano visitó al médico una de media de 4,8 veces en 2021, frente a 7,2 de la media de países europeos (un 33,3% menos) 

Los resultados son de sobra conocidos: 

Listas de espera de semanas en Atención Primaria, incremento de la mortalidad general y evitable por retrasos en el diagnóstico y tratamiento de enfermos con cáncer, enfermedades cardiológicas, respiratorias, endocrinas, etc., muertes sin tratamiento en las residencias de mayores, incremento exponencial de las listas de espera hospitalarias, etc. 

Sin embargo, esta afirmación está muy lejos de la realidad. 

Según datos de Eurostat del pasado año en el Estado Español cada ciudadano visitó al médico una de media de 4,8 veces en 2021, frente a 7,2 de la media de países europeos (un 33,3% menos) 

Hubo además una disminución del 35% en las consultas médicas que pasaron de 7,4 consultas por habitante y año en el 2014 a las 4,8 de 2021. El descenso entre el 2018 y el 2021 fue del 20%, el tercero más pronunciado de toda Europa (solo Italia y Lituania nos superaron). Hay que tener en cuenta además que muchos no incluyen la consulta telefónica en este computo.

El resultado es que somos el país de la UE en el que menos personas acude a su médico/a de familia. Ocupamos el último lugar de la lista con el 20,9% de utilización media por la población (en el último mes), frente al 32,5% europeo y también estamos en las últimas posiciones en consultas a especialistas, con 9,5% por habitante al año, frente al 19,5% de la media europea. 

Entre otras de las consecuencias indeseables estarían 

1. El deterioro del prestigio del sistema sanitario público y el avance del sector privado (hospitales, consultas particulares, etc.).

2. El deterioro de la Atención Primaria que pierde accesibilidad, continuidad, racionalidad e integralidad, y enfoque comunitario.

3. Un aumento de las desigualdades en salud dado que la Atención Primaria funciona como mecanismo compensatorio para las clases sociales más bajas a la hora de establecer contacto con el sistema sanitario. La accesibilidad es uno de los principales atributos de la atención primaria de salud.

4. El auge del aseguramiento privado que ya alcanza al 25% de la población, lo que implica también un crecimiento de las desigualdades sanitarias (las personas de menor renta no pueden contratar seguros).

5. Un incremento irracional de las derivaciones hospitalarias y la saturación de las urgencias hospitalarias, que suponen un riesgo para las personas con enfermedades graves y un mayor e innecesario gasto sanitario.

6. La pérdida del papel coordinador del sistema como puerta de entrada de la Atención Primaria supone un aumento de la yatrogenia y de los eventos adversos para las personas enfermas que son atendidas por múltiples especialistas en lugar de por sus médicos/as de familia.

Los recortes de recursos asociados a las políticas de control del gasto público de las administraciones influenciadas por ideología liberal, la presión de los lobbies de las multinacionales y aseguradoras para incrementar sus ganancias (a costa de la Sanidad Pública), las demandas de algunos grupos profesionales para disminuir la accesibilidad han tenido un indudable éxito dado que han reducido drásticamente las consultas y la actividad del sistema sanitario público a costa de la salud de la población. 

Las consultas de Atención Primaria siguen masificadas (con medias superiores a 50 pacientes al día) y las listas de espera hospitalarias son cada vez más elevadas

Sin embargo, las consultas de Atención Primaria siguen masificadas (con medias superiores a 50 pacientes al día) y las listas de espera hospitalarias son cada vez más elevadas, como consecuencia de: una financiación insuficiente (el gasto sanitario creció únicamente un 1,9% en el último año); falta de personal; mala organización y coordinación de los niveles asistenciales; una Atención Primaria medicalizada, centrada en la enfermedad y con problemas de obsolescencia organizativa; falta de camas hospitalarias (3,29 por mil hab. frente a 5,1 de la Unión Europea); hospitales públicos mal gestionados y desaprovechados para favorecer los conciertos con la privada, que suponen el 10% del gasto sanitario público y que creció un 8% entre 2020 y 2021; utilización de la Colaboración Público - Privada para construir y financiar nuevos centros que se ponen en manos de multinacionales y fondos de inversión con un elevado coste (multiplica por 5 el precio a pagar); permitir la doble dedicación del personal a la pública y la privada, violentando la Ley de Incompatibilidades; y del deterioro de las condiciones laborales de un personal desanimado y desorientado. 

No hay que reducir la accesibilidad al sistema sanitario público, que solo favorece al sector privado y a los seguros sanitarios (crecen una media del 4% anual, mientras de las Mutualidades de Funcionarios lo hacen 2,3% anual durante el quinquenio 2017-2021, la mayor tasa de crecimiento del gasto sanitario) sino por el contrario, reforzar el papel y la orientación a la salud de la Atención Primaria (la base y la joya de la corona de nuestro sistema), mejorar la coordinación de los niveles asistenciales; incrementar las camas y utilizar de manera intensiva y eficiente los hospitales públicos, mejorar las condiciones laborales del personal y dar participación real a la población en el sistema.


Manuel Martín | Presidente Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 

La gran mentira de la sobreutilización del Sistema Sanitario Público por la población