El Gobierno ha pasado su primer examen ‘Next Generation’ sin sobresaltos. La delegación de europarlamentarios que ha visitado estos días España para evaluar el uso de los fondos europeos de recuperación no ha encontrado ningún indicio de infracciones o fraudes en el uso del dinero que se ha recibido de Europa. Así lo ha constatado la alemana Monika Hohlmeier, presidenta de la comisión de control presupuestario de la Eurocámara, la misma que cuestionó la gestión de esos fondos con su polémica frase de ‘no sé dónde está el dinero’ que tanto ha gustado a las derechas españolas, ansiosas de hincar el diente.
Pero no, ni indicios, ni sospechas, ni mucho menos fraude. La eurodiputada del Partido Popular Europeo ha sido la encargada de hacer balance ante los medios de la ‘misión’ llevada a cabo por la delegación que ha mantenido entrevistas con diferentes ministerios, representantes autonómicos e incluso algunos medios de comunicación, entre otros interlocutores. Su tono esta vez ha sido mucho más conciliador. Hohlmeier ha justificado esas declaraciones previas que tantas ampollas han levantado en el Gobierno aduciendo lo obvio, que son necesarios controles y que, pese a reconocer “esa cita algo tensa” cuando fue preguntada sobre el uso que se estaba dando de los fondos en España, se planteó una “hipótesis” en un momento de “presión”, cuando “se dio a entender que nosotros no teníamos derecho a investigar el flujo del dinero y de la cadena de desembolsos”, ha explicado, al tiempo que ha defendido la necesidad de que “tiene que haber normas” y que “se necesita una metodología” de evaluación. Evaluación que, por otro lado, debió hacer la propia Comisión Europea, que poco antes de la visita de la delegación, aprobó la tercera partida de fondos a España, otros 6.000 millones más que acumulan un total de 37.000 millones, prácticamente la mitad de lo aprobado. Por el momento, sin sombra de duda.
¿Infracciones, fraude…? “No, desde luego que no (…) ¿Qué si hemos descubierto algún caso de fraude?, no”, ha reiterado la eurodiputada que se ha limitado a plantear tibias críticas sobre las transparencia sobre el flujo de dinero para conocimiento de la opinión pública, “susceptible de mejora”, ha dicho; o la falta de flexibilidad y excesiva burocratización en los procesos de licitación con las empresas, aspectos estos también matizados por ella misma al destacar que estos procesos son complejos de implementar, que hay datos que no se pueden hacer públicos y que el control por parte de las administraciones debe ser exhaustivo, precisamente para evitar los fraudes y la corrupción.
Monika Hohlmeier niega haber recibido presiones por parte de la Comisión Europea para que no fuera excesivamente crítica en su informe de evaluación sobre España, “no ha habido presiones por ningún lado”, ha afirmado. Tampoco ha querido entrar a valorar la reforma del Código Penal en cuanto al delito de malversación, asunto este -ha dicho- que corresponde a la política interna del Estado español y al cumplimiento de “tolerancia cero” con la corrupción como principio rector de las instituciones europeas.
Otra de las cuestiones espinosas sobre la que ha sido preguntaba es la reforma de las pensiones y la prórroga solicitada por España para llevarla a término. La comisaria confía en que “en meses venideros se resolverá este problema”, tal y como se ha comprometido el Gobierno español, sin que por el momento las instituciones europeas se hayan planteado ningún tipo de sanción por un debate que, aunque “rezagado”, sigue “en curso: “No hay perspectiva de cortar el grifo a España, de ninguna manera”, ha subrayado.
