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A pesar de la dificultad en cuantificar con exactitud la necesidad de viviendas en alquiler para las personas de menores recursos económicos, me atrevo a decir que, si se construyeran 500.000, saldríamos del paso.
Y, a pesar de la dificultad en construir 500.000 viviendas sociales, por motivos, fundamentalmente, aunque no solo, económicos, me atrevo a afirmar que es posible hacerlo si se cuenta con la iniciativa privada.
Antes de seguir, que nadie se rasgue las vestiduras pensando en fondos buitre o cualquier otra criatura infernal, no.
La factibilidad promotora se podría resolver con una empresa pública, bien de ámbito nacional o descentralizada en las comunidades autónomas e, incluso, los ayuntamientos
Me refiero a convencer a 500.000 españoles a que inviertan en la promoción de una vivienda social cada uno, o una. Y ya estaría resuelto el problema.
Claro que, para poner en marcha este gran crowdfundig harían falta algunas cosas.
La parte económica es la más sencilla. Puede que, con un 20% del coste de la promoción, y la garantía de una nómina suficiente para pagar la hipoteca, se pueda "apalancar" el préstamo hipotecario suficiente para pagar la promoción de la vivienda. A cambio, recibirían la renta de alquiler suficiente para compensar los costes de amortización de esa hipoteca y obtener un beneficio razonable, en relación con su inversión inicial.
La factibilidad promotora se podría resolver con una empresa pública, bien de ámbito nacional o descentralizada en las comunidades autónomas e, incluso, los ayuntamientos.
La parte más difícil es la jurídica, es decir el asegurar a cada inversor-promotor que va a cobrar regularmente su renta pase lo que pase y sea cual sea el nivel de vulnerabilidad social de cualquier inquilino
El tiempo en construirse esas viviendas lo podrían pasar los demandantes de vivienda con la esperanza de que iban a poder disfrutar de ellas, siempre que sean pre-adjudicatarios de las mismas.
La parte más difícil es la jurídica, es decir el asegurar a cada inversor-promotor que va a cobrar regularmente su renta pase lo que pase y sea cual sea el nivel de vulnerabilidad social de cualquier inquilino. Porque la dificultad estriba en que el estado no dimita de sus obligaciones sociales y les pase su responsabilidad a los arrendadores.
Y no tengo más que agregar. A estas alturas del texto, más de uno estará pensando en que, ¡qué cosas tiene el Espelosín! Y tienen razón, pero al menos soy consciente de la inutilidad de lo que propongo. Y no como otros, y otras, que, ahuecando la voz presentan soluciones definitivas al problema.
Sigamos confiando en que el mercado se encargue del asunto o, alternativamente, hagamos promociones públicas de tamaño suficiente para merecer una primera piedra o, en el mejor de los casos, leyes de vivienda que tienen que aplicar administraciones distintas, y que no lo van a hacer. Claro que siempre se puede apelar a métodos más drásticos: la eliminación del mayor número de demandantes de vivienda de menor renta, los jóvenes y los inmigrantes. Con confinar a los jóvenes a vivir con sus padres y echar de España a los inmigrantes, ya estaría resuelta gran parte del problema.
Y a esperar que amanezca un nuevo día.
