La derecha postfranquista y la democracia en la almoneda
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Los artífices de la Ley de Memoria Democrática manifestaron que la intención de dicha ley era ilegalizar al franquismo. No hay que olvidar, sin embargo, que la Transición se hizo, según sus muñidores, de la legalidad a la legalidad, pero la legalidad de la que se partía era la felona, criminal y genocida del 18 de julio de 1936, por lo que en realidad de lo que se trataba era de darle continuidad al franquismo sin Franco. Porque si la Ley de Memoria Democrática, pretendiera realmente ilegalizar al franquismo debería declarar fuera de la ley el mismo acto fundacional de la dictadura como fue la sublevación militar contra el régimen democrático legalmente constituido y, por tanto, declarar culpables de rebelión militar y crímenes de guerra a los artífices del golpe de Estado del 36. Ello implicaría la expulsión del ejército de los amotinados, Franco en ese momento habría perdido su condición de general y todos los demás sublevados sus empleos, serían por tanto civiles y todos los actos derivados de sus cargos tras la guerra civil declarados nulos. Entre ellas, la Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado y en la que se establecía como sucesor de Franco a Juan Carlos de Borbón.
Como dijo Azaña de la revolución desde arriba de Joaquín Costa: una revolución que deja intacto al Estado anterior a ella es un acto muy poco revolucionario
Un viernes los jueces del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo se fueron a sus casas y el lunes volvieron a sus mismos despachos, pero ya con el frontispicio en la entrada de Tribunal de Orden Público. Otro viernes más adelante los mismos jueces se fueron de weekend y el lunes estaban en sus despachos pero como magistrados de la Audiencia Nacional. Los miembros de la Brigada de Investigación Social (BSI), más conocida como Brigada Político-Social (BPS), la policía política secreta de la dictadura encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de la oposición al franquismo y que durante sus primeros años recibió el asesoramiento de agentes de la Gestapo, siguieron en sus comisarias y alguno fue condecorado en democracia por sus servicios. Los antiguos ministros de Franco organizaron la derecha democrática; el jefe del Estado fue el que el caudillo había preparado desde la infancia para tan alta función; como dijo Azaña de la revolución desde arriba de Joaquín Costa: una revolución que deja intacto al Estado anterior a ella es un acto muy poco revolucionario.
Es por lo que el conservadurismo español, siempre teñido de sepia, desde un Estado estamental y patrimonialista asume como hostilidad la realidad diversa de España. Todo fue consecuencia de la máxima de la Transición de ir de la legalidad a la legalidad, es decir, que todo lo que existía debía permanecer pero envuelto en la crisálida de una realidad nominal menos severa.
Derogar el “sanchismo”, no era sino derogar las urnas que configuran mayorías antitéticas al franquismo reformado del régimen del 78
Luego estaríamos hablando de un régimen de la Transición proveniente de la legalidad del 18 de julio y, como consecuencia, de una monarquía fundamentada en las leyes del Movimiento Nacional, que Juan Carlos jura mientras que la Constitución la sanciona, como ejercicio de que su poder está por encima de la libre concurrencia democrática. Como consecuencia, ilegalizar el franquismo supondría ilegalizar la actual monarquía como parte del franquismo sin Franco y abrir un proceso constituyente que debería comenzar por un referéndum donde la ciudadanía eligiera la forma de Estado. Es por ello, sumamente sorprendente que aquellos progresistas defensores de la Transición trasladen a la ciudadanía una lectura tan elemental de los procesos históricos y, singularmente, de las contradicciones estructurales de la actual Monarquía española, ya que al no ser el franquismo abolido, ni juzgado, ni condenado, y sustanciarse, como consecuencia, el régimen nacido de la Transición en un franquismo corregido, es una falacia que se pretenda, al mismo tiempo, que el régimen del 78 se defina como antagónico a su propia expresión estatal. Porque la Transición no fue el acceso de la voluntad popular al Estado, sino del Estado a la voluntad popular para corregirla y encauzarla.
Todo ello es la causa de la extremosidad a la que la derecha intenta llevar la esgrima de la vida pública española. El franquismo reformado en el que se instala el conservadurismo carpetovetónico utiliza todo su arsenal de dialéctica autoritaria y obscenidad verbal ante una mayoría parlamentaria que es el reflejo de una España muy diferente a aquella que la derecha sepia quiere volver a reunir en la Plaza de Oriente. Derogar el “sanchismo”, no era sino derogar las urnas que configuran mayorías antitéticas al franquismo reformado del régimen del 78. Una solución política autoritaria requiere con anterioridad un caos necesario aunque sea inexistente, crear una ficción de país que suponga una distopía para esa España real que la derecha niega. La beligerancia crispante e inmoderada del PP y VOX abren un camino inextricable en la vida pública y la sociedad española de consecuencias imprevisibles. El enfrentamiento sin reservas contra la pluralidad democrática del país, la negación violenta del adversario político, la posición ideológica propia como única posible son elementos seminales de escenarios donde la democracia es impracticable.