Desde que el Partido Popular intentó derribar al Presidente del Gobierno durante la pandemia, la derecha desacredita al Gobierno con un argumento que ya se ha convertido en una consigna de agit-prop: el Gobierno socialcomunista ha establecido un régimen autoritario, cuasi bolivariano, y para ello ha “ocupado” los órganos y las instituciones.
En realidad, esta consigna, que se repite en la prensa de derechas y ha llegado incluso a libros donde escribe lo más florido de la caverna, es la reacción contra la aplicación de la Constitución. Por eso la guerra a muerte para impedir la renovación, más que tardía, del Tribunal Constitucional y por eso el continuo boicot a la elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial (en lo sucesivo CGPJ). Y por eso también la curiosa proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular del Congreso destinada a impedir que el Gobierno elija libremente al Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, que el Congreso no tomó en consideración hace pocos días.
Muchos han comprendido que detrás de este lenguaje apocalíptico está la rabia de la derecha por no poder controlar como quisiera los órganos constitucionales, órganos que (pensaba esa derecha) podrían anular la obra legislativa del actual Parlamento. Muchos han comprendido que al Partido Popular no le importa nada el uso partidista de los órganos del Estado, siempre que sea la derecha la que los controle. Lo acabamos de comprobar estos días porque el presidente del Partido Popular, que boicotea la renovación del CGPJ porque no quiere que se politice el Poder Judicial, ha tenido una reunión-mitin con lo más granado de la derecha del Ministerio Fiscal. Así lo ha contado El País de 2 de mayo.
Según narra El País, el pasado 18 de abril Núñez Feijóo participó en una cena en el Hotel Claridge con unos cincuenta afiliados de la conservadora Asociación de Fiscales. El presidente del Partido Popular informó a los Fiscales de sus proyectos legislativos relacionados con la Justicia, alabó la reforma de las pensiones de Macron, tocó varios temas económicos y se comprometió a derogar las reformas legales aprobadas en esta legislatura. En el acto intervinieron varios Fiscales de Sala (máxima categoría del Ministerio Fiscal), como el antiguo Magistrado constitucional Antonio Narváez y la Fiscal General de Rajoy Consuelo Madrigal, quienes, según explica El País, debieron ser particularmente beligerantes con el Gobierno.
Esta reunión merece dos reflexiones diferentes, sobre el contenido de lo que se habló y sobre la oportunidad. Si empezamos con el contenido de lo que dijeron Núñez Feijóo y sus anfitriones, quisiera detenerme en un tema que de tanto repetirlo empieza a erosionar el sistema democrático. Según El País, el presidente del Partido Popular afirmó:
“Han ocupado el Constitucional, la Fiscalía General del Estado. El CNI, el CIS”.
Esta expresión, si es cierta, es simplemente una falacia. Porque “ocupar” el Tribunal Constitucional para Rajoy y su prensa es que el Gobierno ejercite la facultad de proponer el nombramiento de dos Magistrados de ese Tribunal conforme estipula el artículo 159.1 de la Constitución. Ya lo hizo el Gobierno de Rajoy en 2013 y nadie le acusó de ocupar el Tribunal. Por cierto, ¿a quienes nombró el Gobierno de Rajoy? A Pedro González Trevijano, el Presidente más sectario y belicoso que ha tenido el Tribunal desde su creación, y… a Antonio Narváez, el que debió ser el orador más duro en la cena de la Asociación de Fiscales.
El nombramiento de Fiscal General del Estado es otra atribución del Gobierno según el artículo 124.4 de la Constitución. ¿Cumplir un artículo de la Constitución es ocupar la Fiscalía? ¿A quién nombró el Gobierno de Rajoy? A Consuelo Madrigal, otra de las más duras intervinientes en la cena de la Asociación de Fiscales, según El País. Y podríamos seguir así hacia el infinitito. ¿Quiénes fueron los Presidentes del CIS en los Gobiernos de Aznar y Rajoy? ¿Eran militantes del Partido Popular o ideológicamente neutrales?
Antes de pasar a la oportunidad del encuentro no debemos pasar por alto un tema que, según El País, suscitó el Fiscal Narváez, quien puso bajo sospecha la limpieza de los futuros procesos electorales. Viniendo la acusación de un Fiscal de Sala, de ser cierta la información periodística, este tipo de acusación trumpista o bolsonarista es impropia de un funcionario de esa categoría.
Por otra parte, provoca curiosidad saber qué pensarían estos Fiscales, que son juristas cualificados por muy de derechas que sean, al oír a Núñez Feijóo denominar “ocupar” el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado al cumplimiento de facultades constitucionales del Gobierno. Porque además tenían en la mesa de al lado a Narváez y a Madrigal que “ocuparon” los órganos en tiempos de Rajoy.
Pero más allá del mitin que debió ser la cena de la Asociación de Fiscales, y de las falacias e ideas panfletarias que debieron soltar el invitado y algunos anfitriones, lo que debe ser objeto de alguna reflexión es la oportunidad de la reunión. Una asociación de Fiscales (en realidad, el sindicato conservador de los Fiscales) está en su derecho de organizar actos públicos e invitar a dirigentes de los partidos. Desde el punto de vista jurídico nada se puede reprochar en apariencia. Pero es que jurídicamente se rozó la legalidad.
Los miembros del Ministerio Fiscal tienen prohibido afiliarse a partidos y a sindicatos (artículo 62.3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Esa prohibición, según entiendo, trasciende al acto jurídico de la afiliación individual y se extiende a un deber de neutralidad política en sus comportamientos individuales y colectivos (como miembros de una asociación profesional).
Por eso, es censurable que una asociación profesional de Fiscales realice actuaciones de difusión de los programas e ideales de los partidos, sobre todo cuando esos actos se convierten en mítines contra el Gobierno. Así no se respeta la neutralidad partidista que la Ley exige a todos los Fiscales. Una cosa es que una asociación decida organizar un ciclo de cenas o de meriendas donde vayan pasando los principales partidos en igualdad de condiciones y otra muy distinta es organizar un acto para un solo partido que parece dio pie, además, a una sucesión de críticas e infundios contra el Gobierno, en donde participaron con algún protagonismo (mira qué casualidad) Fiscales que en tiempos del Gobierno de Rajoy “ocuparon” los órganos e instituciones.
Por ello, a mi juicio, la cena de la Asociación de Fiscales rebasó con mucho el deber de neutralidad político-partidista que los Fiscales, de manera individual y colectivamente, están obligados a guardar. Y además permitió que Núñez Feijóo mostrara en público lo que él entiende por neutralidad del Poder Judicial (a sabiendas de que el Ministerio Fiscal no forma parte en España del Poder Judicial), que es el último argumento que invoca para no renovar el CGPJ. Es de esperar que no vuelva a decir que no renueva el Consejo hasta que la legislación garantice la independencia de los Jueces porque ya hemos visto cómo la entiende él.
