lunes. 26.02.2024

Mientras escribo estas líneas me entero que la empresa Ferrovial en su Junta de Accionistas ha aprobado el traslado de su sede fiscal a los Países Bajos. Expondré algunos hechos recientes, que pueden ser interesantes y poco conocidos.

Una noticia de gran importancia, al afectar de pleno a los intereses de todos los españoles, pasó prácticamente desapercibida en los grandes medios de comunicación -era más noticia la financiación a un partido por parte de Venezuela e Irán o la tarjeta de Dina Bousselham-. Yo pude conocerla en La Vanguardia de 8 de julio de 2022, pero en la página 45. Obviamente la redacción no tenía mucho interés en destacarla. 

El titular decía así: La CNMC -La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia– sanciona a 6 grandes grupos constructores por formar un cártel. El supervisor de competencia aparta a las empresas de los nuevos concursos públicos.

Interesado por el asunto entré en la página web de la CNMC, donde aparece una nota de prensa: 

Madrid, 7 de julio de 2022- La CNMC multa con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras. Las empresas sancionadas son Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A. (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones). Desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. También intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc. Entre las AAPP afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.

Las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Las sociedades democráticas se estructuran sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones que crearon para su vida común. Confianza en que van a funcionar de acuerdo con unas reglas conocidas que se aplican en el interés general. Por eso resultó tan desmoralizadora la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso del Congreso de los Diputados del pasado 23 de marzo.

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, puede llevarse su empresa al país que considere oportuno. Pero, por favor, no nos dé lecciones de patriotismo

La persona que preside el organismo que trata de evitar que las grandes empresas se salten esas reglas en beneficio propio y perjuicio del ciudadano vino a decir que la Audiencia Nacional (AN) boicotea las sanciones que el organismo impone a las empresas al suspender de forma cautelar “todas y cada una de las multas” e impedir, además, de esta forma que se cumpla el mandato de evitar a esas compañías sancionadas firmar contratos con la Administración Pública. La AN ordena sistemáticamente la suspensión cautelar de las sanciones porque, en su análisis donde evalúa el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa dicha sanción, siempre “prima el segundo”.

En el tema que nos ocupa obviamente la AN suspendió la multa de 203 millones de euros impuesta a las seis principales empresas constructoras de España por ponerse de acuerdo, durante 25 años, para cobrar de más en la obra pública. No hace falta ser experto para intuir que pactos que duran 25 años deben ser muy beneficiosos. Lástima que esos beneficios sean, en opinión de la CNMC, robos de guante blanco. Tanta prisa que se da el Congreso en modificar el Código Penal en determinados casos y qué poca en revisarlo para impedir que los tribunales suspendan y anulen el castigo, leve castigo, a los individuos responsables de estos blanquísimos y patrióticos acuerdos.

Lo cierto es que los recursos judiciales de las empresas, no solo de las constructoras, consiguen anular muchas sanciones u obligan al regulador a recalcular otras a la baja. En 2022 el Supremo anuló dos multas a Repsol y Cepsa por escasa competencia en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio. Baste un dato para darse cuenta del fenómeno: Competencia impuso entre 2000 y 2012 más de 1.153 millones de euros en multas a las empresas que incumplieron la legislación, de los que solo pudo recaudar 290,4 millones de euros, es decir, solo uno de cada cuatro euros.

Supone un esfuerzo sobrehumano creer en nuestra democracia. ¿Tenemos democracia o plutocracia? La democracia nace justamente para que los votos y el número cuenten más que el dinero. Mas, el dinero es muy poderoso y todo lo corrompe, no en vano, el Papa Francisco, lo califica muy acertadamente como el “excremento del diablo”. Ah, se me olvidaba estas constructoras financiaban a algunos partidos políticos. ¿Este hecho está relacionado con la suspensión de sus multas por parte de la AN?

En 2022 el Supremo anuló dos multas a Repsol y Cepsa por escasa competencia en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, puede llevarse su empresa al país que considere oportuno. Pero, por favor, no nos dé lecciones de patriotismo. Entendido este concepto de patriotismo, como el desear para tus conciudadanos las mejores escuelas, los mejores hospitales, los mejores centros de asistencia social para la tercera edad…Y esos objetivos se alcanzan pagando religiosamente tus impuestos en tu país. No obstante, acabo de enterarme, nunca es tarde para aprender, un concepto muy distinto de patriotismo, expresado en la Junta de Accionistas de Ferrovial. Lo hizo Valentín de Torres-Solanot del Pino, que es primo del presidente, Rafael del Pino, y que suele participar todos años en la junta para defender la gestión de la empresa. Puso de manifiesto y enfatizó “los aciertos en la gestión de Ferrovial en sus orígenes y, en particular, en la etapa actual”. También dio una versión particular de patriotismo, en el único comentario de la junta relacionado con esta emoción. “Es de patriotas velar por la mejora de la competitividad de las empresas españolas, y también sentar las bases para mantener el dividendo”. Quizá, bueno no, seguro, el primo de Rafael del Pino, se olvida del origen de Ferrovial, que creció gracias al Estado español y a los impuestos de todos los españoles, que financiaron muchas obras públicas. Termino con las palabras del novelista francés Jules Sandeau: “La gratitud es como aquel licor de Oriente que sólo se conserva en jarros de oro: perfuma las almas grandes y se agria en las pequeñas”.

Ferrovial, el patriotismo del dividendo