Escribo estas notas en una situación que vuelve a estar marcada en toda Europa por una nueva ola de contagios por covid-19 que ya ha comenzado a provocar nuevas medidas de confinamiento y la orden de vacunación obligatoria de toda la población residente en Austria a partir de febrero de 2022. Otros países europeos ordenarán en breve medidas de restricción a la movilidad y los contactos sociales. El alcance de esta nueva ola de contagios y confinamientos está por ver, pero ya se puede decir que reducirá la intensidad de la recuperación económica del conjunto de la Unión Europea (UE) y acarreará más incertidumbre y miedos, lo que extenderá entre la ciudadanía europea las reservas y las dudas sobre las políticas sanitarias y de recuperación económica que se llevan a cabo y sobre los partidos, coaliciones gubernamentales e instituciones comunitarias que las gestionan.
A pesar de que las políticas de expansión monetaria y presupuestaria aplicadas por las instituciones comunitarias han funcionado razonablemente bien y han evitado la cronificación de un escenario catastrófico, los impactos sanitarios, económicos y sociales de las crisis desatadas por la pandemia han sido y siguen siendo de envergadura, aunque no tengan ni punto de comparación con los destrozos económicos causados por las erróneas e injustas políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas a los países del sur de la eurozona en la anterior crisis financiera global que estalló en Europa en 2008. Ahora, las nuevas medidas que se aprueben para limitar los contagios se van a sumar a factores previos (dificultades de abastecimiento de componentes industriales esenciales o el encarecimiento de los fletes y las materias primas y energéticas) que ya estaban obstaculizando la recuperación económica y que frenarán los planes de inversión productiva transformadora que, gracias a los fondos europeos Next Generation, comenzaban a ejecutarse en los países del sur de la eurozona.
El aumento de la incertidumbre y la extensión del miedo son propicios para las derechas insolidarias y antieuropeístas
El aumento de la incertidumbre y la extensión del miedo serán propicios para las derechas insolidarias y antieuropeístas, que encontrarán más eco para sus ficticias soluciones de repliegue nacionalista y afirmación de identidades nacionales homogéneas y excluyentes que en nada pueden contribuir a recuperar soberanías nacionales capaces de imponerse a las fuerzas económicas globales de nuestro tiempo. Superar la actual crisis del modelo de globalización neoliberal y los conflictos abiertos por la confrontación entre las dos superpotencias mundiales (EEUU y China) requiere la puesta en pie de nuevas reglas e instituciones multilaterales capaces de resolver pacíficamente las disputas e impedir que las grandes potencias impongan sus particulares intereses. En esa tarea, la UE es un actor imprescindible. Afrontar los grandes desafíos mundiales que suponen la lucha contra el cambio climático, una ordenación respetuosa con los Derechos Humanos de los grandes movimientos migratorios hacia los países ricos y la gestión de los impactos disruptivos en términos económicos y sociales que ocasionarán la transición energética y la inevitable extensión de las tecnologías digitales al conjunto de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios requieren de la acción política de la UE. No de cualquier UE, sino de una UE sustentada en los principios comunitarios de solidaridad y cohesión económica, social y territorial y que sea tan capaz de proteger a los Estados miembros y a la ciudadanía europea frente a potenciales crisis como de influir en la construcción de un nuevo orden mundial sustentado en el derecho internacional, la desmilitarización de los conflictos y la primacía de los valores e intereses compartidos por la comunidad internacional frente a las pretensiones hegemonistas de las grandes potencias.
La consciente labor obstruccionista de las derechas
En España hay que abandonar toda esperanza de que el avance de los contagios y las restricciones a la movilidad que se impongan, con sus inevitables consecuencias negativas sobre la actividad económica, vayan a inyectar un mínimo sentido de responsabilidad en la virulenta oposición que practican el PP y Vox. Al contrario, la estrategia de ingobernabilidad e intento de bloqueo de la acción política del Gobierno de España se va a ver reforzada. El frente amplio de la derecha política española que se vertebra en torno al PP y Vox es sólido en sus apoyos sociales y mantiene buenas perspectivas electorales.
Tras la apabullante victoria de Ayuso en Madrid, el PP de Casado ha recuperado la estrategia de ingobernabilidad que pretende dividir y sustituir cuanto antes al actual y legítimo Gobierno de España. Sólo la derrota electoral del frente reaccionario que conforman PP, Vox y un ya residual Cs podría quebrar la actual estrategia política deslegitimadora y obstruccionista que lidera el PP y reorientar su oposición hacia terrenos menos hoscos e incendiarios.
Lo decisivo para impedir la victoria electoral de las derechas serán los logros que perciba la ciudadanía de las políticas que aplique el Gobierno de coalición
Lo cierto es que la única alternativa viable al actual Gobierno de coalición progresista es un Gobierno del PP de Casado apoyado por Vox. Lo decisivo para impedir la victoria electoral del frente amplio de las derechas serán los logros que perciba la ciudadanía como consecuencia de las políticas que aplique el Gobierno de coalición entre PSOE y UP en lo que queda de legislatura, tanto las de reforzamiento de la protección social a los sectores vulnerables como las de modernización del aparato productivo que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y para concretar esos logros sería aconsejable dedicar más esfuerzos y recursos que hasta ahora a fortalecer las competencias administrativas, técnicas y políticas de Ministerios y Consejerías autonómicas responsables de preparar las convocatorias pertinentes, asignar los fondos a los mejores proyectos de inversión y controlar su ejecución. Se necesitan más hechos y resultados y menos relatos justificativos de grandes confrontaciones ideológicas que se disuelven con un tuit o se agotan tras haber logrado 30 segundos de impacto en un telediario. Se necesita más cooperación entre las fuerzas progresistas y de izquierdas, con la vista puesta en lo mucho que puede hacerse en lo que queda de legislatura y menos reafirmación de identidades ideológicas para marcar diferencias y territorio electoral. Y se necesita también una mayor presencia de la sociedad y sus organizaciones en las tareas de seguimiento y control de las políticas de protección social y modernización productiva para evaluar sus insuficiencias o posibles impactos negativos y formular medidas de apoyo a los sectores sociales afectados negativamente por las políticas aplicadas.
La movilización social, lejos de ser un estorbo para la acción gubernamental, es una compañera indispensable en las tareas que conlleva un cambio progresista. Una sociedad involucrada en los cambios por hacer, más consciente e informada de lo que se juega en esos cambios y más activa en defensa propia, es un factor favorable a la buena marcha de las transiciones digital y ecológica y de las reformas a las que se ha comprometido el Gobierno de coalición progresista. La reciente movilización de los trabajadores del metal de Cádiz y su conclusión en un acuerdo equilibrado con la patronal del sector son un acicate para el diálogo social y un buen ejemplo para alentar acuerdos más generales.
El papel de la patronal y su autonomía política
Frente a la estrategia de tierra quemada que practican PP y Vox, cabe pensar que la estrategia negociadora de la patronal española, pese a sus robustas conexiones con la derecha política, pueda reconducirse de nuevo hacia el diálogo social y el parcial entendimiento con los sindicatos y el Gobierno de España. Ya ha sucedido y no en pocas ocasiones a través de un diálogo social fluido, en el que los esfuerzos por alcanzar acuerdos entre patronal, sindicatos y un gobierno representado por la buena labor de la ministra de Trabajo y su equipo culminaron con éxitos más trascendentes y abundantes que los contados fracasos.
La patronal española se juega mucho, tanto de cara al desembolso efectivo y la utilización eficaz de los fondos europeos como al contenido de las reformas asociadas a la recepción de dichos fondos y que comprenden terrenos tan sensibles para los representantes de los intereses empresariales como la reforma laboral, la del sistema público de pensiones o la fiscal. La patronal no ha fiado todos sus objetivos e intereses, como hace el frente amplio de la derecha política, a una acción desestabilizadora que afectaría de lleno a la paz social, el clima de los negocios, las cuentas de resultados de las empresas y el horizonte de planificación empresarial a largo plazo de inversiones modernizadoras del capital productivo que fortalezcan su posición en los mercados nacionales e internacionales.
Las amenazas de una mayor confrontación política y de una intensificación de la conflictividad social que compliquen la absorción de los Fondos Europeos y la ejecución de los planes de inversión que financian, casan mal con los objetivos de reducir la incertidumbre, afianzar la recuperación económica y ofrecer un horizonte de estabilidad política y social que permitan impulsar la recuperación económica y el complejo proceso de transformación de las estructuras y especializaciones productivas de la economía española.
La patronal CEOE ha dado un aviso a Gobierno y sindicatos, mostrando que puede mantenerse al margen del acuerdo en un tema de tanta trascendencia como el de la sostenibilidad del sistema público de pensiones o, al menos, en un aspecto parcial de esa sostenibilidad, el de un pequeño aumento en los tipos de cotización a la Seguridad Social por parte de las empresas (0,5%) y de los trabajadores (0,1%), tras años de importantes reducciones en los costes que suponen las cotizaciones a cargo de las empresas. Gobierno y sindicatos, por su parte, también han dado un aviso a la patronal: la participación de la CEOE en los acuerdos que están negociándose es muy importante, pero su oposición a las reformas no va a impedir que se adopten decisiones que beneficien a la mayoría social, impulsen la modernización del tejido productivo o reequilibren la capacidad de negociación de los agentes sociales y una distribución más justa de los costes, riesgos y rentas que genera la actividad económica.
La patronal debe asumir que no está en condiciones de bloquear la negociación con el fin de preservar las ventajas y el poder de decisión que le otorgó la reforma laboral de 2012
Esos avisos ya están dados y entran dentro de lo razonable y previsible en toda negociación, pero cada momento tiene su afán y el de los avisos ya ha pasado. Las negociaciones se sitúan ahora en su fase resolutiva y en el momento decisivo de la responsabilidad, los acuerdos y las cesiones para construir la economía y la España del futuro. Que el frente amplio que lideran PP y Vox se haya tirado tan irresponsablemente al monte de la ingobernabilidad solo sirve para resaltar la enorme importancia de mantener el diálogo social; pero la patronal debe asumir que no está en condiciones de bloquear la negociación con el fin de preservar las ventajas y el poder de decisión que le otorgó la reforma laboral impuesta unilateralmente por el PP en 2012 y las sucesivas rebajas en los costes ficales de las empresas. Aquella reforma laboral impulsó el empleo precario, inestable y mal pagado y permitió a la patronal sortear la negociación colectiva, pero hizo algo más: incentivó el desinterés de la mayoría de las empresas por la inversión para modernizar su capital productivo; lo que condujo a compensar esa debilidad inversora con una prolongada presión política a la baja sobre los costes laborales y fiscales de las empresas para salvaguardar su competitividad en Europa a costa de los salarios y las plantillas. Y así no puede haber paz social ni una modernización productiva compatible con niveles de desigualdad asumibles por la mayoría.
Reforzar la cooperación entre las fuerzas progresistas
El frente amplio de las derechas tiene posibilidades ciertas de ganar las próximas elecciones generales. Los partidos que conforman el Gobierno de coalición progresista también tienen posibilidades de revalidar su primacía electoral. Nada está decidido. El curso político en 2022 tendrá mucho de imprevisible e inmanejable, lo que no nos exime de la tarea de reflexionar sobre los escenarios más probables y el tipo de acción política que conviene a los intereses y aspiraciones de la mayoría social.
La persistencia del PP en su estrategia de ingobernabilidad está obstaculizando el avance del proyecto de país que está contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero no puede impedir que ese plan siga avanzando. El camino para la aplicación del Plan está despejado, al menos en 2022 y a expensas de la intensidad que alcance la nueva ola de contagios: es muy probable la aprobación definitiva del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 (aún falta la tramitación en el Senado, tras su aprobación en el Congreso de Diputados por 188 votos a favor y 160 en contra); no hay restricciones financieras sustantivas que impidan afianzar la recuperación económica e iniciar las transiciones digital y energética que pretenden los fondos europeos Next Generation; la política monetaria expansiva del BCE continuará en 2022 (y hasta que sea necesaria) y mantendrá muy bajos los tipos de interés a largo plazo o, en todo caso, por debajo del crecimiento nominal del PIB; las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento seguirán congeladas un año más, y serán modificadas en 2023 para que no vuelvan a provocar, como en 2011-2013, una segunda recesión y un debilitamiento del proyecto de unidad europea que, a estas alturas, podría suponer el principio del fin de la UE.
En una situación política plagada de ruido y confrontación, que el camino esté despejado para la continuidad de la acción política del Gobierno de coalición progresista y de un diálogo social compatible con el reforzamiento de la protección de los sectores en riesgo de exclusión y con la modernización productiva es un factor muy relevante.
Reforzar la experiencia de cooperación gubernamental entre PSOE y UP, dejar de tropezar a diario en la misma piedra de los relatos justificativos de parte, centrar la atención en resolver los problemas de la mayoría social y ensanchar el campo de las alianzas y el trabajo en común de las fuerzas progresistas serán los factores claves que determinen las posibilidades de avance de un proyecto progresista de país. Están en juego el bien común, los bienes públicos y el carácter abierto y democrático de una sociedad que se reconozca en su pluralidad y se afane en el bienestar de todos sus componentes y en el dejar vivir.
Bienvenidos sean todos los proyectos políticos y las propuestas de construcción de alianzas y complicidades que busquen extender la influencia de las fuerzas progresistas y de izquierdas
Bienvenidos sean todos los proyectos políticos y las propuestas de construcción de alianzas y complicidades que busquen extender la influencia de las fuerzas progresistas y de izquierdas hacia sectores sociales menos ideologizados o con más apego a tener criterios propios, menos atados a las aventuras y desventuras que marcan las direcciones partidistas o más escépticos con lo que pueda resultar de la acción institucional y política. Hay que saludar y acompañar todas las propuestas que apunten en esa dirección. La competencia decisiva no es contra el PSOE, que es un socio insustituible en cualquier Gobierno de coalición progresista que pueda constituirse, sino la que se libra para sumar a sectores sociales que hoy están extramuros de la influencia de las izquierdas y no confían en las ideas ni en las recetas de izquierdas, pero pueden ser atraídos por una acción política encaminada a conseguir más y mejores bienes públicos, más y mejores empleos, más solidaridad y protección social con el conjunto de la ciudadanía y, especialmente, con sus sectores más vulnerables y una convivencia sustentada en el respeto de la pluralidad realmente existente y en hacer más reales la democracia, el bienestar, la extensión de derechos y la igualdad de oportunidades.
