Durante el franquismo, el ministro José Antonio Girón de Velasco, el de la revolución pendiente, presumía del número de viviendas que se habían construido para los más necesitados. Era una broma, más bien un sarcasmo. La mayoría de esas viviendas fueron entregadas a miembros de la División Azul, falangistas de demostrada vocación y allegados de distinto significado que habían hecho méritos suficientes como para que el régimen les diera cobijo. Algunas, no demasiadas, fueron destinadas a productores -que era como en la dictadura gustaba llamar a los trabajadores-, y con el tiempo, debido a la pésima calidad de los materiales y a su alejamiento del centro, fueron transformándose en guetos de todos conocidos: Las tres mil viviendas de Sevilla, las mil viviendas de Alicante o las decenas de Unidades Vecinales de Absorción (UVA) que se repartían por toda España y que fueron demolidas en su mayoría al llegar la democracia.
Durante los años ochenta se elaboraron ambiciosos proyectos para construir viviendas sociales, llegándose al final de la década a una paralización que ha llegado hasta nuestros días, dado que las comunidades autónomas en ningún momento se vieron concernidas por la urgencia de cumplir el mandato constitucional de facilitar vivienda a todo aquel que no pudiese acceder a ella. Fue la primera gran privatización de nuestra democracia: Miles de millones públicos fueron entregados a promotores y constructores para que edificasen donde les saliera sin tener en cuenta al medio ambiente ni al patrimonio histórico-artístico. El mercado comenzó a funcionar en todo su esplendor al calor de la liberalización del suelo y del sector financiero. Cualquier bancal de tomates podía ser edificado en seis meses, los terrenos próximos a las playas se convirtieron en minas de oro mientras grandes fondos de inversión globales y muchos particulares comenzaron a ver aquella explosión fomentada desde los poderes públicos, como la gran oportunidad de su vida. Se compraba y vendía sobre plano, en un mes, en semanas, obteniendo rentabilidades jamás soñadas. Fue entonces cuando los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas se convirtieron en nidos de corrupción y de clientelismo, puesto que una recalificación de terrenos no sólo suponían ganancias multimillonarias para propietarios, productores y constructores, sino también para los políticos desaprensivos dispuestos a recalificar lo que fuese a mayor gloria de España y de insaciable glotonería marisquera.
Una recalificación de terrenos no sólo suponía ganancias multimillonarias para propietarios, productores y constructores, sino también para los políticos desaprensivos
Si durante los primeros años de democracia se hicieron planes urbanísticos encaminados a rectificar la terrible y destructora herencia franquista, tras la victoria del Partido Popular en 1996, España retornó a lo feo, a lo cutre, al oropel y a la fruslería, llegando a convertir la costa mediterránea en una verdadera orgía de cemento y asfalto que terminó por destruir casi por completo uno de los paisajes más bellos de Europa. Fue ahí, cuando estalló la burbuja especulativa más grande de nuestra historia, cuando aparecieron los primeros ocupas, normalmente grupos de personas con ideales alternativos que ocupaban fincas largo tiempo abandonadas y personas de no muchos años que no tenían donde meterse. Fue también ahí, cuando se produjo un incremento estremecedor del número de lanzamientos y desahucios, llegándose a tal grado de barbarie de expulsar de sus casas a miles de familias que la habían comprado mediante hipoteca en los grandes años de la especulación y el robo, que habían pagado rigurosamente las mensualidades mientras tuvieron trabajo, pero que al verse en el paro, sin apenas dinero para cubrir las necesidades primarias, se vieron obligadas a aplazar los pagos, en muchos casos cuando apenas les faltaban unos meses para concluir la compra.
Ya sé, apenas una quinta parte de la población se vio implicada en este trágico episodio que jamás debió ocurrir, también que a los otros cuatro quintos, por norma general, les importa una figa lo que pase a los lanzados o desahuciados porque son gente de bien, pero la realidad, por citar sólo un dato, es que desde 2008, comienzo de la crisis-estafa Aznar-Rato, más de 648.000 familias han sido sacadas a la fuerza de su hogar pese a haber cumplido con sus obligaciones económicas mientras tuvieron trabajo, en muchísimas ocasiones personas muy mayores o familias con hijos en estado de extrema vulnerabilidad.
Desde 2008, comienzo de la crisis-estafa Aznar-Rato, más de 648.000 familias han sido sacadas de su hogar pese a haber cumplido con sus obligaciones económicas mientras tuvieron trabajo
Mientras esto sucedía en muchas ciudades de España, mientras los antidisturbios con mandato judicial utilizaban la fuerza para desalojar a familias sin otra opción habitacional, ayuntamientos y comunidades como la de Madrid vendían miles de viviendas sociales públicas a fondos buitre como Blackstone, pieza clave en el encarecimiento interminable de la vivienda en ese municipio y en esa región. Sería motivo suficiente para que los madrileños dejasen de votar a quienes tales cosas han perpetrado en perjuicio de los ciudadanos más necesitados, sin embargo, no será así, y en los próximos comicios, los madrileños, encandilados con la mala educación de su máxima mandataria, con su simpleza y su arrogancia paleta, procederán a investirla con el mismo entusiasmo con el que en días pasados los británicos entronizaron a un hombre que necesita un criado para que deposite la misma cantidad de dentrífico en su cepillo de dientes, cada mañana, a la misma hora.
Entre tanto, los ocupadores de propiedades ajenas, que casi nunca son viviendas habitadas asiduamente y que deben ser desalojados con rapidez, actuaron en 2022 sobre 6.000 fincas, en las que se incluyen parcelas, naves industriales y viviendas. La ley debe ser contundente con quien se apropia de una vivienda que no es suya, sobre todo cuando causa daños a los propietarios y a terceros, pero la ocupación, al igual que los desahucios y lanzamientos, pone de manifiesto que en España existe un enorme problema de vivienda generado por la dejación de funciones hecha por comunidades autónomas y ayuntamientos, administraciones obligadas por la Constitución a tener un parque de viviendas suficiente para que nadie tenga la necesidad de ocupar nada ni nadie se vea obligado a abandonar su hogar por la fuerza bruta.
Si las medidas anunciadas por el Gobierno en las últimas semanas van en la buena dirección, no serán suficientes hasta que no exista una cantidad de vivienda pública capaz de dar techo a quienes no han tenido la oportunidad o la suerte de poder tener una. Vuelvo a incidir en lo mismo, los cascos viejos de nuestras ciudades históricas están llenos de viviendas vacías: Sería una oportunidad de oro, dotándolos de los servicios necesarios, para salvarlos de la ruina y la piqueta, de llenarlos de vida y de futuro. Lo que espera si triunfan los ultras, ya lo vimos en 2008.
