La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el “trato de favor” y la “trama de presunta corrupción sistemática” en las relaciones que el gobierno de Alberto Núñez Feijoó en Galicia mantuvo con la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, que dirige su hermana Micaela Núñez.
En su denuncia, la asociación mantiene que la Xunta de Galicia, a través de sus consellerías y otras instituciones de la Administración gallega, adjudicó más de 37 millones de euros al Grupo Eulen desde que Alberto Núñez Feijóo accedió a la presidencia en mayo del 2009.
Así consta en las resoluciones publicadas en los últimos trece años en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la plataforma Contratos Públicos de Galicia (CPG).
De esos 37 millones, cerca del 80% se canalizaron a través de entidades instrumentales, fundaciones y empresas públicas, en muchas de las cuales el presidente gallego “colocó a dedo a amigos y cargos del PP y a militantes de ese partido”, denuncia la AECC.
La directora de Eulen para el Noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del exjefe del Ejecutivo gallego, que en el 2016 fue ascendida a ese cargo desde el que ocupaba como directora regional para Galicia.
Durante el ejercicio inmediatamente anterior, Eulen obtuvo su “récord de adjudicaciones” de la Xunta hasta entonces, con 6,2 millones de euros.
La denuncia cita una investigación realizada por el diario Público que pone en evidencia la coincidencia temporal entre determinadas adjudicaciones y los movimientos de altos cargos.
Según se especifica en la denuncia, el principal cliente del grupo empresarial en Galicia es el Servicio Galego de Saúde (Sergas), que le ha otorgado 8,7 millones de euros durante los últimos trece años. Es decir, una media de casi 770.000 euros por ejercicio, seis veces más de lo que obtenía con el Gobierno de coalición del PSdeG y el BNG que antecedió a Feijóo, y que adjudicó a Eulen poco más de medio millón de euros en toda la legislatura -unos 126.000 euros al año-.
El Sergas fue uno de los primeros organismos en los que Feijóo procedió a realizar cambios nada más acceder a la Xunta, colocando a exdirigentes del PP.
Si entre el 2009 y el 2014, el Sergas contrató con Eulen por valor de 873.418 euros, desde entonces hasta hoy han sido más de 7,7 millones.
La segunda entidad pública gallega que más ha contratado con Eulen durante los mandatos de Feijóo es el Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, con más de 6,3 millones de euros en cuatro contratos para la atención de centros de día de mayores en distintos municipios de Galicia, dos de ellos firmados en el 2014 y los otros dos, en el 2020.
Otra de las grandes adjudicatarias de la multinacional leonesa es la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), una empresa pública participada por la Xunta y Naturgy al 51% y 49%, respectivamente, que 3 gestiona el reciclaje de residuos urbanos de cerca de 295 municipios de Galicia.
Sogama ha asignado contratas a Eulen por 3,46 millones: tres para gestionar su enfermería (2,16 millones repartidos entre el 2011, el 2015 y el 2019) y otras tres para trabajos de jardinería y acondicionamiento de zonas verdes en sus instalaciones (1,3 millones en el 2012, el 2016 y el 2020).
Algunos ayuntamientos del PP también han adjudicado importantes cantidades a Eulen, según figura en la denuncia.
En cuanto a la empresa que dirige la hermana de Feijóo, durante el año de la pandemia, en 2020, Eulen superó el récord del año 2015 con 6,7 millones de contratos adjudicados. En 2021, la empresa se llevó otro contrato de 1,3 millones.
“Del abrumador trato de favor se puede deducir un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción sistemática”, denuncia AECC
Tanto Feijóo como la empresa han negado en el pasado que exista vínculo alguno entre su relación con su hermana y el incremento de las contratas de su Gobierno y la compañía para la que ella trabaja.
AECC en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción solicita que se inicien actuaciones para “investigar estos hechos sospechosos de corrupción de empresas adjudicatarias de servicios públicos y proceda como corresponda”.
“Del abrumador trato de favor se puede deducir un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción sistemática”, añaden.
