El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio para investigar la situación de trabajadores expuestos a temperaturas extremas.
La institución que dirige el socialista Ángel Gabilondo ha tomado esta decisión tras las muertes registradas por golpes de calor en el ámbito laboral.
En los últimos meses se han registrados varias muertes y accidentes graves por golpes de calor en actividades que se realizan a la intemperie.
Según datos hechos públicos por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, entre el 10 y 16 de julio y debido a la ola de calor, en España fallecieron 510 personas.
El sábado 16 de julio se conocía la triste noticia del fallecimiento en Madrid del barrendero José Antonio González que se encontraba trabajando en la calle con 42 grados de temperatura.
Este mismo jueves, 21 de julio, un trabajador de 56 años, repartidor de propaganda, también fallecía en Paracuellos del Jarama (Madrid) al sufrir un golpe de calor mientras trabajaba.
El Defensor del Pueblo ha solicitado información a la Inspección de Trabajo para “conocer las actuaciones inspectoras realizadas para combatir los riesgos en aquellos sectores expuestos a condiciones ambientales extremas que pongan en peligro la seguridad y la salud de las personas en el ejercicio de su actividad laboral”.
En la información requerida, el organismo pide “que se especifiquen las actuaciones que se hayan podido realizar en supuestos siniestros laborales, a causa de este factor de riesgo”.
“Con la finalidad de valorar el inicio de actuaciones pertinentes ante las administraciones responsables”, el Defensor quiere tener conocimiento de estos planes de prevención en el ámbito del sector público, “con independencia de que se trate de la prestación de servicio público en régimen de gestión directa o de contratación administrativa”, afirma, después de que el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida eludiera su responsabilidad por la muerte del barrendero asegurando que el operario de limpieza dependía de una empresa adjudicataria.
La institución también quiere conocer el criterio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acerca de “la suficiencia de la normativa para garantizar un marco adecuado de protección de los trabajadores que desarrollan su trabajo al aire libre”.
