Ha muerto un trabajador
Las Estadísticas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales elaboradas desde hace más de un siglo por los Departamentos correspondientes del Ministerio de Trabajo, hoy Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, con continuidad rigurosa, salvo excepciones temporales, nos muestran un panorama que, con algunos altibajos en determinados períodos, es tristemente rutinario, sin ninguna ruptura en positivo que nos indique un cambio significativo de tendencia.
¿Por qué detenerse entonces ante un hecho habitual? Obviamente en un análisis desagregado se destacan algunos matices causados por los cambios sustanciales que se han producido en el peso de los sectores económicos, del análisis espacial y territorial, de la evolución poblacional, de los nuevos riesgos consustanciales con nuevas tecnologías, nuevas organizaciones del trabajo, nuevas movilidades relacionadas con el trabajo. Pero las causas de las lesiones siguen teniendo una base elemental.
En nuestro país buscar las causas en los aspectos “modernos del trabajo” es una excusa. En mi opinión se debe más a las concepciones “antiguas del trabajo”, de su prevención y protección. Al igual que justificarse en las dificultades de las normas legales, la incapacidad del Cuerpo de Inspectores, de la dejación de los Jueces, de los Servicios de Prevención, hoy privatizados en manos de Quirón, de los sistemas de prestaciones de las Mutuas de Accidentes (MATEPSS), del INSST y los Institutos de CC.AA. Todos participan en el desastre, lo cual indica un fallo estructural en el abordaje de la salud laboral en nuestro país.
Los cambios políticos en la materia de los últimos años han profundizado en “la normalización aceptada” de la siniestralidad laboral, como sacrificio que debemos de pagar al crecimiento y a la modernidad. El problema es que lo pagamos sólo los trabajadores. Esto nos lo confirman las estadísticas sobre Condiciones de Vida, las de Accidentes y los estudios de Vicenç Navarro.
Accidente es un hecho fortuito. Lo previsible, con probabilidad de ocurrencia elevada, no es fortuito
Se podía alegar riesgo grave e inminente para paralizar la actividad por José Antonio, barrendero, con un contrato laboral de un mes con la empresa Urbaser, contratada por el Ayuntamiento de Madrid capital, o por representantes sindicales, especialmente por el Delegado de Prevención, por trabajar a 42 grados. Accidente es un hecho fortuito. Lo previsible, con probabilidad de ocurrencia elevada, no es fortuito. Si además, los resultados pueden ser graves, se cumplen las circunstancias legales.
En nuestro país existen en la actualidad, y a lo largo de las últimas décadas, demasiadas lesiones laborales previsibles y, por tanto, prevenibles. Pero la evidencia nos muestra que el actual sistema, estructuralmente, nos conduce a la aceptación, normalización e institucionalización del accidente y la enfermedad profesional.
La resistencia empresarial a asumir responsabilidades en este tema, establecida ya en la lejana Ley Dato, es antigua y tenaz. Tuvo que llegar a Ministro de Trabajo Largo Caballero para conseguir la obligatoriedad real. Un caso actual y conocido es el del tratamiento de los trabajadores y familiares víctimas de la exposición a Amianto.
Las leyes son papeles escritos llenos de buenos deseos como diría Sagardoy. Eso promueve y facilita una hipertrofia normativa, en muchos casos interesada, porque “el ruido legal” impide o dificulta la aplicación material, que excusa al incumplidor. Han de exigirse más los principios. La parte expositiva y motivacional de las leyes no se debe considerar pura retórica ornamental.
Para cumplirlas se necesita ejecutarlas por parte de todos los implicados, cada uno con sus competencias y con la dotación adecuada de medios. Jueces, Fiscales, Inspectores de Trabajo, Técnicos de Prevención, Policía, etc. Y los sindicatos. Porque los trabajadores y sus organizaciones y representantes están implicados directamente y tienen muchas de las competencias que les permiten la prevención y protección de las vidas y salud de las trabajadoras y trabajadores. Es la acción la que va a imponer la efectividad de las leyes. Pensemos menos en su “mejora” y actuemos más para su aplicación.
En los últimos años, cada vez que se produce una agresión sexual, maltrato o violencia doméstica contra la mujer y los hijos, por homofobia o xenofobia, hay una reacción social e institucional pública, en la calle. Es la forma de que las leyes acaben cumpliéndose. Son las grandes movilizaciones, con cientos de miles de manifestantes en el Orgullo, en el 8 de Marzo, día de la mujer trabajadora, contra la Guerra, las que modifican la rutina de lo trágico. Frente a los accidentes y enfermedades laborales, la primera respuesta debe de ser la de los trabajadores y sus organizaciones. Siempre ha sido así.
