El mal hábito del Partido Popular de hacer trampas con la muerte

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Hay un peligroso hilo conductor que marca la deriva del Partido Popular desde que Aznar tomó unas riendas que -por lo que se está viendo entre bambalinas- algunos tenemos la certeza de que no ha soltado. También en todo lo que tiene que ver con la muerte mienten de forma sistemática e irrespetuosa.

Seguro que me dejo hechos y datos en el tintero, pero si realizamos un ejercicio de poner unos hechos detrás de otros, e incluso por orden cronológico, les garantizo que impresiona. Y que convierte ese reflejo que tienen en algo nada casual. Y algo aún peor: revela una falta de sensibilidad y de empatía con las víctimas que da mucho que pensar. Es como si hubieran nacido cantando la parte más funesta del himno de la legión.

1. 2003. Mes de marzo. Decenas de miles de civiles iraquíes masacrados. Y el infierno inventado en Guantánamo, Abu Ghraib y otros
2. 2003. Mes de mayo. Zakolev 42
3. 2004. Atentados de Madrid. 11 de marzo
4. 2006. 3 de julio. Accidente del Metro de Valencia. 43 personas fallecidas
5. 2020. 18 de marzo. “Protocolos de la Vergüenza”
6. 2024. 29 de octubre. Dana de Valencia. 229 personas fallecida
7. 2025. Octubre (y antes). Andalucía: Negligencia (¿?) grave ante el cáncer de mama

Escribo estas líneas tras un año de estar escuchando mentiras sobre la tragedia de la Dana. Y pretextos inaceptables sobre la mezcla de frialdad e inutilidad con la que se abandonaron las responsabilidades debidas, y que sin haber podido evitar las inundaciones, al menos habrían evitado o mitigado la tragedia. Pero si me acompañan podemos analizar todo el tortuoso y oscuro recorrido de cómo tratan los dirigentes del Partido Popular a nuestros vivos y a nuestros muertos en situaciones extremas.

1. 2003. Mes de marzo. Decenas de miles de civiles iraquíes masacrados. Y el infierno inventado en Guantánamo, Abu Ghraib y otros

Tras darnos la sorpresa de aparecer inesperadamente en las Azores, haciendo de comparsa de Bush y Tony Blair con una inapropiada declaración de guerra a Irak, el entonces presidente José María Aznar se convirtió en apóstol de la mentira, anunciando reiteradamente que en Irak había armas de destrucción masiva. No las había, pero, aunque las hubiera habido, estaba injustificada la intervención inapropiada de España, al margen de Naciones Unidas, en una decisión unilateral y arbitraria de Estados Unidos.

Recordarán ustedes (yo la tengo clavada en mi memoria como un puñal en el corazón de la Historia) aquella punzante y mentirosa mirada de Aznar en un primer plano en TVE, mientras nos decía: “Créanme: existen armas de destrucción masiva”. Cuando él sabía que era completamente falso, porque unos días antes de la farsa de las Azores se lo había explicado el director del CNI, según desveló más tarde el propio Dezcallar. Pero él utilizó la autoridad de convicción de la presidencia de Gobierno que encarnaba para tratar de justificar una actuación irresponsable y gratuita, que acabó con la vida de decenas de miles de personas civiles; entre ellas las de dos periodistas españoles: José Couso y Julio Anguita Parrado.

Con aquel pretexto mendaz nos metió en una guerra criminal. Aunque él siga mintiendo al decir que no participamos, claro que estuvimos allí: si no ¿por qué hubo 11 militares muertos y otros 18 heridos? ¿Y por qué el presidente Zapatero tuvo que ordenar en 2004 la retirada de nuestras tropas? 

Aznar, en televisión bramaba contra las decenas de miles de ciudadanos que nos manifestábamos por las calles de España contra aquella guerra caprichosa e injusta, y nos llamaba “perros que ladran su rencor por las esquinas”. No era rencor, sino una exigencia de paz. El rencor era el suyo. Personalmente tengo pendiente (y voy recabando datos) de desvelar cómo en todo aquello Aznar no actuaba como presidente del Gobierno de España, sino en pro del futuro de sus intereses particulares y de los de su tribu.

1. 2003. Mes de mayo. Zakolev 42

Venían de otra guerra, la de Afganistán. 62 militares españoles fallecieron en el accidente del avión-tartana que los traía. Un avión del que uno de los militares fallecidos enviaba un mensaje a su familia antes de embarcar diciendo: “rezad por mí; este avión es una mierda”. 149.000€ había pagado el ministerio de Defensa dirigido por Federico Trillo, del Gobierno de Aznar, y después de 6 subcontratas sucesivas la empresa ucraniana que lo gestionaba había recibido 38.000€.

De nuevo la mentira irrespetuosa. Las prisas por zanjar aquel “molesto asunto” permitió una autopsia chapucera

De nuevo la mentira irrespetuosa. Las prisas por zanjar aquel “molesto asunto” permitió una autopsia chapucera. Se confundieron nombres de un buen número de víctimas; se mezclaron restos de cadáveres; otros quedaron esparcidos para siempre por el lugar del accidente. No se escuchó a las familias de las víctimas: incluso se las desacreditó. La justicia nadó entre dos aguas. Sólo el empeño y la constancia de los familiares logró sacar adelante su causa, que terminó con la condena, en 2009, a tres mandos militares que, según Bárcenas, tuvieron una defensa pagada con el dinero B del Partido Popular. De ellos, los dos que vivían fueron indultados por el Gobierno de Rajoy.

Tras sufrir las familias de las víctimas múltiples desprecios y vejaciones, tanto por el ministro Trillo como por la ministra Dolores de Cospedal, hubo un duro dictamen condenatorio del Consejo de Estado en 2017. Sobre él y sobre todo el asunto, Rajoy se limitó a decir: “Yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente; ocurrió hace muchos años”. Aunque había ocurrido bajo la responsabilidad del Gobierno que él presidía.

1. 2004. Atentados de Madrid. 11 de marzo

Tres días antes de las elecciones generales en las que se presentaba Mariano Rajoy como candidato del Partido Popular, apareció nuevamente en televisión el todavía presidente de Gobierno José María Aznar. Mintió con toda solemnidad, como tenía por costumbre. A primeras horas de la mañana se habían producido los terribles atentados en las estaciones de Renfe de El Pozo del Tío Raimundo y en las cercanías de Atocha: 192 personas asesinadas y en torno a 2.000 personas heridas.

Después se terminó sabiendo que la cúpula del Partido Popular había dado más importancia a la coyuntura electoral que a la tragedia

Aznar no dudó en afirmar con toda rotundidad la autoría de ETA. Tanta rotundidad, que el candidato del PSOE, Rodríguez Zapatero, y el Lendakari vasco también aparecieron en TVE condenando el atentado y poniéndose a disposición del Gobierno, y dando por buena la afirmación de Aznar. Nadie podía pensar que, en un tema tan grave, su rotunda afirmación no tuviera fundamento. Después se terminó sabiendo que la cúpula del Partido Popular había dado más importancia a la coyuntura electoral que a la tragedia. La interpretación de Pedro Arriola, asesor áulico de Aznar, era: “Si ha sido ETA nos salimos del mapa; si han sido los yihadista nos vamos a casa” (Margallo dixit). Y Aznar se aferró a luchar por la mayoría absoluta para Rajoy.

ETA no reivindicó. Pero la investigación policial fue descubriendo que ni el modus operandi, ni los explosivos utilizados eran propios de ETA; y fue descubriendo pistas que la llevaban indiscutiblemente a la autoría yihadista. Aznar y su ministro del interior, Ángel Acebes, seguían manteniendo la mentira contra viento y marea, mientras el beneficiario del engaño, Mariano Rajoy, callaba. La sospecha se fue convirtiendo en noticia, y acabó filtrándose, de forma que en las masivas manifestaciones contra el atentado flotaba la convicción de que nos estaban mintiendo. Y el lema más extendido versaba sobre la exigencia de que nos dijeran la verdad.

Para Aznar y su gente ganar las elecciones era más importante que la verdad sobre la tragedia de 192 personas y sus familias. Y más importante que la transparencia ante la sociedad española.

1. 2006. 3 de julio. Accidente del Metro de Valencia. 43 personas fallecidas

Llegando a la estación de Jesús descarrilaron dos vagones del metro de Valencia. Fallecieron 43 personas. La versión oficial fue que el accidente se había debido a un fallo humano: exceso de velocidad causado por el conductor, que falleció en el accidente. Canal Nou (la televisión autonómica) no modificó su programación, y difundió la versión oficial del Consell de la Generalitat, presidido por Francisco Camps.

En 2003 había habido el precedente de una anomalía en el sistema de frenado denunciada infructuosamente por el conductor que la había sufrido. Parece que se había instalado un sistema de frenado (el FAP) barato, en lugar del sistema ATP que también había concurrido por el contrato, y que, según los informes técnicos, habría evitado el accidente.

El caso se cerró con la versión oficial: el culpable, como siempre, el conductor. La justicia sobreseyó más de una vez las denuncias sobre los responsables del Metro y de la Generalitat. Les Corts Valencianes, con la mayoría del PP, rechazó las comisiones de investigación. Los familiares de las víctimas se asociaron para luchar por la verdad. Algunos afectados denunciaron que Juan Cotino, entonces conseller de Agricultura del Consell presidido por Francisco Camps, les había visitado en Torrent para ofrecerles empleos a cambio de que no acudieran a los tribunales. Y fue la tenacidad de la Asociación de familiares de las víctimas la que mantuvo viva la reivindicación de una investigación transparente. Incluso se presentó ante la Comisión Europea para que se analizara su problema, y para que se cambiara la normativa para introducir a los Metros en el mismo campo de los controles ferroviarios.

Finalmente lograron que se restablecieran sus denuncias en los juzgados, y que ocho responsables del Metro reconocieran su culpabilidad, aunque la negociaran con la justicia para disminuir sus penas. Cuando las elecciones modificaron la composición de las Corts y del Consell, se habilitó una comisión de investigación que ayudó a sacar el asunto adelante.

El mejor resumen de los hechos fue una profética declaración de la presidenta de la asociación de víctimas, Beatriz Garrote, ante las Corts, afirmando que el Consell de la Comunitat Valenciana del PP había “gestionado el siniestro de forma opaca y deshonesta”. En 2015 hizo una perfecta descripción de lo que llevamos un año viviendo con la tragedia de la Dana.

1. 2020. 18 de marzo. “Protocolos de la Vergüenza”

En el laberinto indescifrable que Ayuso y su consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, generaron en la Comunidad de Madrid, el estallido de la pandemia de Covid 19 hizo que la presidenta del PP en el territorio de la capital comenzara a urdir una cruzada anarco-liberal contra los poderes centrales del Estado, que habían asumido el 14 de marzo de 2020 -con la declaración del estado de alarma- la coordinación de las actuaciones, para el máximo aprovechamiento de los recursos y para la mayor eficiencia operativa.

Ayuso tuvo a gala contravenir ostentosamente muchas de las directrices trazadas por el Estado en materia de prevención, inventándose una falsa libertad. Y dentro de su prurito anárquico llegó a tomar algunas decisiones arriesgadas, e incluso contradictorias. Mientras trazaba el plan de que los habitantes de las residencias de tercera edad debían ser atendidos médicamente en las propias residencias, sin ir a los hospitales, dejó esta iniciativa sin los médicos destinados a tal tarea, a los que destinó al improvisado hospital de IFEMA.

Mientras tanto, el 18 de marzo de 2020 se firmaron varias versiones sucesivas y algunas complementarias de los llamados “protocolos de la vergüenza”, que discriminaban primero por edad y grado de dependencia, y después por tener o no seguro privado, a los mayores acogidos en las residencias. Hasta el punto de impedir que fueran trasladados a hospitales a los mayores que no tuvieran un seguro privado. Unos protocolos que constituían una especie de sentencia de muerte regida por la ley de probabilidades. Sin asistencia sanitaria e imposibilitados de su traslado a ningún hospital, los ancianos de las residencias quedaron encerrados en las ratoneras en que se convirtieron las residencias.

Las escenas de horror humano que en algunos casos afloraron y las descripciones e incluso denuncias de policías municipales y bomberos, y de trabajadoras y algunos directores de residencias, eran apocalípticas. Un patetismo acentuado por el aislamiento, que al terrible padecimiento de los internados se sumaba el dolor, la zozobra y el desconcierto de las familias que no lograban saber de sus padres o abuelos. El trágico resultado fue que el 24% de habitantes de residencias fallecidos por covid en España lo fueron en Madrid: 7.291 de un total de 30.240, según datos oficiales. Cuando la población total de la Comunidad de Madrid suponía el 14,26% del total de la población española.

Hay unos hechos incontestables: 7.291 fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid. Y que el 18 de marzo de 2020 se firmaban y difundían como normas de obligado cumplimiento a todos los hospitales y residencias de Madrid los llamados “protocolos de la vergüenza”. Como consecuencia hay imputados tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid: Javier Mur de Viu, que fue director general de Coordinación Sanitaria (hoy “auto-exiliado” en Andorra e incurso en 8 procedimientos judiciales derivados de su actuación), y su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo (incurso en 7 procedimientos judiciales, y refugiado por el Grupo Quirón como jefe de geriatría en la Fundación Jiménez Díaz); y Pablo Busca (afectado por 6 procedimientos judiciales), máximo responsable entonces del servicio de ambulancias, que impidió los traslados de residentes a hospitales, siguiendo los protocolos.

Es muy dudoso que estas tres personas actuaran por su cuenta y riesgo, sin el conocimiento del consejero de Sanidad de la Comunidad, Ruiz Escudero, y de la presidenta Ayuso, que en aquellos momentos controlaba todos los movimientos, en su intento de convertirse en la Manuela Malasaña que se enfrentaba al “invasor” Pedro Sánchez. Y esa implicación en las decisiones (aunque quien las firmó fuera Mur) queda acreditada de facto por el ardor que ha puesto, y sigue poniendo en la defensa de toda la política descabalada que se siguió durante la pandemia; en el énfasis en su oposición a las asociaciones de familiares de fallecidos: 7.291 Verdad y Justicia, y Marea de Residencias (las dos más combativas, y que han logrado poner en pie 8 procedimientos de instrucción judicial); así como al estudio sobre las residencias en la Comunidad de Madrid realizado por CC.OO., UGT y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias.

Un Estudio cuya presentación en el ámbito de la Comunidad de Madrid prohibió. Tal vez porque rebela datos como que el 93% de las residencias públicas de Madrid tienen gestión privada. Ya saben ustedes: cuando hay gestión privada de un servicio público, los legítimos beneficios de la empresa privada se detraen de la calidad del servicio. Y por la conclusión de que para obtener una ratio adecuada para cuidar a las 20.123 personas de las residencias públicas madrileñas harían falta 15.773 trabajadoras y trabajadores, cuando ahora hay 8.320 (el 53% de las necesarias).

La justicia madrileña (que cuatro años después de que pasara la pandemia anda aún enzarzada en si junta todos los procedimientos en un solo juzgado o no) no solo se muestra perezosa en avanzar en un asunto tan grave que tiene como eje central de la acusación dilucidar si es aplicable el artículo 511 del Código Penal (Denegación de la prestación sanitaria por motivos de discriminación), sino que no parece muy dispuesta en saber si los firmantes de los protocolos actuaron irresponsablemente por cuenta propia, o consultaron, e incluso pudieron recibir instrucciones de sus superiores jerárquicos.

El broche del desprecio a una situación tan grave, que no se queda en el mero contagio de un virus, sino en una decisión de cerrarle las puertas de los hospitales a los enfermos, lo pone la señora Ayuso en una intervención en la Asamblea de Madrid en febrero de 2024:

“Mucha gente mayor -pontificó- cuando iba a los hospitales también fallecía, porque una persona cuando estaba gravemente enferma con el covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio”. Y no se hizo nunca una pregunta tan sencilla de cómo saber la gravedad de los pacientes, si los había dejado sin atención médica.

Esa frialdad, y esa forma opaca y deshonesta de tratar la tragedia que, en 2015, profetizaba la presidenta de la asociación de víctimas del accidente del Metro de Valencia, la reproduce calcada, y multiplicada por 173,5 en número de muertes otra mujer llamada Isabel Díaz Ayuso que, si tiene conciencia, imagino que debería necesitar muchos somníferos para conciliar el sueño.

1. 2024. 29 de octubre. Dana de Valencia. 229 personas fallecida

Hoy hace un año, y aún no sabemos exactamente lo que hizo en los momentos clave de la tragedia el responsable de dirigir su prevención y el salvamento de las víctimas. Han sido tantas las mentiras que ha soltado, que sería imposible creer cualquier cosa que dijera, incluso aunque fuera en confesión en el lecho de muerte. Se llama Carlos Mazón. Pertenece al Partido Popular, y se aferra a la ilusión de hacernos creer que estuvo todo el tiempo en el que anduvo desaparecido (casi la cuarta parte de un día entero con su noche) al tanto de las iniciativas que no se tomaron por parte de su equipo. Su mentira queda acreditada por las pocas y brevísimas llamadas que, prácticamente, siempre recibió.

Está tan de actualidad la evidencia de su trágica inacción, que casi no hace falta repetirla. Pero es obligado señalar algunas cosas:

La actuación de Mazón supera los límites del cinismo. Y repite el patrón de esa indiferente frialdad y soberbia que impera en los dirigentes del Partido Popular desde que comenzó a liderarlo Aznar. Ha puesto de manifiesto una reacción altiva frente a las víctimas, un desdeño total en relación con las reacciones de la gente del común.

Y una capacidad de mentir para salir del paso; y en este caso no solamente por parte de Mazón: cuando se han ido conociendo las llamadas recibidas o realizadas por éste, durante todo el tiempo de la tragedia, se descubre que Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular ha mentido reiteradas veces cuando afirmaba que él estuvo todo el tiempo en contacto con Mazón que le mantuvo al tanto de los sucesos. Ni Mazón estuvo al tanto -según se ha demostrado- ni pudo informar constantemente a Feijóo, porque la única llamada que tuvo con él fue a las 9:30 de la noche.

Lo cual demuestra que, tanto el presidente del Consell de la Generalitat, como el presidente del Partido Popular mantuvieron, durante todo el dramático tiempo en el que 229 valencianas y valencianos se ahogaban, la más absoluta de las indiferencias. Y demostraron lo que les importa esa España a la que tanto manosean.

Y van 7.817 muertos, que son el testimonio de una conducta aberrante. Y eso sin contar los 11 militares y los dos periodistas que perdieron su vida en Irak. Y sin contar las decenas de miles de civiles iraquíes masacrados.

1. 2025. Octubre (y antes). Andalucía: Negligencia (¿?) grave ante el cáncer de mama

La muerte viene cuando se pierde la salud. Y la salud se pierde la mayoría de las veces cuando no se la cuida con esmero.

Andalucía nos ha enseñado mucho en nuestra Historia. Pero en este último mes nos está mostrando una tragedia silenciosa que ha ido avanzando agazapada y lentamente, como una metástasis. Y no parece que esta vez proceda de un accidente imprevisible ni de un fenómeno meteorológico. Procede de una concepción del poder y de una falta de aprecio por los servicios públicos fundamentales. En este caso, por un servicio público tan sagrado como el que tiene que velar por la salud y por la vida.

Una vez más se pone en evidencia el peligro que corremos cuando nuestros gestores públicos se dejan llevar del sofisma de que la Sanidad pública hay que ponerla, de una u otra forma, en manos privadas

Más de 2.000 casos declarados (y aún parece que no hemos visto ni la punta completa del iceberg) de mamografías con advertencia de riesgo de cáncer para las pacientes, retenidas o aplazadas por hasta dos años o más, sin informar a las interesadas y sin tomar medidas para facilitar su atención. Lo van descubriendo las mujeres afectadas, y lo destapa una asociación, Amama, a la que debemos estar agradecidos todos, porque su valentía, su serenidad y su tenacidad en la búsqueda de la verdad y en la reivindicación de soluciones, nos va a obligar a que revisemos toda la burocracia y todos los errores tecnológicos que pueden estar degradando la gestión de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Y, sobre todo, la concepción ideológica, o los intereses particulares que lo están lastrando. Porque detrás de ese problema van aflorando acciones que quiebran la buena fe de la lógica, porque no son posibles si no hay una intención retorcida y perversa en el trasfondo de su concepción. Aparecen contratos múltiples, fraccionados para que se puedan hacer sin concurrencia: precisamente para hacer mamografías. Y aparece el caso de Granada, donde se contrata el servicio, año tras año, con la justificación de que los equipos del hospital público están averiados o son obsoletos. Pero la misma razón se sigue aduciendo dos años después, según las informaciones aparecidas, de que tales equipos hubieran sido sustituidos.

Y se da el caso de que esos contratos no son solamente en Granada, sino en una buena parte de Andalucía, donde equipos móviles privados, enfrente de los hospitales públicos realizan la labor que, por lógica, debería estar realizándose en esos hospitales. Y ocurre que esos contratos fomentan que los radiólogos se vayan a trabajar a las empresas contratadas. Y cuando aparece el problema de las mamografías abandonadas y se quiere poner una solución de urgencia, no se encuentran radiólogos para la urgencia, porque ¿quién se va a arriesgar a perder su puesto de trabajo para una operación temporal de choque? Un absurdo exponencial.

Una vez más se pone en evidencia el peligro que corremos cuando nuestros gestores públicos (en este caso la Junta de Andalucía dirigida por el PP con los votos de una parte de andaluces) se dejan llevar del sofisma de que la Sanidad pública hay que ponerla, de una u otra forma, en manos privadas. Destrozando un axioma que, como tal, es irrefutable: lo privado por definición requiere un beneficio legítimo. Si un servicio público tan delicado como el de la Salud se pone en manos privadas, ese beneficio va a salir de algún sitio: o de la calidad directa del servicio, o de los sueldos de quienes tienen que prestarlo: sueldos que terminan incidiendo en el propio servicio.

Todo eso que hemos descubierto estas últimas semanas en Andalucía no es más que el rastro de una tragedia anunciada. Es una estafa encubierta al ciudadano contribuyente, incluso al que pueda pagarse un seguro privado de salud (que para temas graves casi siempre tendrá que recurrir a los medios de la Sanidad pública), y es una especie de sentencia de muerte encubierta, porque el deterioro de ese servicio vital, a medio y largo plazo, va a terminar con nuestra esperanza media de vida, que es de las mejores del mundo.

Pero también ese problema, que dejo aquí someramente apuntado, ha puesto en evidencia el patrón de los otros seis ejemplos a los que me he permitido hacer referencia: esa tendencia a hacernos trampas con la muerte a la que, de una u otra forma, se inclinan los dirigentes del PP cuando gobiernan.

Nunca afrontan el problema de cara. La primera tendencia es negarlo. Cuando no pueden, reaccionan tratando de asfixiar al mensajero: intentan quitarle la voz. O lo desacreditan, como vimos que intentó hacer la exconsejera de Sanidad de la Junta, y como al día siguiente vimos que hacía el consejero de Sanidad sustituto. Y al propio Moreno Bonilla -tan aparentemente mesurado- desmelenarse en el Parlamento de Andalucía combatiendo a sus opositores como si fueran enemigos mortales. Y negando unos hechos de realidad, en lugar de asumirlos y ponerles solución, no parches.

Me gustaría que este hilo que he ido siguiendo terminara aquí. Pero me temo que, si la gente sensata que hay en el Partido Popular (que es mucha por suerte), no toma cartas en el asunto para dar un golpe de timón, esa deriva va a seguir y no sabemos hasta donde nos llevará. Espero que no a la Argentina de Milei ni a la España de Aznar.