El Gobierno de coalición progresista está empeñado en un proceso de reformas sociales y económicas positivas para las mayorías sociales y, en particular, para los sectores más vulnerables, a diferencia de las estrategias regresivas aplicadas en la anterior crisis socioeconómica.
En un artículo reciente, “El reto social y salarial”, he realizado un diagnóstico sobre esa problemática sociolaboral. Detallo ahora, sintéticamente, las principales medidas gubernamentales en ese ámbito. Junto con una política presupuestaria más expansiva, reforzada por los fondos europeos, y la mejora del empleo, con más de veinte millones de personas ocupadas y una cifra récord de la afiliación a la Seguridad Social, se pueden citar tres grandes iniciativas: la protección pública a través de los ERTES frente a la reducción de la actividad económica y el empleo derivada de la crisis económico-sanitaria; la reforma laboral para rebajar la extensa, prolongada y grave temporalidad, y los paquetes de medidas distributivas, fiscales y regulatorias para apoyar a las familias y disminuir el incremento de precios y las dificultades empresariales.
Desde el verano han ido acompañadas de una retórica gubernamental de izquierdas, de confrontación abierta con el modelo regresivo de las derechas basado en la rebaja de impuestos y la correspondiente disminución de la inversión pública y la protección social, así como de algunas medidas significativas como la mayor carga impositiva a las grandes empresas financieras y energéticas o la intervención reguladora, con el permiso europeo, en el mercado del gas para contener la inflación.
Las medidas han ido acompañadas de una retórica gubernamental de izquierdas, de confrontación abierta con el modelo regresivo de las derechas basado en la rebaja de impuestos
Esta gestión socioeconómica gubernamental se presenta como el principal balance positivo con el que se pretende activar y ampliar la base social progresista y garantizar la victoria electoral, especialmente, en las elecciones generales de fin de año. El conjunto de esas medidas, según los estudios demoscópicos, son apoyadas por la mayoría de la población; no obstante, sus resultados en términos de credibilidad política y confianza popular y, por tanto, de garantía de avance electoral y continuidad de la gobernabilidad de progreso está por ventilar.
La pugna por el relato sobre la situación socioeconómica y laboral de la sociedad es fundamental. La preocupación social principal afecta a este campo. La cuestión no es solo analítica sino, sobre todo, de legitimación de la gestión política, fundamentalmente entre el Gobierno de coalición progresista, con sus socios parlamentarios, y la oposición de derechas. A ella se añade, la segunda preocupación ciudadana que es, precisamente, la desconfianza en las instituciones, el Gobierno y la clase política, vistas por una parte significativa de la población como problema y no como solución.
Por tanto, la disputa política y mediática tiene que ver con la legitimidad de esos dos bloques y sus estrategias para encarar esos problemas socioeconómicos y democráticos, y, en este año electoral, reforzar sus apoyos sociales y electorales para consolidar su estatus de poder y de gestión. Más allá del rechazo a la estrategia neoliberal y reaccionaria de las derechas, conviene explicar los límites e insuficiencias de esa política reformadora y la necesidad de afianzar una estrategia transformadora de mayor alcance, un reformismo fuerte con mayor apoyo popular que permita revalidar una senda de progreso.
La necesidad de afianzar una estrategia transformadora de mayor alcance, un reformismo fuerte con mayor apoyo popular que permita revalidar una senda de progreso
Más democracia y justicia social
Son significativas las dos problemáticas, socioeconómica y político-institucional, puestas de relevancia desde hace más de una década. Por un lado, la percepción mayoritaria de la gravedad de los problemas socioeconómicos y político-institucionales, con un agudo sentido de la justicia social. Por otro lado, la gran legitimidad de los derechos sociolaborales y una gestión institucional protectora e igualitaria basadas en un fuerte sentido democrático. Ello supone una reafirmación democrática, con la imprescindible activación y ensanchamiento de la base social progresista con mayor legitimación a sus representantes políticos. El descontento social se combina con cierta desconfianza en la capacidad y la voluntad transformadoras de progreso en ese doble ámbito.
En ello influyen diversas causas, pero la pugna política y el sentido del cambio social e institucional no afecta solo a los otros aspectos político-culturales controvertidos. Está clara la movilización autoritaria y nacionalista españolista de las derechas reaccionarias frente a los derechos democráticos y civiles, los avances feministas y de la articulación plurinacional. Pero una pugna de fondo sigue situada en torno a la cuestión social y laboral y los derechos sociales, en un contexto de incertidumbre sobre el equilibrio de fuerzas sociales y fácticas, así como de la capacidad de la gestión de las fuerzas progresistas y su garantía del avance social y democrático. La democratización y la gestión institucional se vinculan al bienestar y la cohesión social y territorial.
Está clara la movilización autoritaria y nacionalista españolista de las derechas reaccionarias frente a los derechos democráticos y civiles
Hay un riesgo de incoherencia, la falta de conexión de los dos campos que, a veces, aparecen como opuestos: el de la ‘utilidad’ o política útil de mejoras socioeconómicas y laborales inmediatas, y el de reformas institucionales y estructurales, a veces lentas e incompletas. Ambas están vinculadas a las dinámicas de participación cívica en el proceso reformador y frente a la involución social y democrática. Pero la crisis de credibilidad institucional y política, en ambos campos, viene de la insuficiencia reformadora, por los límites de las mejoras reales y sin impacto sustantivo, con el exceso de meros discursos genéricos o, en el peor de los casos, de simple ruido desinformativo y politiqueo sectario y corporativo.
Así, la realidad y la percepción social de la acción reformadora difiere en dos contextos distintos, según la dinámica de los dos actores principales, el mercado (empresarios y gestores económicos) y las instituciones públicas. En un marco de fuerte y generalizado impacto regresivo de los poderes económicos neoliberales, el impacto resultante genera un deterioro o situación peor o más desigual. Esa dinámica ha estado amparada, a veces, por la gobernanza autonómica, europea y estatal, y afecta especialmente a los derechos sociolaborales y la calidad de servicios públicos.
Esa realidad de retroceso es la fuente de malestar popular, a pesar de la implementación de mejoras parciales apoyadas por la población. En ese marco, el Gobierno, las instituciones públicas, palian parcialmente situaciones graves, pero no son capaces de revertir su empeoramiento. La justificación posibilista de que no se puede hacer más lleva a la resignación, pero también a la desconfianza en la política y las instituciones públicas; se genera desafección hacia la gestión (insuficiente) de progreso.
La justificación posibilista de que no se puede hacer más lleva a la resignación, pero también a la desconfianza en la política y las instituciones públicas
Es el factor de fondo de cierto escepticismo popular en los partidos políticos y las instituciones que según señalan las encuestas desconfían en su resolución satisfactoria y tienden a la pasividad y el abstencionismo. Es el motivo de todo el ruido mediático y la pugna de relatos para transferir o adjudicar la responsabilidad de la insuficiente o errónea respuesta al otro actor político o agente social. Pero la quiebra de credibilidad representativa afecta a todo el conjunto institucional, a la capacidad articulatoria de la propia democracia, cuestión aprovechada por los poderes y tendencias reaccionarias y ultraderechistas que pugnan por una involución autoritaria y regresiva. Así, se enlazan los dos procesos reformadores concretos, el socioeconómico y el político-institucional, acompañados y justificados por los correspondientes discursos y dinámicas legitimadoras.
La solución es más democracia y más justicia social, un firme reformismo sociolaboral y democrático. Se trata de valorar de forma realista los avances conseguidos, aunque sean limitados, y explicar las insuficiencias y sus causas, ya que lo principal es el compromiso público y la credibilidad del proceso reformador impulsado por las fuerzas progresistas en beneficio de las capas populares y del conjunto del país y consolidarlo para la siguiente legislatura.
