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La nueva normativa de “discordia” que anuncian PP-VOX en las Comunidades Autónomas refleja el giro a la ultraderecha que los dirigentes del Partido Popular están asumiendo, volviendo a sus orígenes, ligados a la ideología fascista como herederos del franquismo. Herederos que, ante la tardanza en retornar a los pasillos del poder, se están apresurando a blanquear y ocultar su pasado mediante normativas autonómicas que les permitan un permanente lawfare jurídico contra quien quiera recuperar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que consagra el derecho y la justicia internacional.
Con el habitual lenguaje neorwelliano que utiliza la ultraderecha (acusando a los demás de lo que ellos practican, sea adoctrinar, odiar o perseguir) anuncian leyes de “concordia”, que deberían ser denominadas realmente de “discordia”, con la intención de blanquear el fascismo, del que se sienten orgullosos y ante el que afirman con rotundidad, incluso en el parlamento europeo, que no tiene sentido condenarlo: “condenar el franquismo no tiene ningún sentido puesto que somos herederos y la historia es la que es”.
Lo grave es la cesión de los conservadores del PP frente al relato negacionista de la ultraderecha de VOX. Lo peligroso es que la derecha ha comprado este marco ideológico “echándose al monte”, de la mano de la ultraderecha, y llegan a afirmar que las leyes de memoria son un "atentado contra la libertad política, de pensamiento y de cátedra" y "un instrumento para enfrentar y dividir a los españoles con una visión obligada de buenos y malos".
No es que el PP no compartiera esa ideología. Pero antes, cuando gobernaba y tenía los poderes del estado atados y bien atados, la tenía integrada en su seno (Abascal siempre vivió de algún chiringuito en el PP) y con las riendas domadas. Ahora, cuando ve peligrar lo más mínimo su control del poder, sus privilegios y su impunidad, bajan el telón de la ficción democrática y se echan al monte, soltando a su jauría de perros como avanzada, para “cazar” a todo aquel que les quiera nombrar y recordar su pasado, su responsabilidad y su connivencia con la dictadura, la represión y el fascismo.
No les importa incluso derogar sus propios decretos (como así lo ha hecho en Castilla y León) con tal de frenar y dar marcha atrás a cualquier intento de restaurar la verdad, la justicia y la reparación, alegando en ese neolenguaje que dice lo contrario de lo que señala, que se hace por “rigor histórico” y “criterio científico”, dejando con la boca abierta y mudos ante tamaña barbaridad a todos los especialistas en Historia.
Pero si sabemos leer en su doble lenguaje, veremos que realmente no mienten del todo. La primera acepción del término concordia en el diccionario de la Real Academia Española es “conformidad”. Y esto es lo que pretenden. Conformidad de nuevo con el relato del segundo franquismo, cuando el relato de la “cruzada nacional” dejó de ser creíble y desde las filas del propio régimen empieza a hablarse de “guerra entre españoles”.
Las generaciones de la democracia hemos sido “educados” desde esta interpretación basada en la supuesta equidistancia: en el reparto de responsabilidad entre “dos bandos”, en que fue una “guerra fratricida”, en que “todos hicieron barbaridades”, etc. Esto ha alentado la pervivencia de ese franquismo sociológico en la sociedad española, que ahora ha puesto de manifiesto el resurgimiento de un grupo político como VOX que ha restaurado en España la imaginería, los postulados, el odio y la violencia “sin complejos” del fascismo “con orgullo”.
Es la aplicación de la teoría de la equidistancia. Frente a las leyes de memoria democrática que intentan aplicar el derecho internacional del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, recuperan en estas normativas eufemísticamente denominadas de “concordia” el relato del “enfrentamiento fratricida”, como si dos partes se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. La concepción de que “todos fuimos culpables” plantea que hubo un enfrentamiento entre dos bandos, una lucha fratricida entre hermanos, donde la “culpabilidad” se reparte por igual a las dos partes enfrentadas. Equiparando al torturador y la víctima torturada, igualando a víctimas y verdugos, a quienes dieron un golpe de estado y a quienes defendieron la democracia republicana. Como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. Pero una democracia nunca es culpable de un golpe de estado y un gobierno democrático nunca es un bando.
La democracia española se constituyó desde el silencio y el olvido de la barbarie de la dictadura
El problema de fondo es que la Ley de Memoria Histórica de 2007, que llegó treinta años tarde, se aprobó con muchas limitaciones y omisiones. Y que hemos llegado muy tarde con la Ley de Memoria Democrática, cuarenta años tarde. La democracia española se constituyó desde el silencio y el olvido de la barbarie de la dictadura en vez de constituirse a partir de unos nuevos “juicios de Nuremberg” españoles que depuraran responsabilidades y restituyeran la dignidad de la lucha antifascista y antifranquista, permitiendo que quienes habían sido parte responsable de una dictadura y un genocidio prolongado durante cuarenta años permanecieran impunes e incluso siguieran gobernando y siendo parte clave de las instituciones de poder con la democracia.
Durante la transición, la supuesta “necesidad de consolidar el régimen democrático” y el miedo y control generado por la continua alusión al “ruido de sables”, condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática republicana. Es decir, La transición se edificó sobre una “amnesia inducida”. La Ley de Amnistía de 1977 que amplió la amnistía a crímenes cometidos por la dictadura de Franco, fue una auténtica “ley de punto final” que renunció a juzgar los crímenes contra la humanidad del régimen franquista. Esta transición sin ruptura, que hizo surgir la ‘legalidad democrática’ directamente del aparato legal franquista, no permitía una condena de éste sin poner en cuestión los cimientos de la actual monarquía parlamentaria.
Es decir, en este memoricidio, la falsa memoria del franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en los referentes democráticos republicanos. De esta forma la memoria republicana fue excluida del imaginario colectivo, quedando su memoria proscrita al ámbito individual. Mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo hizo sobre el de la “superación” del pasado.
Por eso no es de extrañar que en el momento en el que el neofascismo ha llegado de nuevo al poder se haya apresurado a establecer como medida clave el olvido del pasado. De su pasado. Con su habitual doble lenguaje orwelliano, alegan que no hay que remover el pasado, que no hay que encarnizarse en reabrir viejas heridas. Aunque, esos mismos, están abriendo continuamente el pasado que les interesa, con la utilización de ETA en todos sus exabruptos contra sus adversarios políticos. Ese pasado sí que lo están removiendo. Sospecho, como decía Juan Gelman, el renombrado poeta argentino, que quienes preconizan el olvido del pasado, vinculado a la memoria histórica de la represión fascista y la lucha antifranquista, en realidad quieren el olvido de su pasado en particular ligado a ese fascismo. Pero el deber de memoria ha sido plasmado en el Derecho Internacional y en los Derechos Humanos. Su único tratamiento es la verdad, la justicia y la reparación.
No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia: la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. Sería inconcebible que en Alemania hoy promovieran la defensa del nazismo y defendieran el Holocausto, o en Italia defendieran a Mussolini y al fascismo. Esto es lo que pretende PP-VOX con sus leyes de discordia. Pero la “memoria histórica democrática” es la recuperación de la verdad desde la memoria herida de las víctimas y desde los valores democráticos y de justicia social que defendió la resistencia antifranquista y que dieron lugar a los derechos sociales y las libertades que hoy tenemos.
Por eso, hoy más que nunca hay que educar en el antifascismo. Sin concesiones ni medias tintas. Porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista y condenar claramente y sin ambages la dictadura franquista.
Se puede leer más sobre el tema en el libro titulado “La asignatura pendiente” o en el libro “La historia silenciada” del autor de este artículo.
Enrique-Javier Díez-Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León
