El Gobierno de España inicia el camino para la actualización de una buena parte de la legislación referida a las entidades de la economía social con el Anteproyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social.
Esta modificación junto a otras iniciativas como el Plan de Acción Europeo por la Economía Social y la Estrategia Española para la Economía Social pueden permitir crear 400.000 nuevos puestos de trabajo en la economía social hasta alcanzar un 12% del empleo total en nuestro país.
El sustrato jurídico en el que se fundamentan las entidades de la economía social se deriva de la Constitución Española en su artículo 129.2 que insta a los poderes públicos a promover eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentar legislativamente las sociedades cooperativas y también establecer los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Actualmente, la economía social cuenta con más de 43.000 entidades que representan un 10% del producto interior bruto y generan 2.200.00 empleos directos e indirectos
Las sociedades cooperativas en sus distintas modalidades, las sociedades laborales, asociaciones, fundaciones, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, sociedades agrarias de transformación, cofradías de pescadores y entidades singulares como el grupo ONCE reúnen una serie de principios diferenciales respecto a otro tipo de entidades mercantiles que dieron lugar a que en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero promulgase la Ley 5/2011 de Economía Social siendo el primer estado de la Unión Europea en hacerlo. Esta ley fue un reconocimiento a la relevancia que este sector había alcanzado en aquel momento. Gracias a aquel impulso hoy la economía social cuenta con más de 43.000 entidades que representan un 10% del producto interior bruto y generan 2.200.00 empleos directos e indirectos.
Las transformaciones de la economía y de nuestra sociedad y el contexto de incertidumbre actual han llevado al gobierno actual a impulsar un Anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social que dé respuesta a los nuevos retos a los que se enfrentan las entidades de economía social, facilitando su desarrollo como palanca para atender algunos de los problemas a los que nos enfrentamos como son las crecientes brechas de desigualdad, la despoblación o la sostenibilidad.
El anteproyecto tiene como objetivo establecer un marco legal integral favorable al desarrollo de la actividad de los principales actores de la economía social ajustando un modelo más eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales, modificando para ello tres leyes:
Ley 27/1999 de cooperativas que busca la adecuación y actualización de la legislación cooperativa estatal para optimizar la eficacia de su funcionamiento.
Ley 44/2007 para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que debe modificarse teniendo en cuenta que las sucesivas crisis económicas han profundizado las brechas de desigualdad existentes, dando lugar a nuevos factores que incrementan el riesgo de exclusión social, siendo por ello imprescindible impulsar aquellas fórmulas que están siendo eficaces en la lucha contra esas brechas.
Ley 5/2011 de economía social. Incorporando algunas fórmulas empresariales ya reconocidas a nivel europeo y clarificar el ámbito de aplicación objetivo de las entidades que integran el ecosistema de economía social, con referencia a los centros especiales de empleo de iniciativa social, al concepto de empresa social y enfatizando en la declaración de entidades prestadoras de servicios de interés económico general.
Asimismo pretende actualizar los objetivos de las políticas públicas en la actividad de promoción del sector, alineando la Estrategia Española de la Economía Social y los Planes de Acción Europeos que invita a reorientar los programas de impulso a las entidades de economía social para su adecuación al nuevo ecosistema.
FORTALEZAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Las entidades de economía social han demostrado una enorme capacidad de resiliencia en las crisis económicas a las que estamos sometidos, manteniendo muy por encima de otros modelos empresariales empleos de calidad, contribuyendo a la cohesión social y territorial y a la corrección de las desigualdades con el principio de primacía de las personas y del fin social sobre el capital.
Algunas de las principales necesidades para el desarrollo del sector siguen quedando pendientes y será de especial importancia que pudiesen recogerse en el trámite parlamentario de este anteproyecto como son la adecuación de la fiscalidad en cooperativas y sociedades laborales o algunas otras medidas que también se están debatiendo en la ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral, especialmente las referidas a la modificación del régimen de capitalización de las prestaciones por desempleo que facilite dicho mecanismo en aquellos casos como el de empresas en dificultades o con necesidades de relevo generacional, de forma que las personas trabajadoras de eses empresas puedan capitalizar las prestaciones por desempleo si transforman esa empresa en dificultades o abocada al cierre en una cooperativa o una sociedad laboral.
Por último esperar que de la misma forma que la ley de economía social de 2011 fue aprobada por unanimidad en el Congreso de Diputados este nuevo proyecto de ley alcance el mismo consenso entendiendo todos los grupos la relevancia que tiene el desarrollo de este modelo empresarial en España.
Julián Menéndez Moreno | Gerente de la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid
