Ciudadanos y la corrupción

Martínez-Almeida y Begoña Villacís.

Es sabido que a todo hay quien gane. Deberíamos, por ello dosificar los superlativos para calificar a cualquier persona, cosa o actividad que nos merezca pensar que posee un tamaño insuperable. No, a todo hay quien gane y, por eso, el acusado, por ejemplo, de una posible corrupción puede defenderse con el reglamentario "y tú más".

Ese parece ser el caso de las "mascarillas madrileñas". Recordemos que la crisis del Partido Popular que se ha cerrado con un cambio de dirección y, a lo mejor, de modos políticos, tuvo su origen en una compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid, por importe de 1,5 millones de euros. En realidad, no por la compra en sí, si no por la circunstancia de que, en el asunto, estaba involucrado un familiar cercano a la presidenta de la Comunidad.

Esos hechos y, sobre todo, el modo en que unos y otras reaccionaron a los mismos, han dado lugar a dos resultados de no poca importancia. Uno, el ya relatado cambio en el PP nacional, cosa muy relevante si se tiene en cuenta la escasa importancia que se le reconocía a Isabel Diaz Ayuso cuando irrumpió en la política madrileña. Y, otro, que quizás esté pasando desapercibido, es la intervención de la Fiscalía Europea en la investigación de posibles irregularidades en el empleo de los fondos procedentes de Bruselas. Este segundo hecho me parece, potencialmente, más relevante que el anterior y debería servir de aviso a navegantes para quien esté pensando en dedicarse a la pesca en aguas turbias. Pero ya veremos.

Ahora hemos conocido un caso que tiene una antigüedad similar al anterior. Se trata de la compra, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de mascarillas, guantes y otros ítems concordantes, por importe de 15,8 millones de euros de los que 6 de esos millones, han ido a parar a destinos distintos del que tiene con ver con la materialidad de los suministros. O sea, a comisiones y varios, entre lo que podría haber cosas más inconfesables que yates, coches de lujo y suites.

Pues bien, estamos hablando de un caso diez veces superior, en valor absoluto, al anterior pero que, si lo referimos a la población del ámbito donde se ha producido, equivaldría a más de veinte veces lo del familiar de Díaz Ayuso. En este caso, el involucrado es un primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés. Como el otro, también este caso ha iniciado su carrera judicial. Bien, como se ve, se trata de un asunto similar pero de un tamaño considerablemente mayor, porque, como decía, a todo hay quien gane. Ahora, hablemos de sus consecuencias políticas.

En el Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde lo es por cortesía del Ciudadanos de antes de su debacle, todavía no ha pasado nada, más allá del torrente de declaraciones usual en estos casos, incluida, imagino, la tradicional petición de la comisión de investigación correspondiente. El “caso Díaz Ayuso” también afectó al Ayuntamiento de Madrid ya que su aspecto políticamente más influyente era municipal, una vez que el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad habría partido del Ayuntamiento de Madrid. Por eso, ya en aquel momento, la oposición invitó a Ciudadanos a presentar un voto de censura contra el alcalde de Madrid que, por entonces, compartía su cargo con el de portavoz nacional del PP.

Ahora, cuando el protagonismo de Martínez-Almeida es mucho mayor en el caso de los 6 millones de clavo en la compra municipal, arrecian los llamamientos a Ciudadanos para la presentación de ese voto de censura que significaría un reproche a la práctica de comportamientos irregulares en una administración pública, relacionados con un familiar de su máximo dirigente.

Reclamar a C's que ejerza de partido regeneracionista para erradicar la corrupción, parece algo así como nombrar a Bárcenas gobernador del Banco de España

Pero, a estas horas, reclamar a Ciudadanos que ejerza de partido regeneracionista de la vida política para erradicar de ella la corrupción, parece algo así como nombrar a Bárcenas gobernador del Banco de España. Una tontería. Ciudadanos ya fue sordo a las llamadas del PSOE para sumarse al reproche al historial de corrupción en la Comunidad de Madrid, en 2019 y cuando los tribunales condenaron al PP de Rajoy. Solo en el caso de Andalucía, cuando la historia no sonrojaba a algún compañero de la foto de Colón, Ciudadanos apeló a ese asunto de la regeneración. En Murcia hubo miembros de Ciudadanos que se sumaron al PP una vez que su partido parecía censurar determinados comportamientos y, ese precisamente, el de Murcia, debería ser el modelo a estudiar para entender el caso del Ayuntamiento de Madrid.

Ciudadanos es ahora una especie en peligro de extinción y una decisión como esa del voto de censura ya no se le pide a su lideresa nacional, Arrimadas, si no a la madrileña, Villacís, aunque tampoco tiene un gran sentido hacerlo así. En el estado actual de la cuestión, Villacís tiene control sobre un solo voto, el suyo, pero para una censura al alcalde madrileño del PP, hacen falta más.

Hagamos cuentas: el PP tiene 15 concejales y VOX, sus correligionarios más radicales, 4. Total, 19. En la otra orilla, Más Madrid y PSOE suman 27 concejales y, entre ambos, fluyen los 11 concejales de Ciudadanos por lo que, además de a Villacís, habría que convencer a otros dos concejales de ese partido, o de sus restos, para que prosperase el tal voto de censura. El problema, en estos momentos, no creo que sea político, si no personal de cada una de esas 11 personas que disfrutan hoy de un acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid gracias a haber ido en su momento en una lista de Ciudadanos. Hay que imaginar que, agotado el proyecto colectivo, quien más quien menos estará pensando en su propio proyecto político, en el caso de que lo tenga. Y, esos pensamientos deben incorporar la posibilidad de que alguien les acoja en las próximas listas electorales de 2023.

Pero, como el PP debería asegurarse 9 de esos votos y, realmente, son muchos para prometerles a todos un lugar al sol de las próximas listas, no me extrañaría que muchos de ellos se estuvieran planteando una especie de dilema del prisionero, pero al revés, tratando de ser los primeros en cerrar el acuerdo que les permita seguir disfrutando de la concejalía en las próximas listas populares.

En fin, todo muy poco edificante.