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Unai Sordo ha hecho un llamamiento contundente a los distintos grupos parlamentarios para que procedan a la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026 que contempla la prórroga en la regulación de los alquileres. Según manifestó el secretario general del sindicato, esta petición responde a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas familias en España, debido al constante y preocupante aumento de los precios tanto de la vivienda como de los alquileres.
Sordo lamentó profundamente la actitud que están adoptando las comunidades autónomas, que son las principales instituciones con competencias en materia de política de vivienda
En este sentido, instó a la necesidad de adoptar una postura valiente para evitar que los costes ligados a la vivienda continúen encareciéndose, subrayando la gravedad del contexto actual. Esta declaración se produjo tras mantener una reunión con el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en la que se abordaron específicamente los desafíos que presenta en la actualidad la situación del mercado de la vivienda en España.
En relación con la convalidación pendiente de dicho decreto, Sordo afirmó sin ambages que resulta evidente y necesario proceder a su aprobación. En concreto, Comisiones Obreras exige a los grupos parlamentarios la convalidación inmediata de un decreto que consideran justo y necesario para la sociedad.
Este decreto opera como una herramienta fundamental que otorgaría certeza y garantía jurídica tanto a los propietarios de las viviendas como a los inquilinos, evitando así desequilibrios que puedan derivar en incrementos abusivos. Además, ayuda a prevenir un encarecimiento descontrolado y excesivo de los alquileres, cuya tendencia actual ha alcanzado niveles que el propio secretario definió como “absolutamente desmesurados”, lo que dificulta el acceso a la vivienda digna para numerosas familias.
Por otro lado, el secretario general de la organización sindical quiso destacar que Comisiones Obreras está comprometida y manifiesta su disposición para participar activamente y convocar, conjuntamente con otros sindicatos y con las distintas organizaciones sociales dedicadas a la defensa del derecho fundamental a una vivienda digna, las movilizaciones y acciones que se consideren necesarias para luchar por el acceso a una vivienda a precios asequibles. Este compromiso refleja la voluntad clara y firme del sindicato de defender y garantizar el derecho básico de todas las personas a una vivienda digna y adecuada, especialmente en un contexto en el que este derecho se ve amenazado por la especulación y la falta de políticas efectivas.
Asimismo, Sordo incide en la importancia de que la sociedad civil tenga un papel activo y visible en esta problemática, señalando que es positivo y necesario que la ciudadanía exprese en las calles, mediante manifestaciones y movilizaciones, la profunda preocupación que existe frente al precio actual de la vivienda de alquiler de propiedad en España. Enfatizó que este tipo de movilizaciones es crucial para presionar y exigir a los grupos políticos que actúen con responsabilidad y estén verdaderamente a la altura de las circunstancias que impone la realidad social, evitando que esta situación se agrave aún más.
En este sentido, hizo un llamado claro dirigido a los poderes públicos, reclamando la necesidad de alcanzar un acuerdo que implique una política pública interinstitucional coherente y coordinada, la cual garantice el acceso a la vivienda para todas las personas, hombres y mujeres, en España, asegurando que el precio de la misma sea asequible para la población general. Aprovechó para reiterar la urgente demanda de construir alrededor de dos millones de viviendas a precios asequibles en la próxima década, así como la necesidad de establecer límites temporales a los alquileres en las zonas donde el mercado esté más tensionado y vulnerable.
Además, advirtió sobre la importancia de impedir que los fondos de inversión continúen especulando con las viviendas, dado que éstas constituyen un bien de primera necesidad y no un mero producto financiero.
Por otra parte, Sordo lamentó profundamente la actitud que están adoptando las comunidades autónomas, que son las principales instituciones con competencias en materia de política de vivienda. En su opinión, estas administraciones están adoptando una posición pasiva y de perfil bajo en un asunto de tal relevancia social.
Denunció que esta situación equivale a un boicot de facto a la ley estatal de vivienda, lo que afecta negativamente la efectividad de esta norma. Unai Sordo criticó que no puede ser que quienes tienen la mayor responsabilidad y competencias en esta materia simplemente se desentiendan, limitándose a atribuir culpas a otros niveles de gobierno, sin asumir el papel activo que les corresponde. Subrayó que esta actitud constituye uno de los grandes problemas que enfrenta España y representa el riesgo más grave de fractura social en el país.
Finalmente, el secretario general de CCOO también recordó que esta problemática trasciende el ámbito social y afecta directamente al empresariado. Afirmó que España enfrenta un serio problema relacionado con la movilidad de los trabajadores y trabajadoras, que responde en gran parte a la dificultad para acceder a una vivienda asequible.
En consecuencia, consideró que el sector empresarial responsable debería sumar su voz a esta exigencia social, ya que el desafío del acceso a la vivienda no solo es una cuestión social sino también un obstáculo económico que afecta la productividad y estabilidad laboral en el país.
Esta reunión entre representantes de Comisiones Obreras e Izquierda Unida forma parte del marco habitual de relaciones que mantiene esta organización sindical con diversas fuerzas políticas del país, con el fin de coordinar esfuerzos y avanzar en la defensa de los derechos sociales y laborales esenciales para la ciudadanía.
