Según ha informado Comisiones Obreras, una delegación de la Comisión Ejecutiva de CCOO, encabezada por el secretario general, Unai Sordo, ha recibido a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero en su visita a la sede del sindicato para presentar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023.
El sindicato considera una buena noticia que los PGE acaben de dar estabilidad al final de la legislatura y se adapten a una situación económica que, en palabras de Unai Sordo “poco tiene que ver con la que había al inicio del año anterior”. Ha instado al Gobierno a que “los PGE actuales y los futuros, junto con los recursos públicos y los fondos europeos, sirvan para promover la transformación de nuestro modelo productivo, la protección de las mayorías sociales y la salvaguarda y el reforzamiento de los servicios públicos”.
“El panorama macroeconómico y geopolítico ha sido muy distinto en estos tres años” y ha valorado que en este tiempo se hayan aprobado PGE adaptados a los acontecimientos en vez de prorrogarse los anteriores.
CCOO ha calificado los presupuestos como expansivos y ha señalado que “tienen un importante impulso gasto social y en materia de protección” aunque le ha trasladado a la ministra que “CCOO va a analizar estos presupuestos en profundidad y hará aportaciones a través del proceso de enmiendas de aquellas insuficiencias que indiscutiblemente vamos a encontrar en los mismos”.
En la reunión, ha afirmado Unai Sordo, “le hemos trasladado la opinión del sindicato sobre los incrementos de gasto público que, en nuestra opinión, tienen que ir compensados con una política fiscal corresponsable”. “España no puede cuadrar los presupuestos única y exclusivamente recurriendo al incremento de la deuda pública, España tiene que ser valiente en materia de política fiscal”, ha advertido el secretario general de CCOO.
Además espera que “el Gobierno no caiga en ninguna tentación de rebajas generalizada de impuestos, tiene que instar a la corresponsabilidad fiscal” porque “aplicar una reducción generalizada de impuestos generaría a medio plazo muchos problemas en nuestro país” sobre todo para garantizar los servicios públicos que necesitamos, “para que la población no tenga que gastar los salarios en servicios privados”.
Los PGE deben servir para promover la transformación del modelo productivo, la protección de las mayorías sociales y el reforzamiento de los servicios públicos
Sobre la polémica de la subida de las pensiones, Unai Sordo ha recordado que se tiene que respetar el acuerdo de los agentes sociales y las resoluciones del Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos. “No cabe revisar una decisión, que tendrá un sobrecoste importante, pero que tiene que sufragarse con la estructura de ingresos de la Seguridad Social y de la base fiscal del país”.
Por último, ha advertido a los grupos parlamentarios que plantean que las pensiones más altas no tienen que revalorizarse en nuestro país “que tengan el valor de plantear una política fiscal para que las rentas más altas soporten una mayor carga fiscal”. “Tanto deteriora el déficit publico un incremento de pensiones como una bajada de impuestos”.
Por su parte el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que “estos PGE responden a la necesidad de consolidar y ampliar el paraguas social y de derechos para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país” e incluyen cuestiones tan importantes como el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas conforme al IPC, cuestión acordada en el Pacto de Toledo y fruto del acuerdo con los agentes sociales; medidas para facilitar la vivienda para jóvenes, o el aumento de las percepciones por desempleo, a partir del sexto mes, “una de las reivindicaciones fundamentales de las organizaciones sindicales”. Asimismo, suponen “el despliegue de los fondos Next Generation, que deben servir para que nuestro país recupere musculatura, desde el punto de vista industrial y del sistema productivo”.
Álvarez, que ha hecho estas declaraciones en el marco de la reunión que ha mantenido con la ministra de Hacienda, ha destacado, también, la subida de los impuestos que se produce en estos PGE a las rentas más altas, “una medida absolutamente necesaria y que a nuestro juicio no debería ser coyuntural. Deberíamos incorporarla en una futura reforma más integral del sistema fiscal de nuestro país, porque quien más tiene, debe contribuir más al mantenimiento de los derechos sociales". Una medida que, además, se complementa con otras para aliviar a las rentas más bajas de una parte de las responsabilidades de tributación que tenían hasta ahora (las que están por debajo de los 21.000 euros y la exención de tributar a los que perciben menos de 15.000 euros). “Son políticas en mayúsculas de las personas que tienen menos y nos congratulamos que los PGE vayan en esa dirección”- ha dicho.
No obstante, Álvarez ha destacado alguna cuestión “que queremos que durante la tramitación se tenga en cuenta, por ejemplo, la subida del IPREM que nos parece que está muy ajustada”, pues solo se contempla una subida del 3,6%.
Rebajas fiscales de las CCAA y Pacto de Rentas
El Secretario General de UGT ha criticado “esa especie de competición” para rebajar impuestos que se ha abierto por parte de las Comunidades Autónomas y que ha calificado de “inapropiada, desafortunada y en cierta medida cruel”, porque las CCAA tienen que hacer frente a sus responsabilidades de acuerdo con las competencias que tienen. En este sentido, ha dicho que una Comunidad Autónoma como la de Madrid, no puede presumir de bajar impuestos y mantener las residencias de ancianos en la actual situación: con falta de personal, precariedad salarial de sus trabajadores, etc. “Nos parece un acto de cinismo e indecencia”.
Asimismo, ha declarado que no hay Pacto de Rentas fundamentalmente porque la CEOE no quiso. Quería preservar la negociación de los salarios fuera de este Pacto y tampoco fuimos capaces de que se implicara la oposición política. Un Pacto de estas características debe generar consensos parlamentarios.
A pesar de ello, “el Gobierno ha ido desarrollando ese Pacto de Rentas y los PGE son una parte de ese Pacto”, porque se incluyen políticas de carácter social para las familias que están más castigadas por la crisis, se mejoran los salarios de los trabajadores de la función pública, gracias al acuerdo con los sindicatos más representativos, etc.
Álvarez ha remarcado que “queda pendiente el acuerdo con la CEOE”, y ha recordado las movilizaciones, asambleas de trabajadores, las huelgas ante el bloqueo de determinados convenios, y la gran movilización del 3 de noviembre, en Madrid, para conseguir que la patronal se siente a negociar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
Asimismo, se ha preguntado por qué algunos no dicen nada ante el aumento de salarios de los directivos y miembros de los Consejos de Administración, por encima del coste de la vida, o el incremento de los beneficios empresariales, pero cuestionan garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y los pensionistas. En este sentido, ha recordado que la pensión media en nuestro país esta sustancialmente por debajo de los 1.000 euros al mes.
Renovación del CGPJ
Respecto al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha señalado que “un Estado democrático necesita que funcionen los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial” y que la no renovación, durante cuatro años del CGPJ, está teniendo consecuencias en todas las instancias judiciales, incluida los juzgados de lo social, tal y como ha denunciado UGT.
Ha manifestado su “esperanza” de que “salga una solución” tras la reunión de hoy entre Sánchez y Feijóo, pero al mismo tiempo ha trasladado la “exigencia al legislativo para que tome las medidas necesarias para acabar con esta situación de bloqueo que tiene secuestrada una parte de la democracia en nuestro país”.
