Solo una de cada cinco interrupciones voluntarias del embarazo se hace en centros públicos

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El Ministerio de Sanidad ha hecho público el informe “Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad”, que revela que en 2024 se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España, de las cuales 22.563 (21,25%) se efectuaron en centros públicos, frente a 83.609 (78,75%) en centros privados.

Este porcentaje del 21,25% implica un aumento de casi siete puntos respecto al 14,3% de 2019, representando un crecimiento relativo del 50% en la presencia del sistema público en esta prestación.

Desigualdades autonómicas

El informe clasifica las comunidades autónomas en función del porcentaje de IVE realizadas en centros públicos en 2024, constatando amplias desigualdades:

• Más del 60% en público: Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%).

• Entre 20% y 60%: Cataluña (55,1%), Baleares (45,4%), Canarias (28,6%).

• Menos del 20%: la mayor parte de las comunidades restantes, con cifras extremadamente bajas en algunas: Andalucía (0,2 %), Comunidad de Madrid (0,47%) e inexistencia en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla.

Estas diferencias muestran que en once regiones la prestación pública apenas representa una fracción mínima del total de abortos.

Métodos y momento del embarazo

El informe indica que en comunidades con alta proporción de IVE en centros públicos predominó el método farmacológico: Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%), Galicia (68,1%). En cambio, en regiones donde la prestación recae principalmente en centros privados, como Andalucía y Madrid, el método quirúrgico representó el 86 % y el 94 % de los casos, respectivamente.

El documento también muestra que en estadios más avanzados del embarazo, los abortos tienen mayor probabilidad de realizarse en centros públicos (63,35% en mujeres con 23 o más semanas) frente a etapas más tempranas donde los servicios privados concentran la mayoría.

Barreras estructurales

Según el informe, la limitada presencia de la IVE en la red pública conlleva efectos relevantes:

• La prestación se “desvincula” del Sistema Nacional de Salud, reforzando su carácter privado, lo que debilita el principio de universalidad del sistema.

• La falta de circuitos hacia centros públicos restringe la libertad de elección, pues las mujeres acaban dependiendo de la oferta privada en muchas regiones.

• La ruptura de la continuidad asistencial obliga a muchas mujeres a salir de su entorno sanitario habitual cuando requieren una IVE, fragmentando la atención.

• Existe una “incoherencia entre información y práctica”, pues aunque muchas mujeres reciben información en centros públicos, el procedimiento finalmente se realiza en centros privados en la mayoría de los casos.

Propuestas para mejorar el acceso

Para contrarrestar estas barreras, el informe propone varias medidas:

• Implantar y actualizar los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas.

• Garantizar la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud.

• Protocolos homogéneos, formación específica y circuitos asistenciales coordinados para normalizar la IVE como prestación pública más.

• Impulsar el uso del método farmacológico en la red pública por su menor complejidad logística y buena viabilidad en comunidades como Cantabria, La Rioja, Navarra y Galicia.

• Establecer mecanismos comunes de seguimiento y evaluación entre comunidades, con formación en salud sexual, reproductiva, género y derechos.

Este informe pone de relieve la distancia entre lo establecido formalmente como prestación pública y su realidad práctica, marcada por barreras territoriales que determinan el acceso efectivo según la comunidad autónoma.