martes. 16.04.2024
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El cierre del año 2022 ha puesto de manifiesto la existencia de serios problemas y notables incertidumbres derivadas de la invasión de Ucrania, del rebrote de las variantes de la COVID-19 en China, el aumento del precio de las materias primas e, incluso, de los productos alimenticios: alta inflación (sobre todo la subyacente), aumento del euríbor como referencia para el pago de las hipotecas y pérdida de casi seis puntos del poder adquisitivo de los salarios, entre otros asuntos relevantes. A pesar de todo ello, la economía sigue creciendo (el PIB aumentó el 5,5% en el año 2022), los datos de empleo son positivos (si bien se observa una moderada ralentización en la EPA-4ª trimestre), mejora la precariedad de nuestro mercado de trabajo y se ha producido un notable incremento de las pensiones contributivas y no contributivas: 190.000 millones de euros, según los Presupuestos Generales del Estado (PGE)-2023, el 13,7% del Producto Interior Bruto (PIB). En concreto, las pensiones contributivas suben el 8,5% y, además, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se situará en torno a los 1.100 euros. Todo ello, al margen de las medidas especiales, valoradas muy positivamente, contra el incremento de los precios, a la espera del reparto y gestión de los fondos europeos, con la pretensión de garantizar un crecimiento económico sostenible en el marco de la Unión Europea (UE).

En este escenario político ha incidido de nuevo, y de manera muy negativa, el problema de Cataluña y, por este motivo, las reiteradas desavenencias dentro del Gobierno de coalición, incluso en el seno de Unidas Podemos (UP) y del PSOE. A ello hay que añadir las dificultades que está teniendo el Gobierno para rentabilizar las políticas encaminadas a paliar la crisis, algunas de profundo calado social, con el objetivo de proteger a los más vulnerables. A ello no es ajeno la desmovilización de la izquierda y una oposición montaraz y populista de las derechas, en su afán por deslegitimar cualquier decisión que pueda tomar el Gobierno.

El PSOE y los partidos a su izquierda deben revalidar el acuerdo, a todos los niveles posibles

En coherencia con todo ello, los partidos políticos al comenzar el año se preparan para abordar la campaña relativa a las elecciones municipales y en algunas Comunidades Autónomas (CCAA) a celebrar el próximo 28 de mayo. Se trata de unas elecciones muy relevantes (por sí mismas) y, para muchos, representan la primera vuelta de las elecciones generales previstas para finales del presente año. De nuevo será imprescindible contar con apoyos y alianzas para garantizar la gobernabilidad a través de la consolidación de bloques y coaliciones tanto a la derecha como a la izquierda del escenario político. 

En relación con este debate, el PSOE y los partidos a su izquierda deben revalidar el acuerdo, a todos los niveles posibles, firmado en su día (sobre todo, cuando en estos momentos, la gran mayoría de la izquierda asume sin dificultades la coalición PSOE-UP, a partir de las encuestas y de la previsible relación de fuerzas que se derive de las próximas confrontaciones electorales), cerrar el polémico capítulo relacionado con los independentistas catalanes (sedición y malversación de fondos) y, desde luego, explicar de manera convincente las razones y decisiones de Pedro Sánchez en esta materia. En segundo lugar, hay que poner en valor las últimas medidas del Gobierno y explicar a los ciudadanos por qué éstas no son valoradas en su justa medida y, por el contrario, no se penaliza a las “derechas” en su afán por deslegitimar sistemáticamente la acción del Gobierno a través de la mentira, la violencia verbal y un populismo nostálgico.

El empecinamiento en confrontar con la ultraderecha está agotado y no tiene ningún interés para los ciudadanos

En estos momentos, son seis los asuntos que, sobre todo, preocupan a los ciudadanos: las futuras pensiones, el incremento del SMI y de los salarios en general, el actual deterioro de la sanidad, el precio de la vivienda (aumento del euríbor), la fiscalidad, el recurrente problema catalán y el reparto y gestión de los fondos de la UE.

Entre los compromisos asumidos con la UE, en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 30) se contempla, entre otros, “la adecuación a los nuevos modelos de carrera profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”. Esto se está interpretando por la mayoría (incluso por el Gobierno español y la Comisión Europea) como una exigencia para ampliar dicho periodo de cómputo a 30 años o más cotizados e, incluso, a toda la vida laboral, lo que en la práctica sería muy similar. Esta medida, para una buena parte de los futuros pensionistas, supondrá pérdidas en su cuantía; por eso, los sindicatos ya han manifestado su desacuerdo con esta medida. Por su parte, los empresarios se han opuesto rotundamente al incremento de las bases de cotización y a eliminar el tope a las cotizaciones más altas. Sólo queda esperar a que el Gobierno tome una decisión que, en estos momentos, debaten los socios de la coalición, dando por hecho que este asunto tendrá una fuerte repercusión electoral.

En cuanto a los salarios, el Gobierno debe tomar la decisión de incrementar el SMI en los próximos días, a partir de las posiciones encontradas entre los interlocutores sociales. En cuanto a la negociación colectiva, los sindicatos están a la espera de que los empresarios (CEOE) se sienten a negociar un gran acuerdo de referencia para los próximos años. Parten de una referencia obligada: los salarios de los convenios han perdido casi seis puntos de su poder adquisitivo en una situación de fuertes aumentos de los beneficios empresariales. En este contexto, resulta preocupante la desmovilización de los trabajadores y la poca capacidad de presión de los sindicatos para forzar a la patronal, que está consiguiendo lo que se proponía: devaluar los salarios de nuevo y que el costo de la crisis recaiga una vez más en los trabajadores.

Resulta preocupante la desmovilización de los trabajadores y la poca capacidad de presión de los sindicatos

Por su parte, la sanidad, al margen de las competencias transferidas a las CCAA, según la mayoría de los ciudadanos, se está degradando paulatinamente, sobre todo a partir de las extremas políticas de austeridad practicadas en la UE y, más recientemente, de la COVID-19, tanto por la falta alarmante de recursos materiales como de recursos humanos, lo que justifica plenamente las fuertes políticas de movilizaciones en defensa de la sanidad pública. En este sentido, la atención primaria (listas de espera) y la medicina preventiva deben ser revisadas a fondo y en profundidad. Lo mismo debe hacerse con el gasto en farmacia y, sobre todo, se debe poner freno a la externalización de servicios y a su privatización convirtiendo la sanidad en un suculento negocio, a costa de la precariedad y de los bajos salarios de los profesionales sanitarios. 

Por lo que respecta a la vivienda, el Gobierno debe presentar en el parlamento una ley que aborde el grave problema de los precios abusivos de compra y alquiler de una vivienda (tope al aumento de los alquileres), dada su fuerte repercusión en la emancipación de los jóvenes de acuerdo con lo que establece nuestra propia Constitución (derecho a una vivienda digna). Además, y más en concreto, se pretende abordar el problema que generan las “viviendas vacías”, el comportamiento especulativo de los “fondos buitre” y apostar decididamente por un parque público de viviendas en alquiler.

El Gobierno debe presentar en el parlamento una ley que aborde el grave problema de los precios abusivos de compra y alquiler de una vivienda

Por otra parte, el Gobierno debe presentar a Bruselas un plan capaz y convincente de aumentar los ingresos fiscales, a partir de una sustancial mejora de la lucha contra el fraude fiscal (sobre todo en el impuesto de sociedades). La filosofía de cualquier reforma que se considere progresista debe insistir en superar el desarme fiscal de las derechas y en que paguen más los que más tienen, por lo que se debe tener en cuenta y primar, sobre todo, el aumento de los impuestos directos sobre los indirectos (recuperar la progresividad perdida). Sin abandonar, en materia impositiva, un principio básico: el equiparar las rentas del trabajo y las rentas del capital.

También, el problema catalán debe ser abordado de tal manera que no resulte nocivo para la izquierda en términos electorales, ante la reiterada utilización populista de este asunto por las derechas. Por eso, debe ser tratado dentro del Gobierno de coalición y también en el seno del PSOE en busca de fórmulas de compromiso favorables para Cataluña y para el conjunto del Estado en la perspectiva de un estado federal. Todo ello debe ser compatible con una oposición férrea y creíble que frene la impunidad de las fuerzas independentistas en su afán por violentar los principios constitucionales.

La filosofía de cualquier reforma que se considere progresista debe insistir en superar el desarme fiscal de las derechas

Finalmente, hay que mejorar considerablemente la información a los ciudadanos sobre el reparto y la gestión de los fondos europeos. Existe la sensación de que el reparto es desigual y beneficia a las grandes empresas y a algunas CAAA y ayuntamientos. Además, se exige que estos fondos pongan en valor nuestras fortalezas económicas y sociales: apuesta digital; formación, investigación e innovación; turismo de calidad; energías renovables (eólica y solar); automóvil eléctrico (baterías); industrialización del sector agrario; vivienda y restauración de edificios, fomentar la regasificación energética; apostar por el medio ambiente; e, incluso en la actualidad, por el “hidrógeno verde” … Todo ello, en la perspectiva de un cambio de modelo productivo que contemple el repunte del sector industrial hasta alcanzar el 20% del PIB, la superación de los fuertes desequilibrios territoriales y el aumento de las plantillas de las microempresas (fomentar la productividad en las empresas de 1 a 9 trabajadores) que, según Alberto Pérez García, de Adecco Group de España, suponen el 85,45% de las empresas y emplean al 20,32% (3.040.890) de los trabajadores de nuestro país en diciembre de 2022. 

Se trata de asuntos relevantes para todos los ciudadanos, que deberían marcar el debate y la actividad política en los próximos meses, junto a los problemas localizados en los municipios, provincias y CCAA que, desde luego, deben tener el máximo protagonismo posible y no estar supeditados a los problemas de ámbito estatal. En cualquier caso, el empecinamiento en confrontar con la ultraderecha está agotado y no tiene ningún interés para los ciudadanos y, en coherencia con ello, no debe ser motivo de debate en la próxima confrontación electoral. La ciudadanía considera inevitable que el PP pacte con VOX si está en juego el formar un hipotético gobierno. El ejemplo lamentable de Castilla y León, y de otras CCAA, son suficientemente significativos. Esperar y ver. 

2023: un año electoral y convulso que marcará la presente década